Reconocimiento de la autoridad y apoyo al profesorado

Ley 8/2026, de 30 de octubre, de reconocimiento de la autoridad y apoyo al profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC de 12 de noviembre de 2026). Texto completo.

LEY 8/2026, DE 30 DE OCTUBRE, DE RECONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD Y APOYO AL PROFESORADO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

PREÁMBULO

I

El artículo 27 de la Constitución Española reconoce que todos tienen derecho a la educación y establece los principios fundamentales que lo rigen.

Por su parte, el artículo 4.2.f) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, dispone que, como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas o pupilos y pupilas, les corresponde respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado.

Asimismo, el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 133, otorga a la comunidad autónoma las competencias que le corresponden en materia de enseñanza no universitaria. En este marco, la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, establece en su artículo 3 el derecho a una educación de calidad, inclusiva y equitativa, regulando además la convivencia escolar en los centros educativos.

II

Las funciones docentes tienen un carácter esencial dentro del sistema educativo. La labor del profesorado no se limita únicamente a la transmisión de conocimientos, sino que desempeña un rol fundamental en la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. En reconocimiento a esta función imprescindible, la Administración educativa debe garantizar su valoración y respaldo, asegurando las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio de sus competencias.

Sin embargo, en los últimos años se ha observado una creciente problemática relacionada con la falta de reconocimiento social de la autoridad del profesorado, lo que ha afectado negativamente a la convivencia escolar. La evolución constante de la sociedad, tanto en el desarrollo de recursos y metodologías como en la configuración de los valores y normas de convivencia, ha generado transformaciones significativas en el ámbito educativo. Estos cambios han repercutido en la dinámica escolar, modificando de manera progresiva la función que tradicionalmente han desempeñado el profesorado, las familias y el alumnado, lo que ha requerido una continua necesidad de adaptación a nuevas exigencias y contextos educativos.

Para abordar esta situación, se hace necesario dotar al profesorado de un marco normativo que refuerce su autoridad, le proporcione seguridad jurídica y garantice el respeto que merece su función dentro de la comunidad educativa.

Es necesario revalorizar socialmente la labor del profesorado y mejorar de forma integral sus condiciones profesionales. Para ello, en consonancia con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), debe avanzarse hacia un modelo que refuerce la práctica docente, garantice su bienestar y reconocimiento y apoye que la enseñanza es una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa.

De esta manera, es imprescindible tener en cuenta la identidad profesional de los docentes, su autonomía pedagógica, la formación necesaria para afrontar los nuevos retos educativos, el respaldo necesario de la Administración a su labor y, también, su bienestar personal y laboral.

En este sentido, el artículo 104 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone que las Administraciones educativas velarán por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea y que prestarán una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.

De la misma manera, el artículo 105 de la citada ley dispone que corresponde a las Administraciones educativas, respecto del profesorado de los centros públicos, adoptar las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica, así como la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional.

Así pues, el artículo 124.3 de la citada ley dispone que los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública. También, estos docentes, respecto a los hechos por ellos constatados en los procedimientos de adopción de medidas correctoras, tienen presunción de veracidad iuris tantum o salvo prueba en contrario.

Por su parte, la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, establece en su artículo 65 medidas para el reconocimiento y la protección de la función docente, garantizando que la Administración educativa debe velar para que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponden conforme a la importancia social de la tarea que desempeña. Asimismo, en su apartado 6 dispone que, en el marco general de la política de prevención de riesgos y salud laboral, y de acuerdo con la legislación que resulte de aplicación, se establecerán medidas específicas destinadas a promover el bienestar y la mejora de la salud laboral del profesorado y a actuar decididamente en materia de prevención. Por otra parte, el apartado 7 establece que la Administración educativa proporcionará asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal docente de todos los niveles educativos referidos en la ley, que preste servicios en los centros docentes públicos por hechos que se deriven de su ejercicio profesional [defensa jurídica prevista en el artículo 14.f) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre ].

