Subvenciones a las confesiones religiosas minoritarias firmantes de acuerdos de cooperación con el Estado

Real Decreto 977/2026, de 11 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las confesiones religiosas minoritarias firmantes de acuerdos de cooperación con el Estado (BOE de 13 de noviembre de 2026). Texto completo.

REAL DECRETO 977/2026, DE 11 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LAS CONFESIONES RELIGIOSAS MINORITARIAS FIRMANTES DE ACUERDOS DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO.

El artículo 9.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. En este sentido, la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., persigue, como fin fundacional, contribuir a la ejecución de programas y proyectos de carácter cultural, educativo, social y de promoción de las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa por parte de las confesiones no católicas con acuerdo de cooperación con el Estado español o con notorio arraigo en España, así como la ejecución y promoción de actividades relacionadas con la investigación, la sensibilización y el asesoramiento en la gestión de la diversidad religiosa, según establecen los artículos 1 y 7.1 de los Estatutos de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., aprobados por el Real Decreto 45/2021, de 26 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P.

Asimismo, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de los referidos Estatutos, el patrimonio de dicha entidad se encuentra afectado a la promoción de las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del derecho de la libertad religiosa, en los términos que la Constitución Española y las leyes establecen para este derecho fundamental.

Por su parte, el Estado tiene suscritos acuerdos de cooperación con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y la Comisión Islámica de España (CIE), que fueron aprobados por las respectivas Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre, por las que se aprueban, respectivamente, los Acuerdos de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la Federación de Comunidades Judías de España y con la Comisión Islámica de España. En dichas leyes, las federaciones firmantes de los acuerdos de cooperación asumen funciones que requieren de una estructura adecuada para hacer frente a sus obligaciones, así como a la necesaria interlocución con la Administración General del Estado, y con las demás Administraciones públicas que tienen competencias en materias que afectan al ejercicio de la libertad religiosa.

Las funciones asumidas por las federaciones mencionadas, tales como la emisión de certificaciones para ministros de culto y su formación, las relativas a los profesores de religión, la prestación de la asistencia religiosa en centros penitenciarios, hospitalarios y asistenciales públicos y en las Fuerzas Armadas, el asesoramiento jurídico, en particular, el relativo a la actividad registral, la elaboración de informes, el apoyo a actividades de visibilización e inclusión social, o la atención a las propias comunidades distribuidas por toda España, están vinculadas al desarrollo de los acuerdos suscritos, cuyos beneficiarios finales son los propios creyentes y el ejercicio de su derecho a la libertad religiosa.

La Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., viene gestionando la cooperación económica con estas entidades, facilitándoles la posibilidad de atender el cumplimiento de las funciones mencionadas y vinculadas al desarrollo de los acuerdos y, en último término, al ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa.

El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 67.3.a) de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , establecen que podrán concederse de forma directa y con carácter excepcional aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

Por ello, ante la necesidad de continuar dando cumplimiento a los fines de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., y en suma, de las actividades y funciones que vienen desempeñando las federaciones religiosas señaladas, queda constatada la concurrencia de suficientes razones de interés público y social que justifican la concesión de subvenciones de forma directa a las confesiones religiosas minoritarias firmantes de acuerdos de cooperación con el Estado, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

El Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes prevé la articulación de la presente subvención, tanto en sus términos y fines como en su cuantía.

Las ayudas contempladas en el presente real decreto no tienen la consideración de ayudas de Estado del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por cuanto no van dirigidas a empresas en los términos señalados por el derecho europeo. Los destinatarios no realizan una actividad económica o las actividades a las que van dirigidas las ayudas no tienen la consideración de actividad económica en cuanto que el bien o servicio no se ofrece al mercado.

De conformidad con lo previsto en el citado artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 22.2.c) de dicha ley deberán ser aprobadas por real decreto, a propuesta del ministro competente y previo informe del Ministerio de Hacienda.

