La Junta somete a alegaciones su primer Plan Estratégico para una Justicia más ágil, humana y sostenible

El Plan Estratégico de Justicia de Andalucía 2030, el primero de nuestra comunidad, se somete a información pública para recibir alegaciones tras casi tres años de intenso trabajo en los que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha realizado un análisis previo que ha contado con la participación de todos los operadores jurídicos.

Juntadeandalucia.es 26.11.25

Se trata de la primera Estrategia que Andalucía pone en marcha en esta materia y lo hace con el objetivo de lograr un modelo propio de Justicia: 100% digital, más sostenible, con sedes accesibles y más humanas. Todo ello para crear un ecosistema que dote de condiciones dignas a los profesionales, garantice el mejor servicio a la ciudadanía y permita los tribunales andaluces resolver más asuntos y más rápido.

El documento, de 266 páginas, tiene un horizonte temporal de cinco años y se estructura en cinco ejes: Recursos Humanos, Infraestructuras Judiciales, Infraestructuras digitales, Humanización y calidad del servicio y Sostenibilidad. Contempla 24 objetivos específicos en torno a esos cinco ejes, con medidas -presupuestadas y calendarizadas- e indicadores para alcanzarlos.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido la importancia de contar con esta hoja de ruta por primera vez tras 28 años con las competencias de Justicia transferidas en los que la improvisación ha marcado la gestión de un servicio público fundamental.

Andalucía será pionera en contar con este instrumento de planificación que actualmente solo tiene el País Vasco. El documento andaluz marca el modelo de Justicia para un territorio con 85 partidos judiciales en los que ejercen su actividad 958 jueces y magistrados, 550 fiscales y 9.000 funcionarios. Una dimensión equiparable a la de las cinco comunidades y las dos ciudades autónomas que conforman el denominado territorio Ministerio (aquellas sin las competencias transferidas). 

Así, el proceso para realizar un análisis previo de la situación, definir los objetivos a alcanzar y las medidas que se pondrán en marcha para lograrlo -con calendario, presupuesto e indicadores para evaluarlas- ha sido largo y complejo. El Consejo de Gobierno aprobó el inicio de su formulación el 31 de enero de 2023, apenas seis meses después de comenzar la legislatura, y en ese tiempo se han seguido las directrices del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), organismo experto en planificación estratégica.

Para su elaboración, la Junta ha recabado la opinión de los diferentes profesionales que trabajan en los tribunales andaluces a través de encuestas, jornadas de trabajo participativas y el asesoramiento de un grupo de expertos que hasta el 12 de diciembre realiza una evaluación ex ante del documento elaborado. Desde hoy, y durante un mes, se somete además a información pública para recibir aportaciones (https://www.juntadeandalucia.es/boja/2025/228/42).

Una vez analizadas las propuestas, el texto definitivo se remitirá al Gabinete Jurídico, el Consejo Económico y Social y al Consejo Consultivo para recabar los informes preceptivos previos a su aprobación en Consejo de Gobierno.

Entre los objetivos que recoge el borrador del Plan en materia de recursos humanos se incluyen la formación especializada del personal funcionario, con especial atención a las capacidades digitales, optimizar su distribución y coordinación, favorecer la conciliación de la vida personal y laboral, promover su bienestar y motivación para captar y retener el talento e incentivar el compromiso e implicación con mejorar el servicio que se presta al justiciable.

En materia de infraestructuras judiciales, el documento contempla como objetivo que el 85% de los partidos judiciales tengan todos sus órganos unificados en un solo edificio frente a la dispersión actual en 156 sedes. También garantizar la accesibilidad de éstas, eliminando barreras arquitectónicas y sensoriales (con bucles magnéticos, señalética accesible, la traducción de sentencias a lenguaje fácil o la figura del facilitador judicial para personas con problemas de comprensión). La Consejería ya ha puesto en marcha un Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 que movilizará 1.500 millones de euros para actuar en el 100% de los partidos judiciales.

El objetivo del Plan en materia de digitalización es eliminar el papel de los tribunales y que todos los trámites de los expedientes judiciales se hagan de manera telemática, agilizar la resolución de las incidencias informáticas (reduciendo a la mitad los tiempos de atención) y mejorar la seguridad de servidores y equipos (rebajando un 15% su vulnerabilidad).

Para lograr una Justicia más humana, la Junta apuesta por contar en las sedes con espacios y servicios específicos para la asistencia a colectivos especialmente vulnerables (menores, víctimas de violencia de género y personas con discapacidad) tales como el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), Puntos de Encuentro Familiar (PEF), Salas Gesell para la práctica de pruebas preconstituidas o salas de espera para víctimas de violencia de género. También se marca como objetivo incrementar un 5% cada año la atención a estos colectivos; mejorar los mecanismos de información a profesionales y usuarios; y aumentar el grado de satisfacción de la ciudadanía con el servicio de Justicia. 

La Humanización de la Justicia pasa también por promover el diálogo y el acuerdo frente al exceso de litigiosidad. Para ello, la Consejería ya ha puesto en marcha una Estrategia de Mediación que ha convertido a Andalucía en un referente en la materia con medidas pioneras como incluir la mediación en el sistema de Justicia Gratuita o la creación de un servicio público y gratuito de Mediación Penal (SEMPA) que ya ha evitado más de 2.000 juicios en año y medio. Próximamente se creará otro servicio para la Mediación Civil y Mercantil, así como un Registro andaluz de mediadores y un Consejo Asesor de Mediación. El objetivo concreto fijado para el horizonte temporal del Plan es aumentar en un 10% el uso de los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), lo que además de ahorrar tiempo y costes, redundará en ofrecer soluciones más satisfactorias para las partes y reducir la carga de trabajo de los tribunales.

Por último, el Plan Estratégico de la Justicia en Andalucía también aboga por contribuir a los objetivos de sostenibilidad que guían al Gobierno andaluz, tanto reduciendo el uso del papel y desplazamientos gracias a la digitalización como reduciendo a la mitad el consumo eléctrico en las sedes judiciales, con sistemas de iluminación y climatización más eficientes, instalación de plazas solares o mejoras en aislamientos.

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