Ayudas para la prevención de incendios forestales de los bosques de titularidad privada

Resolución ARP/4080/2026, de 6 de noviembre, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal de aprobación de las bases reguladoras de las ayudas para la prevención de incendios forestales de los bosques de titularidad privada (DOGC de 11 de noviembre de 2026). Texto completo.

RESOLUCIÓN ARP/4080/2026, DE 6 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE DA PUBLICIDAD AL ACUERDO DEL CONSEJO RECTOR DEL CENTRO DE LA PROPIEDAD FORESTAL DE APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LOS BOSQUES DE TITULARIDAD PRIVADA

Vista la Ley 6/1988, de 30 de marzo , forestal de Cataluña;

Vista la Ley 43/2003, de 21 de noviembre , de montes, y, concretamente, visto el artículo 48, que determina la planificación para la prevención y la defensa ante el riesgo de incendio forestal y establece la determinación de los puntos estratégicos de gestión y de las áreas de actuación singularizadas, figuras que se han incorporado en los instrumentos de ordenación forestal a través de los planes técnicos de gestión y mejora forestal conjuntos (PTGMFc), tal y como establece el espíritu de este artículo y el fomento de la ejecución de los trabajos en estas áreas estratégicas mediante estas ayudas;

Visto que el artículo 39 bis de la Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña, prevé los perímetros de protección prioritaria y los ejes de confinamiento como las unidades territoriales básicas de planificación de prevención de grandes incendios forestales, con el fin operativo de facilitar las tareas de los cuerpos de prevención y extinción y la contención de grandes incendios;

Visto el Plan general de política forestal 2014-2025 que, concretamente en la línea de actuación 2.1 Impulso a la gestión global del riesgo de incendios forestales y la adaptación de la gestión forestal a la ecología del fuego, establece como objetivo principal de esta línea de actuación la necesidad de promover estructuras de paisaje menos vulnerables a los grandes incendios forestales, en el marco del criterio paneuropeo C2 de mantenimiento de la salud y la vitalidad de los ecosistemas forestales;

Vista la Orden ARP/122/2017, de 13 de junio , por la que se regulan los instrumentos de ordenación forestal, que en el anexo 3 establece el contenido y la estructura de los PTGMFc, que incorporan un apartado de prevención y riesgo de incendio forestal tipo con el fin de integrar, según determinan las orientaciones de gestión forestal sostenible (ORGEST), el riesgo de los grandes incendios forestales (GIF) en la gestión forestal;

Visto el mapa de incendios tipo y zonas homogéneas de régimen (ZHR) en Cataluña, en el que se han identificado las zonas donde es más importante fijar la prevención de incendios forestales como objetivo preferente de gestión;

De acuerdo con la normativa mencionada y con el fin de reducir los GIF, es necesario el fomento de las actuaciones de reducción de la carga de combustible sobre áreas estratégicas y la mejora de la red viaria para acceder a estas áreas.

Vistas las funciones que lleva a cabo el Centro de la Propiedad Forestal de acuerdo con la Ley 7/1999, de 30 de julio , modificada por la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas;

Visto el artículo 9 del Decreto 269/2016, de 5 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Centro de la Propiedad Forestal, que determina que es función del Consejo Rector aprobar las bases reguladoras de las ayudas y las subvenciones que sean de su competencia y aprobar las convocatorias;

Visto lo que disponen el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre ; los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , general de subvenciones, y el Reglamento que la despliega, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio ;

Visto que la propuesta de estas bases se ha sometido a la consideración de los órganos administrativos facultativos y preceptivos, de acuerdo con la normativa reguladora de subvenciones;

Visto que, en la elaboración de esta disposición se han valorado las repercusiones y los efectos de estas subvenciones, y se ha concluido que cumplen los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del artículo 7 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril;

Visto el acuerdo adoptado por el Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal, reunido el 30 de junio de 2026, sobre las ayudas para la prevención de incendios forestales en bosques de titularidad privada;

En consecuencia, valorada la conveniencia de dar apoyo al sector forestal mediante la concesión de ayudas económicas, de acuerdo con los artículos 92 y 93 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, a propuesta del Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal y en uso de las atribuciones conferidas,

Resuelvo:

Dar publicidad al Acuerdo del Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal de aprobación de las bases reguladoras de las ayudas para la prevención de incendios forestales de los bosques de titularidad privada.