El presente real decreto cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En cuanto al principio de eficacia, la norma queda plenamente justificada por razones de interés público y social, tal y como se ha expuesto anteriormente, explicándose de una manera clara y concisa los objetivos perseguidos y constituyendo este real decreto el instrumento más adecuado para su consecución.

En atención al principio de necesidad, el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2018, aprobado por el Pleno el 21 de diciembre de 2017, incluyó la fiscalización sobre las actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado en materia de cooperación económica con las confesiones religiosas a través de los programas de ingresos y gastos contenidos en los Presupuestos Generales del Estado, ejercicio 2017.

Entre sus conclusiones, el informe recomendó la posibilidad “de modificar la regulación jurídica de las subvenciones de la Fundación Pluralismo y Convivencia para reconducirla por la vía de los procedimientos excepcionales de concesión directa previstos en los artículos 22.2 y 28 de la Ley General de Subvenciones, por resultar más apropiada para las características de distribución de este tipo de subvenciones”, extremo que se viene a atender mediante este real decreto.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, se ha optado por una regulación que recoge las obligaciones propias de las subvenciones de concesión directa con el detalle suficiente en los mecanismos de seguimiento y control, sin imponer nuevas obligaciones a los destinatarios.

La norma se ajusta al principio de seguridad jurídica, al resultar coherente con el ordenamiento jurídico vigente y, en particular, con el marco normativo regulador del derecho de libertad religiosa y de la cooperación del Estado con las confesiones religiosas, constituido por el artículo 16 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio , de Libertad Religiosa, y las Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre, por las que se aprueban los respectivos Acuerdos de Cooperación del Estado con las confesiones evangélica, judía e islámica. Asimismo, resulta coherente con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , así como con el Real Decreto 45/2021, de 26 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P. De este modo, el real decreto se integra de forma coherente en el marco normativo vigente y proporciona un marco jurídico claro y estable para las subvenciones que regula. Igualmente, resulta acorde con el Real Decreto 204/2024, de 27 de febrero , por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, respecto de la adscripción de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a través de la Dirección General de Libertad Religiosa, dependiente de la Subsecretaría.

En aplicación del principio de transparencia, se ha definido claramente el alcance y objetivo de esta norma y se ha dado audiencia a las confesiones beneficiarias. Asimismo, la subvención será objeto de publicidad a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo , por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

En relación con el principio de eficiencia, la propuesta no establece cargas administrativas innecesarias. Asimismo, contribuye a racionalizar la gestión de los recursos públicos al dotar de un marco claro y sistemático al procedimiento, facilitar una aplicación homogénea de sus previsiones y permitir su gestión mediante los medios y recursos disponibles.

Para la determinación de la distribución del crédito disponible entre las entidades beneficiarias se ha partido de un porcentaje mínimo, equivalente al quince por ciento de la cantidad total disponible para esta subvención, atendiendo al mínimo necesario para el cumplimiento de los fines de la subvención, y se ha corregido atendiendo a su respectiva implantación, número y alcance representativo de las entidades en funcionamiento inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, así como a su presencia activa en la sociedad española.

La disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , establece que las fundaciones del sector público únicamente podrán conceder subvenciones cuando así se autorice a la correspondiente fundación de forma expresa mediante acuerdo del Ministerio de adscripción u órgano equivalente de la Administración a la que la fundación esté adscrita. En este sentido, la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., cuenta con la debida autorización desde el 1 de marzo de 2021.

En su tramitación, se ha recabado informe de la Abogacía del Estado, así como del Ministerio de Hacienda, este último de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, con el informe del Ministerio de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de noviembre de 2026,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

El presente real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención, con carácter excepcional y por razones de interés público y social, en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha ley, a las federaciones de confesiones minoritarias firmantes de Acuerdos de cooperación con el Estado español, con el fin de garantizar la realización de actuaciones de promoción de las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del derecho de la libertad religiosa.

Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.

Estas subvenciones se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en este real decreto y en la resolución de concesión, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , y en su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia; así como supletoriamente por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre , de Régimen Jurídico del Sector Público, y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación.

