El Gobierno y los trabajadores temporales acercan sus posiciones

La Consejería de Administraciones Públicas y el comité de huelga de la administración general de la comunidad autónoma han logrado acercar posturas después de casi cuatro meses de conflicto. Tras una nueva reunión celebrada ayer con el consejero del área, Julio Pérez, y la directora general de Función Pública, Laura Martín, los sindicatos Sepca, Intersindical y Co.bas ven la posibilidad de alcanzar un primer acuerdo «desde la perspectiva de garantizar la permanencia» a los trabajadores temporales e interinos.

Canarias7.es – B. Fernández – 17.04.21

Las partes se han convocado para un nuevo encuentro el próximo viernes y hasta esa fecha se intercambiarán un texto que permita <<poner como objetivo la permanencia del personal>>, señaló Martín a través de una fuente de su departamento.

Al respecto, el secretario general de Sepca, Manuel González, indicó que el objetivo es trabajar en un borrador a partir del cual, un grupo de trabajo formulará las propuestas jurídicas que permitan poder desarrollar esa línea que conduzca hasta la foto final de la permanencia de estos empleados públicos, que en muchos casos llevan hasta 20 años al servicio de la administración. De la plantilla de cerca de 11.000 personas de la administración general, en torno a 3.000 se encuentran en esta situación de temporalidad según la administración, una cifra que los sindicatos elevan hasta los 4.000 empleados.

En función de que la próxima semana se pueda seguir avanzando en este inicial acuerdo, los sindicatos podrían <<relajar>> las movilizaciones, aunque de momento no se va a plantear la desconvocatoria de la huelga que está presentada hasta final de año con paros de hasta cuatro días por mes, manifestó González.

El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, ha reiterado en distintas ocasiones que esta reivindicación de los trabajadores temporales e interinos es <<justa>> y la comparte, aunque al mismo tiempo ha expresado sus dudas respecto a la posibilidad de resolver el conflicto mediante una norma autonómica porque, a su juicio, sería <<jurídicamente vulnerable>>.

Por otro lado, sindicatos y Ejecutivo han valorado de forma positiva el informe elaborado por la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, en la que plantea una reforma legislativa en España para convertir en trabajadores fijos <<a extinguir>> a los empleados públicos que han sufrido el abuso de la contratación temporal.