Disposición transitoria

Las subvenciones que se otorgaron en virtud de la Resolución que ahora queda derogada se siguen rigiendo por las bases que las regulaban.

Disposición derogatoria

Queda derogada la Resolución ARP/561/2025, de 20 de febrero, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal de aprobación de las bases reguladoras de las ayudas para la prevención de incendios forestales de los bosques de titularidad privada para el año 2025 (DOGC núm. 9359, de 26.2.2025).

Disposición final

Estas bases entran en vigor al día siguiente de que se publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer potestativamente recurso de reposición, antes del recurso contencioso-administrativo, ante la persona que firma estas bases reguladoras, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), según lo que establecen el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

Asimismo, pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformidad con los artículos 10.1.a, 14 , 25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro recurso que consideren procedente.

Anexo. Bases reguladoras

Base 1. Normativa aplicable

Estas bases regulan la línea de ayudas con el código PES 25-28_ARP0010 del Plan estratégico de subvenciones 2027, del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

La normativa que regula las subvenciones que otorgan la Administración de la Generalitat de Catalunya, sus organismos autónomos y las entidades que forman el sector público mayoritario de la Generalitat de Catalunya se dicta a raíz del ejercicio de las potestades administrativas.

Son aplicables los preceptos que contiene la normativa siguiente:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre , general de subvenciones.

- Real decreto 887/2006, de 21 de julio , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

- Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre , por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

- Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

- Ley 26/2010, de 3 de agosto , de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre , del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

- Decreto 76/2020, de 4 de agosto , de Administración digital.

- Real decreto 203/2021, de 30 de marzo , por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

- Ley 19/2014, de 29 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

- Decreto 271/2019, de 23 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento del Registro de subvenciones y ayudas de Cataluña.

- Orden ECO/172/2015, de 3 de junio , sobre las formas de justificación de subvenciones.

También es aplicable lo que dispone la Ley de presupuestos de la Generalitat de Catalunya aplicable al ejercicio correspondiente, así como el resto de normativa aplicable.

Estas ayudas se sujetan al Reglamento (UE) 2022/2472 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas a los sectores agrícola y forestal y a zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.

De acuerdo con el artículo 11 de dicho Reglamento, este régimen de ayudas se ha comunicado a la Comisión Europea, que le ha asignado el número de identificación SA. 116794, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029.

En caso de que la Comisión Europea adopte nuevas disposiciones normativas que afecten a la normativa a la que se sujetan estas ayudas, estas bases reguladoras se deben modificar para adaptarlas a los términos de la nueva regulación.

Base 2. Procedimiento de concesión

2.1 El procedimiento de concesión de la subvención se hace mediante concurrencia competitiva, es decir, comparando las solicitudes según los criterios de valoración. Las ayudas se otorgan a las solicitudes que tienen mejor valoración.

2.2 El órgano instructor de los expedientes de ayuda es el Área de Ayudas del Centro de la Propiedad Forestal.

2.3 El órgano competente para emitir la resolución sobre las solicitudes es la persona titular de la Dirección Gerencia del Centro de la Propiedad Forestal, por delegación del Consejo Rector.

Base 3. Objeto y finalidad

El objeto de las ayudas que establece esta Resolución son las actuaciones de reducción de la carga de combustible sobre áreas estratégicas y la mejora de la red viaria para acceder a estas áreas, con el objetivo de maximizar la eficacia de las medidas de protección y prevención de incendios forestales, sobre todo de los grandes incendios forestales (GIF).

La finalidad de la subvención es fomentar las políticas en el ámbito de territorio y medioambiente.

Base 4. Cuantía

4.1 La cuantía máxima destinada a estas subvenciones y la aplicación presupuestaria a la que se debe imputar son las que determina la convocatoria.