Artículo 3. Entidades beneficiarias y actuaciones a financiar.

1. Las entidades beneficiarias de estas subvenciones serán las federaciones de confesiones minoritarias firmantes de Acuerdos de cooperación con el Estado español:

a) La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (en adelante, FEREDE).

b) La Federación de Comunidades Judías de España (en adelante, FCJE).

c) La Comisión Islámica de España (en adelante, CIE).

2. Se considerarán actividades subvencionables:

a) Las actividades estatutarias de representación, interlocución y funcionamiento ordinario de los órganos de gobierno de las entidades, así como aquellas relacionadas con su presencia en órganos consultivos y de negociación vinculadas al ejercicio del derecho de libertad religiosa en cumplimiento de los acuerdos de cooperación.

b) El ejercicio de las funciones vinculadas al cumplimiento de los acuerdos de cooperación, tales como, con carácter enunciativo no exhaustivo: la emisión de certificaciones para ministros de culto y su formación, las relativas a los profesores de religión, la prestación de la asistencia religiosa en centros penitenciarios, hospitalarios y asistenciales públicos y en las Fuerzas Armadas, el asesoramiento jurídico, en particular, el relativo a la actividad registral, la elaboración de informes, el apoyo a actividades de visibilización e inclusión social, o la atención a las propias comunidades distribuidas por toda España, u otras funciones con igual finalidad.

c) La prestación de apoyo, coordinación, asesoría legal, administrativa y de fortalecimiento de capacidades técnicas y organizativas de las entidades religiosas pertenecientes a la confesión.

d) Las actividades de formación de ministros de culto y profesores de enseñanza religiosa.

e) Las actividades de información, comunicación, sensibilización y divulgación que permitan un mejor conocimiento e impulsen el diálogo y el acercamiento de las confesiones entre sí y de estas con la sociedad.

3. Las actividades subvencionables podrán ser ejecutadas por las federaciones de confesiones minoritarias firmantes de Acuerdos de cooperación con el Estado español, sus unidades y estructuras territoriales, así como por aquellas entidades pertenecientes a dichas federaciones incluidas en la solicitud de subvención aprobada.

4. La resolución de concesión podrá establecer limitaciones al importe de la subvención imputable a cada tipo de actuación.

Artículo 4. Cuantía y financiación de las subvenciones.

1. La Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., establece una dotación financiera de 1.200.000 euros.

2. El importe máximo de las subvenciones a las entidades beneficiarias será el siguiente:

a) FEREDE: 540.000 euros.

b) FCJE: 216.000 euros.

c) CIE: 444.000 euros.

Artículo 5. Gastos subvencionables.

1. De forma general, serán subvencionables los gastos que de manera indubitada estén relacionados con la actividad objeto de la ayuda, sean necesarios para su ejecución y hayan sido realizados durante el periodo de ejecución establecido para la realización de la actividad objeto de la ayuda.

2. Serán subvencionables los gastos realizados entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026, a excepción del gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por auditor, que podrá ejecutarse en fecha posterior al período de ejecución del proyecto. En todo caso, su abono deberá materializarse antes del fin del periodo de justificación de la subvención.

3. Con estas subvenciones podrán financiarse los gastos siguientes, derivados de los gastos de funcionamiento y de las actividades estatutarias de las entidades beneficiarias, el ejercicio de sus funciones y las actuaciones orientadas al ejercicio del derecho a la libertad religiosa en el marco de los acuerdos de cooperación:

a) Las retribuciones de personal contratado por la entidad beneficiaria, y cuyas funciones y tareas estén directamente relacionadas con la actividad objeto de la ayuda. Serán subvencionables los salarios devengados por las personas trabajadoras contratadas y los gastos de Seguridad Social aparejados a dicha contratación. Se requerirá a las entidades beneficiarias la confección de partes horarios firmados por el personal imputado a la actividad objeto de la ayuda.