Asimismo, la convivencia en los centros docentes de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias sostenidos con fondos públicos se halla regulada en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo , por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, que actualmente está reformándose para adaptarse a las necesidades cambiantes del ámbito educativo. Este decreto regula, entre otros asuntos, el reconocimiento de la autoridad del profesorado para un correcto desarrollo del proceso educativo [artículo 3.1.i)], el deber del alumnado de respetar al profesorado y de reconocer su autoridad (artículo 15), el derecho a la consideración de autoridad pública del profesorado (artículo 28), o el derecho a la protección legal y defensa jurídica (artículo 29).

III

Esta ley tiene por objeto el fortalecimiento y reconocimiento público de la función docente y tiene por finalidad establecer un marco regulador para reforzar la autoridad del profesorado y garantizar la convivencia en los centros educativos.

A diferencia de otras legislaciones de nuestro entorno, que o bien poseen una ley específica de autoridad del profesorado o bien regulan este concepto en su ley de educación autonómica, la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, a pesar de ser posterior a la reforma de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de Educación (LOE), operada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre , para la mejora de la calidad educativa (Lomce), la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre , por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Lomloe), no recoge la conceptuación del docente como autoridad pública ni incide de manera sistemática en algunos de los derechos o soluciones a la crisis actual de la figura docente. El vigente Decreto 114/2011, de 11 de mayo , por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, al que antes hacíamos referencia, si bien vino a suplir la falta de mención a la condición de autoridad pública del profesorado en el ordenamiento canario lo hizo con una sistemática y profundidad propia de la orientación teleológica de esta norma, la convivencia en los centros educativos y no la autoridad del profesorado en sí misma. Así pues, se hace necesaria una regulación ad hoc con rango de ley que sistematice y mejore la normativa vigente y que refuerce la autoridad del profesorado, otorgándole la importancia que merece dentro de nuestro sistema normativo autonómico.

Sus objetivos principales son: ofrecer una herramienta a los docentes y a los equipos directivos para que conozcan y hagan valer sus derechos; profundizar en el apoyo al profesorado como autoridad pública, con la presunción de veracidad en sus actuaciones; garantizar la protección jurídica y psicológica del profesorado, asegurando el respaldo institucional ante cualquier conflicto derivado del ejercicio de su función; fomentar un clima de convivencia escolar positivo, en el que el respeto mutuo sea un valor esencial; desarrollar protocolos de actuación específicos para la gestión de la convivencia y la resolución pacífica de conflictos; e implementar programas de formación y sensibilización dirigidos a la comunidad educativa para promover el respeto a la autoridad del profesorado.

Asimismo, la presente ley deberá aplicarse de conformidad con el principio de no discriminación y el deber de garantizar la educación inclusiva del alumnado con discapacidad, de acuerdo con los artículos 14 , 27 y 49 de la Constitución Española, la Ley 15/2022, de 12 de julio , integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esta ley se estructura en tres capítulos, tres disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.

En el Capítulo I, referido a las disposiciones generales, se definen el objeto y el ámbito de aplicación de la norma, los principios generales y los derechos que asisten al profesorado en el ejercicio de la función docente, así como el buen uso de las instalaciones docentes.

El Capítulo II, referido a la protección jurídica y psicológica del personal docente, reconoce la condición de autoridad pública del profesorado, la presunción de veracidad de los hechos constatados por este en los procedimientos de adopción de medidas correctoras, el derecho a la asistencia jurídica y psicológica por hechos que se deriven de su ejercicio profesional, deber de colaboración y la responsabilidad y reparación de daños. Así mismo, establece un deber de colaboración de las familias, representantes legales del alumnado e instituciones públicas competentes.

El Capítulo III está dedicado a regular las medidas de apoyo al profesorado.

La presente ley concluye con tres disposiciones adicionales, referidas al alcance de la norma en los centros educativos privados no concertados, en los centros educativos privados concertados y a la aplicación al personal de administración y servicios de los centros educativos públicos de ciertas medidas contempladas en la presente ley.