4.2 El importe de la subvención por persona beneficiaria se establece en la convocatoria.

4.3 La entidad subvencionadora puede subvencionar todo o una parte del objeto de la subvención, de acuerdo con la convocatoria. No se puede subvencionar un objeto no ejecutado.

Tampoco se puede dar una subvención por un importe superior al que se había solicitado.

4.4 El importe de la subvención concedida no puede superar el coste de la actividad que debe llevar a cabo la persona beneficiaria, tanto si solo recibe esta subvención como si recibe otras ayudas, ingresos o recursos, o si recibe subvenciones de otras entidades.

4.5 Excepcionalmente, si lo establece la convocatoria, el órgano competente debe prorratear el importe global máximo destinado a la subvención entre las personas beneficiarias.

4.6 La subvención se puede reducir parcial o totalmente, antes de que se dicte la resolución definitiva, como consecuencia de las restricciones que derivan del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que afectan a la Generalitat de Catalunya.

4.7 La ayuda tiene carácter de subvención directamente aplicable a los gastos ocasionados por los conceptos que define el apartado 11.

4.8 El importe máximo total que se puede otorgar a una misma persona beneficiaria es de 200.000,00 euros.

En el caso de las agrupaciones sin personalidad jurídica, el importe máximo total que se puede otorgar es de 200.000,00 euros por expediente.

Para garantizar la eficiencia en la revisión de los expedientes y según los porcentajes de otorgamiento que establece la convocatoria, no se pueden solicitar por persona beneficiaria más de 200.000,00 euros.

Cuando el importe propuesto para otorgar en una solicitud o un expediente es inferior a 5.000,00 euros, no se tramita por cuestión de eficacia y eficiencia administrativa y se archiva el expediente con la comunicación previa a la persona solicitante.

En los casos de solicitud por parte de una persona física que participe en una sociedad que concurra a la convocatoria, se entiende, para el cálculo de los límites anteriores, que la persona física participa en esta solicitud en el mismo porcentaje en que figura en los estatutos de la sociedad como titular.

4.9 La ayuda consiste en un importe unitario por hectárea, kilómetro o porcentaje y los importes máximos subvencionables para cada una de las actuaciones y los porcentajes de otorgamiento son los que indica la convocatoria correspondiente.

4.10 La concesión de las ayudas se determina según los criterios de admisibilidad que establece el apartado 6 y los criterios de priorización del apartado 16 para ordenar las solicitudes de más a menos puntuación. Se deben desestimar las solicitudes que no consigan la puntuación mínima fijada y las que, a pesar de obtener esta puntuación mínima, no resulten subvencionables por falta de disponibilidad presupuestaria.

Base 5. Personas beneficiarias

Pueden beneficiarse de las subvenciones que regulan estas bases las personas físicas y jurídicas titulares de terrenos forestales privados; las agrupaciones sin personalidad jurídica de titulares de terrenos forestales privados de fincas adyacentes; las asociaciones de propietarios de terrenos forestales privados legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente; las personas titulares del usufructo, y las comunidades de bienes formadas por las personas titulares de las fincas forestales. Quedan excluidas las agrupaciones de defensa forestal (ADF).

Base 6. Requisitos de las personas beneficiarias

6.1 Las personas beneficiarias deben cumplir los requisitos y las condiciones generales que establece el artículo 13 de la Ley general de subvenciones y, además, los siguientes:

6.2 Para todas las personas beneficiarias:

a) No encontrarse en ninguna de las circunstancias que prevé el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, ni tener ninguna deuda con la Generalitat de Catalunya.

b) En el caso de empresas con establecimientos abiertos al público, cumplir las obligaciones que establecen los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística.

c) Cumplir la cuota de reserva para la integración social del personal discapacitado que establece la legislación vigente, en su caso.

d) En el caso de asociaciones, tener sus estatutos adaptados a la Ley 5/2011, de 19 de julio, de modificación de la Ley 4/2008, de 24 de abril , del libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, antes del 31 de diciembre de 2012.

e) Disponer de la catalogación como finca rústica no urbanizable de los terrenos objeto de actuación.