b) Los gastos de funcionamiento ordinario y mantenimiento de la entidad, tales como material de oficina, pequeñas reparaciones, suministros (agua, electricidad, gas), comunicación (telefonía, internet, mensajería o similares), pólizas de seguros, etc., que razonablemente corresponda imputar a la actividad subvencionada, de acuerdo con los principios y normas de contabilidad generalmente admitidos y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad (artículo 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre). Estos gastos no podrán superar el quince por ciento del importe total de la subvención concedida.

c) Los relativos a la celebración de asambleas y reuniones estatutarias y otros actos similares, así como a la realización de jornadas, cursos, congresos, y acciones formativas, tales como gastos de alquiler de instalaciones y equipos, y otros gastos materiales, todos ellos relacionados con la celebración del acto de que se trate.

d) Los relativos a la producción, edición y distribución de material divulgativo y publicaciones específicas de la entidad.

e) Las dietas y gastos de viaje, exclusivamente en territorio nacional, originados por los desplazamientos realizados por los miembros de los órganos de gobierno y representación de las entidades beneficiarias, así como del personal adscrito a la actividad, incluido el personal voluntario colaborador. No serán financiables las dietas y gastos de viaje en territorio extranjero, salvo que se cuente con la previa autorización de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P. En la memoria explicativa de las actuaciones a realizar recogida en el artículo 6.4 de este real decreto, deberá especificarse una estimación de los viajes a realizar y del coste previsto de los mismos.

f) Las colaboraciones esporádicas, es decir, las que suponen una participación puntual en la realización de algunas de las acciones de las entidades beneficiarias prestadas por profesionales, tales como conferencias o charlas, que no se prolonguen en el tiempo ni siquiera con carácter discontinuo. Cuando la colaboración sea gratuita, se podrán admitir los gastos correspondientes al transporte, alojamiento y manutención del colaborador, que deberán ser imputados a la partida de dietas y gastos de viaje.

g) La contratación de servicios profesionales, tales como asesoría contable, jurídica, laboral, financiera, auditoría externa e informe de auditor de la cuenta justificativa, siempre que estén directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma. El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa podrá ser subvencionable hasta un límite de 0,75 por ciento del importe total de la subvención concedida.

h) Los gastos de inversión y alquileres necesarios para la realización de las actividades objeto de la subvención hasta un máximo del quince por ciento de la cuantía concedida. Tendrán la consideración de gastos de inversión los gastos de reforma o reparación en los edificios siempre que cumplan lo estipulado en el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y queden afectos al desarrollo de la actividad subvencionable por un periodo mínimo de cinco años, y la adquisición de equipamiento también afecto a la actividad subvencionable (mobiliario, equipos informáticos, elementos de transporte y otro equipamiento).

i) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los tributos tendrán la consideración de gasto subvencionable únicamente cuando la entidad beneficiaria los abone efectivamente y no sean susceptibles de recuperación o compensación. En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean recuperables o compensables, ni los impuestos personales sobre la renta.

4. En ningún caso el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. Cuando el coste de los gastos subvencionables sea inferior a mil euros, podrá admitirse el pago en metálico siempre que se aporte documento justificativo y justificación de que no existe fraccionamiento para evitar esta restricción.

5. Quedan excluidos de financiación los siguientes gastos:

a) Las actividades relacionadas con el culto o propagación de la fe de cada confesión.

b) Los intereses deudores y los gastos de mantenimiento de las cuentas bancarias.

c) Las multas y recargos por retraso en cualquier tipo de pagos.

d) Las compras realizadas en el extranjero, salvo que se cuente con la previa autorización de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P.

e) Los viajes internacionales, salvo que se cuente con la previa autorización de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P.

f) Las indemnizaciones por despido distintas de las indemnizaciones por fin de contrato y las percepciones no salariales incluidas en la nómina.

g) Las ayudas directas o donaciones.

h) El pago del alquiler de vivienda tanto a las entidades beneficiarias como al personal vinculado al proyecto.

i) Los impuestos indirectos cuando sean recuperables o compensables y los impuestos personales sobre la renta.