Por último, encontramos dos disposiciones finales que regulan la habilitación normativa y la entrada en vigor de la norma, respectivamente.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

La presente ley tiene por objeto reconocer y fortalecer la autoridad del profesorado, fomentando la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones, competencias y responsabilidades, con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo, procurar un clima de convivencia y garantizar el derecho a la educación.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

1. Esta ley será de aplicación a los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias sostenidos con fondos públicos, que impartan alguna de las enseñanzas contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de Educación, con las siguientes excepciones:

a) El artículo 5 será de aplicación exclusiva a los centros docentes de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) El artículo 11.d), f), g) y h) solo será aplicable al profesorado de los centros docentes públicos nombrados por la Consejería de Educación.

c) Los artículos 8 y 10.4 solo serán aplicables al profesorado de los centros docentes públicos nombrados por la Consejería de Educación, de conformidad con la disposición adicional segunda.

2. A los efectos de esta ley, tendrán también la consideración de centros docentes los espacios ubicados en centros hospitalarios, centros de reforma de menores y los centros penitenciarios donde se imparta alguna de las enseñanzas referidas en el apartado anterior.

3. Lo establecido en esta ley se aplicará a las tareas desarrolladas por el profesorado en el interior del centro docente y a las que, realizadas fuera del recinto del centro, estén directamente relacionadas con las actividades lectivas, complementarias, extraescolares o vinculadas al desempeño de su función docente y afecten a algún miembro de la comunidad educativa, así como a las que se lleven a cabo durante la realización de otros servicios educativos como el transporte escolar y el comedor escolar.

4. Quedan comprendidos en el ámbito de la presente ley, cualquiera que fuera el momento y el lugar en que se produjeren, los actos contrarios a la integridad física o moral del docente, incluidos los que se desarrollen en la esfera digital, siempre que resulten relacionados con el ejercicio profesional del docente.

Artículo 3.- Principios generales.

Los principios generales que inspiran esta ley son:

a) El derecho de todos a la educación recogido en el artículo 27.1 de la Constitución Española.

b) La garantía del ejercicio de la función docente del profesorado.

c) La educación y la formación de calidad como herramientas esenciales para la igualdad de oportunidades, el progreso individual de las personas y el desarrollo social.

d) La colaboración entre la Administración y todos los miembros de la comunidad educativa para asumir la responsabilidad compartida de fomentar un ambiente de convivencia positivo en los centros escolares, basado en principios democráticos y orientado a prevenir cualquier forma de violencia o acoso.

e) La consideración del centro docente como ámbito de aprendizaje de convivencia, de respeto mutuo y de desarrollo de la personalidad del alumnado.

f) La promoción de normas de convivencia adecuadas y la suficiencia de medios para velar por su cumplimiento.

g) La promoción por parte de la Administración educativa de los mecanismos necesarios para facilitar la función del profesorado y su reconocimiento y prestigio social, la prevención y resolución de conflictos que afecten al normal desarrollo de la actividad escolar y la eliminación de la violencia y el acoso en los centros docentes.

h) El respeto a la dignidad y la protección del alumnado más vulnerable, especialmente aquel con discapacidad, dificultades de comunicación o trastornos del neurodesarrollo.

Artículo 4.- Derechos del profesorado en el ejercicio de la función docente.

El profesorado, en el ejercicio de la función docente, gozará de los siguientes derechos:

a) Derecho al respeto de su identidad, integridad y dignidad personal en cualquier entorno, incluido el virtual.

b) Derecho al respeto profesional y a la consideración de autoridad pública en el desempeño de la función docente con las potestades y la protección jurídica reconocidas en el ordenamiento jurídico.

c) Derecho al desempeño de su función docente en un ambiente educativo adecuado, adoptando las decisiones necesarias para mantener un clima positivo de convivencia, tanto en el centro educativo como en las actividades complementarias y extraescolares, según se establezca en las normas de convivencia del centro.

d) Derecho a la libertad de enseñar y debatir sobre las funciones docentes dentro del marco legal del sistema educativo.

e) Derecho a la protección legal y defensa jurídica por parte de la Administración pública, según lo regulado en la normativa vigente.

f) Derecho a la asistencia psicológica por parte de la Administración pública, según lo regulado en la normativa vigente.

g) Derecho a contar con la colaboración de los padres, las madres o las personas representantes legales del alumnado para el cumplimiento de las normas de convivencia y para el reconocimiento de su autoridad.

h) Derecho a adoptar, con la debida proporcionalidad, las medidas educativas inmediatas previstas en las normas de convivencia y realizar las actuaciones necesarias para la constatación de los hechos que le permitan mantener el ambiente adecuado tanto en las actividades lectivas como en el resto de las actividades complementarias o extraescolares que se desarrollan por parte de los centros, así como para investigar los hechos que lo perturben.

i) Derecho al apoyo y formación preciso por parte de la Administración educativa, que velará por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponden conforme a la importancia social de la tarea que desempeña.