f) En el caso de empresas y entidades, no haber sido objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género. En el caso de empresas de más de 150 trabajadores, disponer, además, de un plan de igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con el artículo 36 del Real decreto ley 6/2019, de 1 de marzo.

g) En el caso de empresas, autónomos o titulares de terrenos forestales que comercialicen directamente productos de madera o leña procedente de la ejecución de la ayuda, cumplir las obligaciones de actuar como agente y presentar la declaración responsable y mantener el sistema de diligencia debida, de acuerdo con la normativa EUTR y el Reglamento (UE) 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo.

h) No tener la consideración de empresa en situación de crisis, de acuerdo con la definición que contienen las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).

i) Cuando se trate de personas físicas empresarias, estar dadas de alta en el censo del impuesto sobre actividades económicas en los supuestos en los que sea obligatorio.

j) Adecuar su actividad al código ético de esta Resolución.

k) Presentar una declaración sobre si se han pedido o se han obtenido otras ayudas públicas o privadas para la misma actividad. Se debe hacer constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad solicitada u obtenida.

l) En el caso de empresas con 50 o más trabajadores, cumplir la cuota legal de reserva de puestos de trabajo en la plantilla de la empresa que prevé el artículo 42.1 del texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre , o las medidas alternativas de carácter excepcional que prevén el Real decreto 364/2005, de 8 de abril , y el Decreto 86/2015, de 2 de junio .

m) En el caso de empresas con una plantilla igual o superior a 25 personas, disponer de medios para prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, y para intervenir en sus centros de trabajo de acuerdo con los agentes sociales, de conformidad con la Ley 5/2008, de 24 de abril , del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

n) En el caso de subvenciones por un importe superior a 30.000 euros, cuando las personas solicitantes sean únicamente sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, no pueden obtener la condición de beneficiarias las empresas que incumplan los plazos de pago previstos en dicha Ley.

o) Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro, estar inscritas en el registro correspondiente.

El cumplimiento de estos requisitos se debe acreditar mediante una declaración responsable en el mismo impreso de solicitud.

6.3 En el caso de las agrupaciones de propietarios o propietarias sin personalidad jurídica:

a) Cada miembro de la agrupación debe acreditar que cumple los requisitos que exigen las bases para poder optar a una subvención.

b) En la solicitud de subvención se deben hacer constar los compromisos de ejecución de la actividad asumidos por cada miembro de la agrupación y el importe de la subvención que se debe imputar a cada miembro.

c) Se debe nombrar a una persona representante o apoderada única de la agrupación con poderes suficientes para solicitar, gestionar y percibir las subvenciones correspondientes, y cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación.

d) La agrupación no se puede disolver hasta que hayan transcurrido cuatro años desde el vencimiento del plazo para presentar la justificación de la subvención.

e) Cada miembro de la agrupación tiene la consideración de beneficiario.

Las ayudas que establece esta Resolución se pueden acumular con otras ayudas públicas para los mismos gastos subvencionables, siempre que esta acumulación no dé lugar a una intensidad superior a la que la normativa comunitaria establece para las circunstancias concretas de cada caso.

La manera de acreditar estos requisitos es mediante una declaración responsable incluida en el formulario de solicitud o mediante la documentación acreditativa del cumplimiento del requisito.

6.4 Pueden obtener la condición de persona beneficiaria las personas o las entidades que se encuentren en la situación y las circunstancias que requieren estas bases reguladoras y la convocatoria correspondiente.

Estos requisitos se deben acreditar mediante los formularios normalizados que establece la Sede electrónica.

6.5 Las personas o las entidades afectadas por alguna de las circunstancias que determina el artículo 13.2 de la Ley general de subvenciones no pueden ser beneficiarias ni colaboradoras, en su caso, respectivamente, de la subvención que regulan estas bases.

6.6 Las personas solicitantes y las personas beneficiarias deben respetar:

- La normativa de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- La normativa para garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.

- La normativa que establece el derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

- La normativa de igualdad de trato y no discriminación.

6.7 Mediante la presentación de la solicitud, las personas beneficiarias se adhieren a los principios éticos y las reglas de conducta de estas bases reguladoras.