Artículo 6. Procedimiento de concesión.

1. Las entidades beneficiarias presentarán una solicitud de forma electrónica a través del Registro Electrónico disponible en la sede electrónica asociada del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de este real decreto.

2. La falta de presentación de la solicitud por parte de las entidades beneficiarias en el plazo indicado determinará la imposibilidad de concesión de esta subvención.

3. La presentación de la solicitud constituirá una declaración implícita de aceptación de las condiciones y obligaciones establecidas en la resolución de concesión.

4. La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Memoria explicativa de las actuaciones a realizar por la entidad beneficiaria y por las entidades que la integran. La memoria explicativa vendrá acompañada de un presupuesto de cada uno de los gastos que implicarán las actividades a realizar, con un desglose detallado, de modo que se acredite la cuantía del importe solicitado. El presupuesto presentado, o sus modificaciones posteriores, servirán de referencia para la determinación final del importe de la subvención, calculándose este como porcentaje del coste final de la actividad.

b) Declaración responsable que manifieste que no se encuentra en ninguna de las circunstancias de las previstas en el artículo 13.2, excepto las de los párrafos e) y g) y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Dicha declaración responsable deberá contener el compromiso de cumplimiento durante todo el período de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la subvención, y será realizada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio .

c) Comprobante bancario donde consten el nombre, el NIF de la entidad y el número IBAN de la cuenta corriente donde se realizaría el ingreso de la ayuda.

d) Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, que deberá estar vigente en el momento de presentar la solicitud.

En relación con dichas obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de la circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento debiendo aportar las certificaciones correspondientes que tendrán validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición, de conformidad con el artículo 23.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio .

e) Declaración del representante legal de la concurrencia con otras ayudas o subvenciones.

f) Declaración del representante legal de que la entidad solicitante no es deudora por resolución de reintegro de subvenciones.

5. Si la solicitud o la documentación no reúne los requisitos establecidos, se requerirá a la entidad interesada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que la subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, en el plazo de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El plazo indicado más arriba podrá ser ampliado hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano instructor, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

6. Corresponde a la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en su condición de titular de la Presidencia del Patronato de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., el otorgamiento de las subvenciones a propuesta de la Comisión de Subvenciones, en virtud de lo previsto en los artículos 11.1.a), 13 y 20 bis de los Estatutos de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., aprobados por el Real Decreto 45/2021, de 26 de enero.

7. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Comisión de Subvenciones de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., de acuerdo con los Estatutos de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., aprobados por el Real Decreto 45/2021, de 26 de enero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

El órgano instructor podrá designar a la persona titular de la Dirección de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., como encargada de realizar las siguientes funciones:

a) Examinar la solicitud y la documentación presentada y comprobar los datos en virtud de los cuales deba adoptarse la resolución.

b) Evaluar la solicitud, teniendo en cuenta la idoneidad de la actuación propuesta para el cumplimiento de la finalidad de la subvención.

c) Recabar si es preciso cuanta información complementaria estime oportuna para efectuar correctamente la propuesta de resolución.

8. De conformidad con el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el órgano instructor, previa valoración de las solicitudes, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, y se concederá un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones.

Finalizado el plazo de alegaciones y examinadas, en su caso, las mismas, el órgano instructor elevará la propuesta de resolución definitiva al órgano competente para el otorgamiento de las ayudas, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo tercero del artículo 24.4 citado.

9. En la resolución de concesión se determinarán como mínimo el objeto, las actuaciones concretas subvencionables, el crédito presupuestario y la cuantía de la subvención, el régimen de pago, el plazo y forma de la justificación de la aplicación de la subvención.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto, siendo el silencio administrativo negativo de acuerdo con el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa y frente a la misma cabrá la interposición de recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución o acudir a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

10. Esta subvención será objeto de registro y publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo , por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

Artículo 7. Pago de la subvención.

