La directora del CEJ ha explicado las líneas generales del proceso seguido para la convocatoria de las becas y su desarrollo tanto a nivel normativo, como digital y de Recursos Humanos. En ese sentido, ha señalado que la concesión de las ayudas se determina por el nivel de renta de las personas solicitantes.
El objetivo, ha indicado, “es atraer talento y eliminar las barreras socioeconómicas que afecten a los principios de igualdad, mérito y capacidad y que limiten el acceso” a las carreras judicial y fiscal, al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el cuerpo de Abogados del Estado.
Por su parte, la subdirectora general y jefa de Estudios ha desgranado los requisitos que deben reunir las personas beneficiadas por las ayudas y los criterios establecidos para su valoración. Entre ellos, ha subrayado la especial atención a “situaciones acreditadas de víctima de terrorismo y de violencia de género”.
Durante el encuentro, las representantes del CEJ, del INAP y del IEF han analizado las lecciones aprendidas a lo largo del proceso y han intercambiado puntos de vista sobre la convocatoria de ayudas.
El programa de becas para la preparación de oposiciones del Ministerio de Justicia persigue un triple objetivo: democratizar el acceso a las carreras y cuerpos más complejos, eliminar barreras socioeconómicas en el acceso y consolidar un programa sostenible y duradero.
Esta línea de ayudas, que el CEJ lanzó en 2006, contó en 2022 con 245 becas y una dotación presupuestaria de 1.619.940 euros, lo que supone un importe individual de 6.611 € anuales.
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