Base 7. Incompatibilidad de estas ayudas con otras subvenciones o ayudas

Las ayudas que establece esta Resolución se pueden acumular a otras ayudas públicas para los mismos gastos subvencionables, siempre que esta acumulación no dé lugar a una intensidad superior a la que la normativa comunitaria establece para las circunstancias concretas de cada caso.

Base 8. Plazo de ejecución

Las actividades que se deban llevar a cabo para cumplir el objeto de la subvención deben ejecutarse en el plazo que establece la convocatoria.

No se pueden subvencionar las actuaciones que se han empezado a ejecutar antes de presentar la solicitud de subvención, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2022/2472 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, referente al efecto incentivador.

Base 9. Tramitación del procedimiento y carácter del gasto

La tramitación del procedimiento y el carácter del gasto se especifican en la convocatoria.

Base 10. Publicación y comunicaciones

10.1 Se deben aplicar los artículos 17.3.b y 18 de la Ley general de subvenciones en relación con el Acuerdo GOV/192/2015, de 29 de diciembre, por el que se complementa el Acuerdo GOV/77/2015, de 2 de junio, sobre la publicación de los anuncios de notificación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El texto íntegro de las convocatorias de subvenciones se debe publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

10.2 Los trámites, los requerimientos y las resoluciones relacionados con la concesión de estas subvenciones se deben publicar en la aplicación SIDER (seu.gencat.cat). Las ayudas concedidas se deben hacer públicas en la Sede electrónica de la Generalitat (seu.gencat.cat) y en la web http://www.gencat.cat/cpf, mediante el uso de los medios electrónicos establecidos.

10.3 La publicación de la convocatoria se hace efectiva con el envío de la información que exige el Registro de subvenciones y ayudas de Cataluña, de acuerdo con el artículo 96 bis del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, y mediante la Base de datos nacional de subvenciones.

Base 11. Gastos subvencionables

11.1 De acuerdo con el artículo 31 de la Ley general de subvenciones, se consideran gastos subvencionables los que están relacionados claramente con la actividad subvencionada, que son estrictamente necesarios y que se hacen en el plazo y las condiciones que determinan estas bases.

El coste de los bienes o los servicios subvencionados no puede superar su valor de mercado.

Pueden ser gastos subvencionables los que se indican a continuación y que concreta la convocatoria:

- Las actuaciones silvícolas para la prevención de los grandes incendios forestales (GIF).

1) La reducción de la carga de combustible en las zonas identificadas como ejes de confinamiento.

2) La reducción de la carga de combustible en las zonas identificadas como puntos estratégicos de gestión forestal (PEG), en el marco de un perímetro de protección prioritaria (PPP), un proyecto de infraestructuras estratégicas, un plan de prevención de incendios municipal (PPI) o un instrumento de ordenación forestal (IOF) agrupado según la Orden ARP/122/2017, de 13 de junio , por la que se regulan los instrumentos de ordenación forestal, y según la cartografía que especifique la convocatoria correspondiente.

3) La reducción de la carga de combustible en las zonas identificadas como áreas de fomento de la gestión (AFG), en el marco de un perímetro de protección prioritaria (PPP), un proyecto de infraestructuras estratégicas, un plan de prevención de incendios municipal (PPI) o un instrumento de ordenación forestal (IOF) agrupado según la Orden ARP/122/2017, de 13 de junio , por la que se regulan los instrumentos de ordenación forestal, y según la cartografía que especifique la convocatoria correspondiente.

4) La reducción de la carga de combustible en las zonas identificadas como líneas de defensa, franjas auxiliares y franjas de baja carga de combustible en instrumentos de IOF agrupados o individuales. Quedan excluidas las franjas de prevención de incendios en las urbanizaciones y edificaciones y en las instalaciones aisladas.

5) El aclareo de repoblado planificado en un instrumento de ordenación forestal.

6) La selección de vástagos en masas regulares después de un incendio forestal, como máximo de los últimos siete años, planificada en un instrumento de ordenación forestal.

- La mejora de la red viaria forestal necesaria para llevar a cabo las actuaciones anteriores.

