Dudas jurídicas de última hora frenan la firma del acuerdo entre el Gobierno de Canarias y los interinos

Todo estaba preparado para que este viernes 30 de abril se firmara el acuerdo entre el Gobierno de Canarias y los sindicatos, que tenía el objetivo de sentar las bases para dejar fijos al personal interino en abuso de temporalidad que trabaja para la Administración autonómica.

Eldia.es – Dalia Guerra – 30.04.21

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se había mostrado decidido a no esperar por el Estado para tratar de dar una solución a más de 3.000 funcionarios que llevan 10, 15 o incluso 20 años desarrollando su labor en el sector público. Sin embargo, a última hora del jueves la Consejería decidió suspender la firma del acuerdo.

La falta de un "informe jurídico" que validara la legalidad del pacto alcanzado entre el Ejecutivo y los representantes sindicales fue la razón que esgrimió la directora general de Función Pública, Laura Martín, para que se optara por "aplazar" la firma de este acuerdo con los sindicatos. "Todas las adaptaciones que hacemos deben hacerse conforme a la legalidad vigente", explica y asegura que el documento que se había solicitado "no ha llegado a tiempo" y por lo tanto han considerado "más prudente" cambiar la fecha.

Un aplazamiento que según Martín no cambia el compromiso político que ha manifestado la Consejería para establecer mesas de trabajo a través de las que buscar fórmulas que permitan conseguir la permanencia del personal no fijo de la Administración regional en situación de abuso de temporalidad. Y añade que el acuerdo podría firmarse en quince días, una vez se reciba el informe jurídico.

La suspensión de la firma no ha sentado nada bien a los sindicatos convocantes de la huelga –Sepca, Intersindical y Co.bas–, que este viernes aseguraron que no admitirán ni un solo cambio en el acuerdo que se tenía previsto cerrar. Como medida de presión, el comité de huelga decidió encerrarse en el edificio de Usos múltiples I de Las Palmas de Gran Canaria. En total, ocho personas permanecen en el interior de esta instalación y aseguran que no saldrán hasta que se materialice el acuerdo y el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres cumpla con lo firmado.