Artículo 5.- Buen uso de las instalaciones docentes, medios físicos y tecnológicos.

La dirección de los centros educativos y la Consejería con competencia en materia de Educación asegurarán el uso adecuado y conforme al marco normativo vigente de las instalaciones docentes dentro de su ámbito de actuación. Esto incluye los tablones de anuncios y cualquier otro soporte físico o tecnológico, con el objetivo prioritario de prevenir su utilización para la difusión de mensajes que resulten injuriosos u ofensivos hacia el profesorado, el alumnado o cualquier otro miembro de la comunidad educativa.

Para ello, la Consejería competente en materia de Educación garantizará que los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, incorporen en sus normas de convivencia las medidas correctoras y los mecanismos preventivos adecuados para evitar este tipo de conductas.

CAPÍTULO II

PROTECCIÓN JURÍDICA Y PSICOLÓGICA DEL PERSONAL DOCENTE

Artículo 6.- Condición de autoridad pública.

Los directores y directoras y demás miembros del equipo directivo, así como el personal docente, en el ejercicio de las funciones de gobierno, docentes, educativas y disciplinarias que tengan atribuidas, tendrán la condición de autoridad pública y gozarán de la protección efectiva reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 7.- Presunción de veracidad.

En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por docentes y miembros del equipo directivo de los centros educativos tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad iuris tantum, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

El contenido de la declaración reflejará los hechos documentalmente, con claridad y precisión, consignando solo datos y elementos fácticos, comprobados directamente por el funcionario que emite la declaración de los mismos, como resultado de su propia y personal observación, quedando fuera del relato las valoraciones subjetivas, las calificaciones jurídicas, las opiniones o los juicios de valor.

Artículo 8.- Asistencia jurídica y psicológica.

1. Corresponde a las Administraciones educativas, respecto del profesorado de los centros públicos, adoptar las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica, así como la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. La Administración educativa proporcionará asistencia psicológica y jurídica gratuita, inmediata y especializada en los supuestos de agresión, amenaza, coacción, acoso, ciberacoso o conflictividad al personal docente de todos los niveles educativos referidos en la ley que preste servicios en los centros docentes públicos por hechos que se deriven de su ejercicio profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.7 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.

3. La asistencia jurídica incluirá, en todo caso, la representación y defensa en juicio en los procedimientos que se deriven de su actividad profesional y de las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar, siempre que los hechos deriven del ejercicio legítimo de sus funciones y no exista conflicto de intereses con la Administración educativa, cualesquiera que sean el órgano y el orden de la jurisdicción, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente.

4. En el caso de las direcciones de los centros, cuando las denuncias se interpongan por parte de los miembros del claustro y, en su caso, del personal de administración y servicios, se prestará asesoramiento jurídico por parte de la Administración educativa.

5. La Administración educativa potenciará la coordinación de los centros educativos, las direcciones generales, territoriales e insulares y la Inspección Educativa, para asegurar una prestación de la asistencia jurídica y psicológica eficaz.

6. Se promoverá el establecimiento de mecanismos de coordinación para el seguimiento de los procedimientos que se pudieran derivar de delitos contra el personal docente como las agresiones, amenazas o coacciones.

Artículo 9.- Deber de colaboración.

Los centros deberán recabar de las familias o representantes legales del alumnado, o en su caso de las instituciones públicas competentes, la colaboración para la obtención de la información necesaria para el ejercicio de la función educativa, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de Educación, así como para la aplicación de las normas que garanticen la convivencia en los centros docentes, en los términos previstos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

Artículo 10.- Responsabilidad y reparación de daños.