1) El arreglo sustancial de viales estratégicos y necesarios para la prevención de los grandes incendios forestales (GIF).

2) Las actuaciones puntuales y de restauración de obra civil o de bioingeniería necesarias para el arreglo sustancial del punto anterior.

- La dirección facultativa de la ejecución material de las actuaciones.

La dirección facultativa de la ejecución material de los conceptos anteriores. Este concepto incluye la preparación del expediente de solicitud de ayuda.

11.2 De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2022/2472, las ayudas deben tener efecto incentivador (es decir, deben servir para llevar a cabo actividades que no se habrían hecho sin la ayuda o que se habrían hecho de manera limitada o diferente) y, por tanto, solo pueden ser subvencionables las actuaciones que se hagan después de que se haya solicitado la ayuda.

11.3 De conformidad con los artículos 31.7 y 31.8 de la Ley general de subvenciones, no son gastos subvencionables:

- Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

- Los intereses, los recargos y las sanciones administrativas y penales.

- Los gastos de procedimientos judiciales.

Tampoco son subvencionables los gastos que no determinan expresamente estas bases y la convocatoria correspondiente.

11.4 Actualización de los costes máximos de referencia

En las respectivas convocatorias se actualizan los costes máximos de referencia indicados para cada concepto en los anexos correspondientes, de acuerdo con el aumento del índice de precios al consumo (IPC) acumulado respecto de la convocatoria anterior.

Como período de actualización, se toma el transcurrido entre el mes de publicación de la convocatoria anterior y el mes previo a la publicación de la convocatoria con los precios actualizados.

Base 12. Actuaciones subvencionables

12.1 Las actuaciones subvencionables y sus requisitos son los siguientes:

1. Las actuaciones silvícolas para la prevención de los grandes incendios forestales (GIF).

Las actuaciones silvícolas de reducción de la carga de combustible en las áreas estratégicas son las que establezcan los instrumentos de ordenación forestal (IOF) agrupados o individuales y necesarias en cada caso, y sobre los diferentes estratos de la masa forestal, a fin de dar lugar a estructuras de vegetación de baja vulnerabilidad al fuego de copas, definidas como de vulnerabilidad baja de tipo C, según describe el documento de ORGEST titulado Integración del riesgo de GIF en la gestión forestal, disponible en la web https://cpf.gencat.cat/ca/actualitat/publicacions/colleccions/orientacions-de-gestio-forestal-sostenible-orgest/parametres-i-indicadors-de-suport-a-la-gestio-forestal-sostenible

Es necesario que estas actuaciones tengan continuidad espacial dentro de las áreas estratégicas aprobadas en el Plan técnico de gestión y mejora forestal conjunto (PTGMFc), en el proyecto de ordenación forestal de ámbito municipal o supramunicipal (PFM), en los perímetros de protección prioritaria, en un proyecto de infraestructuras estratégicas o en un plan de prevención de incendios municipal (PPI).

Las actuaciones mencionadas que no estén en el ámbito de un instrumento de ordenación forestal agrupado deben estar planificadas en un instrumento de ordenación forestal (IOF) individual aprobado y vigente.

En las zonas identificadas de puntos estratégicos de gestión forestal (PEG), es necesaria una atención especial en la gestión de los restos generados; se debe tender a no dejar restos en las zonas donde la distancia entre los restos y la copa de los árboles más cercanos sea inferior a 4 m, y los restos extendidos en el suelo no deben superar los 40 cm de altura ni ocupar más del 20% de la superficie. En los casos de buena accesibilidad y pendiente bajo, los restos deben permanecer triturados hasta obtener restos de menos de 20 cm de altura.

Las actuaciones silvícolas en las líneas de defensa, las franjas de protección o las franjas auxiliares son las que establezcan en cada caso los IOF correspondientes.

En todos los casos se deben retirar o triturar los restos en una franja de 20 m a ambos lados de los caminos.

La dirección de la ejecución material de los trabajos la debe llevar a cabo una persona graduada en ingeniería forestal o titulada en ingeniería de montes o ingeniería técnica forestal.