1. El abono de la subvención se producirá mediante pagos fraccionados, con cargo a la partida presupuestaria asignada a la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., de la siguiente manera:

a) Un primer pago equivalente al sesenta por ciento del importe concedido que se efectuará tras la resolución de concesión.

b) Un segundo pago equivalente al cuarenta por ciento del importe concedido que se efectuará una vez revisada la cuenta justificativa de la subvención.

2. El pago de la subvención se hará sin necesidad de constitución de fianza o garantía, de conformidad con el artículo 42.2.d) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio .

3. Con carácter previo a la ordenación del pago, las entidades beneficiarias deberán acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, con la aportación de las certificaciones con anterioridad al libramiento, y declarar que no son deudoras por resolución de procedencia de reintegro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No será necesario aportar nuevas certificaciones cuando las presentadas con carácter previo a la adopción de la resolución no hayan superado el plazo de seis meses de validez previsto en el artículo 88 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio .

Artículo 8. Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1. Las entidades beneficiarias de la subvención estarán sujetas a las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a las que resulten de lo establecido en este real decreto.

2. En todas las actuaciones que se realicen al amparo de esta subvención, incluyendo toda documentación o publicación de cualquier índole y soporte, así como aquellas actuaciones de comunicación, visibilidad y publicidad, deberá hacerse constar que son financiadas por la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., utilizándose a estos efectos el logotipo oficial de la misma.

3. La resolución de concesión concretará las mencionadas obligaciones, y en particular detallará, si procede, el modo en que se les dará cumplimiento.

4. Cuando concurran circunstancias sobrevenidas debidamente justificadas que dificulten la ejecución de la actividad subvencionada en los términos inicialmente previstos, la entidad beneficiaria podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión, siempre que dicha modificación no altere el objeto ni la finalidad de la subvención, no afecte a las condiciones que determinaron su concesión y no suponga un incremento de la cuantía concedida.

En particular, podrán justificar dicha modificación:

a) La necesidad de reajustar las actuaciones previstas o la distribución de los gastos subvencionables.

b) La ampliación de los plazos de ejecución o de justificación por causas debidamente justificadas.

c) La imposibilidad de ejecutar alguna de las actuaciones previstas por causas no imputables a la entidad beneficiaria.

d) La obtención concurrente de otras ayudas para la misma finalidad en los términos previstos en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Cualquier modificación de las actuaciones y gastos previstos en la resolución de concesión que suponga superar el límite del diez por ciento del importe total de cada concepto de gasto, corrientes o alquileres e inversión, deberá solicitarse electrónicamente por la entidad interesada en el registro electrónico del órgano concedente de la subvención, tan pronto como se conozcan las circunstancias que la justifican y, en todo caso, antes de la finalización del plazo de ejecución.

El plazo para resolver y notificar la resolución de modificación, que deberá contar con el visto bueno de la Comisión de Subvenciones, será de un mes desde la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo, de conformidad con el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 9. Compatibilidad con otras fuentes de financiación.

1. La subvención regulada en el presente real decreto es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las entidades beneficiarias deberán comunicar a la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., la obtención de los recursos citados tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

3. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste total de la actividad subvencionada.

4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con esta subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación del gasto el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

Artículo 10. Justificación de la subvención.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 69 del Reglamento de la citada ley, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , las entidades beneficiarias están obligadas a justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención. El plazo para la presentación de la justificación es de tres meses a partir del día siguiente al de finalización del plazo de ejecución otorgado a cada entidad en la resolución de concesión. No obstante, la entidad beneficiaria podrá solicitar ampliación del plazo otorgado en los términos del artículo 70 del Reglamento de la citada ley, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio .

2. Finalizado el proyecto, la justificación de la subvención se realizará mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, para lo cual las entidades beneficiarias deberán presentar la siguiente documentación:

a) La Memoria justificativa de la actuación, que deberá incluir, como mínimo, un resumen ejecutivo, la declaración de que las actividades efectuadas han sido financiadas con la subvención, la descripción de las acciones realizadas para dar cumplimiento a las condiciones impuestas, las actividades realizadas, la aplicación de los fondos recibidos y los resultados obtenidos.

b) La Memoria económica abreviada que, como mínimo, contendrá los aspectos que se detallan a continuación:

1.º Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, y, en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.