1. De conformidad con lo dispuesto en la legislación civil y penal, el alumnado tiene la obligación de reparar el daño causado, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, equipamientos informáticos, incluido el software, o cualquier material del centro y a las pertenencias de todos los miembros de la comunidad educativa. De igual forma, deberán restituir los bienes sustraídos, reparar o restablecer el valor de estos cuando no sea posible la restitución, en los términos de la legislación aplicable y de las normas de convivencia.

2. La responsabilidad civil de las personas que ejerzan la patria potestad o tutela de los menores de edad se determinará conforme a la legislación vigente.

3. Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal, la Administración educativa los pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal en la forma en que se prevea legalmente.

4. La responsabilidad civil del profesorado y de las direcciones de los centros públicos quedará cubierta por la Administración, según las normas que regulan la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.

CAPÍTULO III

MEDIDAS DE APOYO AL PROFESORADO

Artículo 11.- Medidas de apoyo al profesorado.

En el marco de la legislación básica, de las competencias de la comunidad autónoma, de la negociación colectiva y de las disponibilidades presupuestarias, la consejería con competencias en materia de Educación adoptará las medidas siguientes de protección, apoyo y reconocimiento a la labor docente, con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo, procurar un clima de convivencia positivo y garantizar el derecho a la educación:

a) Favorecer en todos los niveles educativos el reconocimiento de la labor del profesorado en el desarrollo de sus funciones docentes y directivas.

b) Premiar la excelencia y el especial esfuerzo del profesorado a lo largo de su vida profesional, publicitando el desarrollo de buenas prácticas.

c) Crear una unidad administrativa con las funciones de atención, protección y asesoramiento a los docentes en todos los conflictos surgidos en el centro educativo y en las actividades complementarias y extraescolares.

d) Desarrollar protocolos o mecanismos de actuación que permitan articular eficazmente la protección, asistencia y apoyo al profesorado en el desarrollo de sus funciones docentes y directivas.

e) Formar e informar al docente en autoridad, en relación con sus derechos y protección jurídica, mediante la difusión de información legal básica en materia de convivencia y protección de su autoridad.

f) Promover el establecimiento de una carrera docente que dé satisfacción a las legítimas aspiraciones y expectativas profesionales del profesorado, estableciendo medidas que incidan en la mejora de sus condiciones laborales y retributivas.

g) Reconocer específicamente la importante labor de los equipos directivos en los centros docentes, con medidas que incidan en la mejora de sus condiciones laborales y retributivas.

h) Reducir la carga burocrática del profesorado y simplificar los procedimientos administrativos que recaen sobre este, con el fin de facilitar el ejercicio de la función docente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Centros educativos privados no concertados.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo veinticinco de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio , reguladora del Derecho a la Educación, los centros privados no concertados gozarán de autonomía para establecer su régimen interno, elaborar el proyecto educativo y establecer las normas de convivencia.

Segunda.- Centros educativos privados concertados.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 108.4 y 124.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en los centros docentes privados concertados la condición de autoridad de su personal docente se reconocerá exclusivamente a efectos de garantizar la prestación del servicio público educativo, teniendo en cuenta tanto la cualidad de la relación laboral de dicho personal como la autonomía de que disponen los centros para establecer sus normas de organización y funcionamiento en el marco de la normativa vigente.

El derecho a la asistencia jurídica y psicológica regulado en el artículo 8, así como la cobertura de la responsabilidad civil prevista en el artículo 10.4, no serán de aplicación a los centros privados concertados, ajustándose, en su caso, a su normativa específica, sin perjuicio del asesoramiento que, en su caso, precisen.

Tercera.- Aplicación al personal de administración y servicios dependiente de la consejería competente en materia de Educación.

Las medidas contempladas en esta ley, relativas al uso de espacios públicos, medios físicos y tecnológicos, asistencia jurídica y psicológica, protección y reparación de daños, serán de aplicación al personal de administración y servicios dependiente de la consejería competente en materia de Educación por hechos producidos en el desarrollo de su labor profesional en los centros educativos públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Desarrollo normativo.

Se autoriza al Gobierno y a la Consejería con competencias en materia de Educación para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley.

Segunda.- Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.