2. La mejora de la red viaria estratégica de los grandes incendios forestales (GIF).

El concepto de arreglo sustancial de los viales hace referencia a la restauración del firme, los badenes de drenaje y las cunetas. Las características de los viales deben garantizar la circulación de vehículos de extinción de incendios de alto tonelaje, tanto cargados como descargados, considerando las pendientes máximas y los radios de giro, y deben disponer de puntos de cruce suficientes.

El concepto de actuaciones puntuales hace referencia a los trabajos de recuperación de taludes, de movimiento o reducción de rocas, de colocación de tubos, vados de hormigón, muros de contención, puentes y pasos superiores e inferiores para la fauna, y de establecimiento de puntos de cruce que permitan el paso de dos vehículos o de puntos giratorios. Para este concepto, se debe presentar un proyecto o una memoria detallada, con un plano y un presupuesto aparte para cada actuación puntual, y se debe presentar un certificado final de obra emitido por el facultativo que haya dirigido la ejecución de la actuación puntual.

Este concepto va dirigido a la red viaria estratégica (principal y secundaria) definida en los IOF agrupados correspondientes que da acceso a las áreas de baja carga de combustible.

3. En el caso de la dirección facultativa de la ejecución material de las actuaciones, para justificar este concepto se debe presentar un acta de visita a la zona de trabajos previa al inicio de los trabajos, otra correspondiente al seguimiento y otra correspondiente a la finalización de la obra, firmada debidamente en el momento de presentar la solicitud de pago.

En los casos en que la propiedad no disponga de un instrumento de ordenación forestal (IOF) aprobado y vigente para llevar a cabo los trabajos, es necesaria su validación por parte del Centro de la Propiedad Forestal (CPF), de acuerdo con el PTGMFc aprobado y vigente.

Base 13. Obligaciones de las personas beneficiarias

Las personas beneficiarias de esta subvención deben cumplir estas obligaciones:

a) Hacer la actividad subvencionada en el plazo que indica la convocatoria.

b) Llevar a cabo la actividad subvencionada de acuerdo con el proyecto presentado.

Cualquier cambio en el proyecto o en el calendario que se presentó se debe comunicar al órgano instructor antes de que se acabe el plazo de ejecución.

El órgano instructor puede aceptar la modificación solicitada, dentro del plazo máximo que establecen las bases, siempre que:

- No comporte cambios sustanciales.

- No represente un incumplimiento de los requisitos y las condiciones de estas bases y de la convocatoria de la subvención.

Los cambios que no se han comunicado o que no se han aceptado de manera expresa pueden dar lugar a la revocación de la subvención.

c) Proporcionar siempre la información que les pidan sobre la subvención concedida y, de acuerdo con la normativa aplicable, someterse a las actuaciones de comprobación y control por parte de los siguientes órganos:

- El órgano instructor.

- La Intervención General de la Generalitat.

- La Sindicatura de Cuentas.

- Otros órganos competentes.

d) Comunicar al órgano instructor las ayudas, los ingresos o los recursos para financiar la actividad subvencionada, solicitados a otras administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, o ya obtenidos, después de haber presentado la solicitud de subvención.

Esta información se debe comunicar en cuanto se conozca y, en todo caso, antes de justificar la aplicación de los fondos recibidos.

e) Regirse por los artículos 90 bis, 92 bis y 95 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, y también por el artículo 14 de la Ley general de subvenciones.

f) Conservar los documentos justificativos del uso de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, mientras puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.

g) En cuanto a las entidades privadas a que se refieren los epígrafes a y b del artículo 3.4 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cumplir las obligaciones de transparencia del título II de la misma Ley que les son aplicables.

h) En el caso de empresas con establecimientos abiertos al público, las personas beneficiarias deben declarar que cumplen las obligaciones que establecen los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.

i) En el caso de las subvenciones destinadas a empresas no incluidas en el apartado anterior, las personas beneficiarias deben declarar que cumplen lo que establece el artículo 36.4 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.