2.º Los partes horarios mensuales respecto del personal imputado a la ejecución de la actividad financiada, en los que se incluyan las horas de dedicación de la jornada laboral de dicho personal a la actividad subvencionada, así como a otras actividades que realicen, financiadas o no con ayudas.

3.º Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad beneficiaria de la ayuda con indicación del importe y su procedencia.

c) El informe de revisión de la cuenta justificativa emitido por un auditor en activo, o empresa de auditoría de cuentas, con inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Este informe, a fin de comprobar la adecuación de la cuenta justificativa de la subvención presentada por el beneficiario, deberá realizarse de conformidad con las normas y procedimientos generales y específicos establecidos en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo , por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio .

En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio , de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor.

En el supuesto en que no esté obligado a auditar sus cuentas anuales, la designación del auditor de cuentas será realizada por el beneficiario.

El beneficiario estará obligado a poner a disposición del auditor de cuentas todos los libros, registros y documentos que sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.1.f) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, estando igualmente obligado a conservarlos en tanto no prescriba el derecho de la Administración para exigir el reintegro.

En todos los casos, la entidad beneficiaria deberá justificar el cien por ciento del gasto correspondiente al proyecto subvencionado, independientemente de la ayuda concedida.

Artículo 11. Actuaciones de comprobación y control.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las entidades beneficiarias, además de someterse a los procedimientos de comprobación que determine el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, deberán someterse a cualesquiera otras actuaciones que puedan realizar los órganos de control competentes, en particular, al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas.

Del mismo modo, quedan obligadas a prestar cuanta colaboración les sea requerida por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes o la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., en las actuaciones de control financiero que se realicen con ellos relacionadas con las subvenciones objeto de este real decreto.

Artículo 12. Tramitación electrónica.

Las solicitudes, comunicaciones, notificaciones y demás trámites derivados de los procedimientos y actuaciones de ejecución y justificación de la subvención que se recogen en este real decreto se realizarán por medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a través del registro electrónico accesible desde la sede electrónica asociada del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Los requerimientos de subsanación, las comunicaciones y las notificaciones se pondrán a disposición de la entidad interesada en la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú), y complementariamente a través de la sede electrónica asociada del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.5 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo .

Artículo 13. Incumplimientos y reintegros.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. La fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación de los siguientes criterios de graduación de incumplimiento:

a) El incumplimiento total de las actuaciones para las que se concedió la ayuda será causa de reintegro total de la ayuda.

b) El incumplimiento parcial de las actuaciones para las que se concedió la ayuda o de actividades concretas conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada a las mismas.

c) La falta de justificación o la justificación insuficiente de la subvención conllevará el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas. En los supuestos de justificación insuficiente, el reintegro se graduará proporcionalmente a la parte no justificada.

d) El incumplimiento de la obligación de publicidad prevista en el artículo 8.2 de este real decreto dará lugar a un requerimiento previo para su subsanación. Si la entidad beneficiaria no atendiera dicho requerimiento o no fuera posible adoptar las medidas de publicidad exigidas ni otras alternativas equivalentes, procederá el reintegro total o parcial de la subvención, en proporción a las actuaciones afectadas por el incumplimiento.

3. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y por lo dispuesto en el capítulo II del título III de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio .

4. El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Artículo 14. Régimen sancionador.

1. El régimen de infracciones y sanciones será el establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , y en el título IV de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio . Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre , y en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre .

2. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , la competencia para la imposición de sanciones corresponde a la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. Con respecto a la determinación de los responsables, se observará lo dispuesto en el artículo 53.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con la entidad beneficiaria y con aquellas actividades que se hubieran comprometido a realizar.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado las competencias exclusivas para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

Disposición final segunda. Habilitación normativa.

Se faculta a la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.