j) De conformidad con la Ley 17/2015, de 21 de julio , de igualdad efectiva de mujeres y hombres, las personas beneficiarias de las subvenciones deben manifestar que cumplen lo que establece esta Ley. En el formulario de solicitud deben incluir qué medidas concretas han incorporado en sus organizaciones, de acuerdo con la Ley 17/2015, de 21 de julio , y también con el artículo 48 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, relativo a las medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. También deben arbitrar procedimientos específicos para prevenirlos, y para dar curso a las denuncias o las reclamaciones que pueda formular quien haya sido objeto de ellos.

k) Utilizar un lenguaje no sexista y no discriminatorio en toda la documentación, la publicidad, las imágenes o los materiales de la actividad subvencionada.

Evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas.

Fomentar valores como la igualdad, la diversidad, la corresponsabilidad, la presencia equilibrada de mujeres y hombres y la pluralidad de roles e identidades de género.

l) Adherirse a los principios éticos y las reglas de conducta que constan tanto en estas bases como en las convocatorias correspondientes, y adecuar a ellos la actividad.

m) Cumplir las otras obligaciones que prevén la normativa vigente en materia de subvenciones, estas bases reguladoras, y la convocatoria de cada subvención.

Base 14. Solicitud

Presentar las solicitudes conlleva que la persona solicitante cumple las obligaciones que marcan estas bases.

14.1 Las personas beneficiarias son personas obligadas a relacionarse digitalmente con la Administración, de acuerdo con los artículos 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 73 del Decreto 76/2020, de 4 de agosto, de Administración digital. Las solicitudes se deben presentar digitalmente según el modelo normalizado, establecido por el Centro de la Propiedad Forestal, que está a disposición de las personas interesadas a través de la aplicación SIDER (seu.gencat.cat).

14.2 Para presentar correctamente la solicitud electrónica, la persona solicitante o su representante legal debe disponer de un sistema de identificación y firma válido y vigente. Los sistemas de identificación electrónica aceptados son los que establece el apartado 3 del Catálogo de sistemas de identificación y firma electrónica aprobado por la Orden VPD/93/2022, de 28 de abril . En la Sede electrónica (https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/cataleg-sistemes-identificacio-i-signatura-electronica) se puede encontrar información detallada sobre la relación de los sistemas de identificación y firma electrónica válidos que se pueden emplear en la tramitación de las ayudas y de las subvenciones y la forma de obtenerlos.

14.3 Si se presenta la solicitud o se hacen trámites mediante otros formularios o canales diferentes de los que estas bases prevén específicamente, estos formularios se tienen por no presentados, de acuerdo con los artículos 16.8 y 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Por tanto, la fecha a partir de la cual se entiende que se ha presentado la solicitud o se ha llevado a cabo el trámite es la de entrada del formulario específico señalado.

14.4 Las personas solicitantes pueden hacer el seguimiento de su expediente:

- En la aplicación SIDER (seu.gencat.cat).

14.5 En caso de que, por circunstancias accidentales, se interrumpa el funcionamiento de la Sede electrónica, y siempre que sea técnicamente posible, la persona usuaria que acceda debe visualizar un mensaje en el que se comunique esta circunstancia, se indiquen los registros presenciales alternativos donde se puede presentar la documentación y se informe de los efectos de la interrupción en el cómputo de los plazos. Además, si procede por razón de la materia, se debe facilitar un acceso directo a las subsedes electrónicas correspondientes. No obstante, cuando no sea técnicamente posible que la persona usuaria visualice dicho mensaje, y los trámites se deban hacer obligatoriamente por el canal digital, si se produce una interrupción no planificada en el funcionamiento de los sistemas electrónicos durante el último día establecido para hacer el trámite correspondiente o la incidencia suponga una indisponibilidad de los servicios que requiera ampliación, se puede hacer el trámite durante los tres días hábiles consecutivos siguientes.

14.6 En el supuesto de que la persona interesada actúe mediante representante, este puede acreditar la representación con un certificado electrónico cualificado de representación o asiento en el Registro de representación de la Administración de la Generalitat (https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/registre-electronic-de-representacio/).

Asimismo, la representación se puede acreditar mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de que existe.

14.7 El formulario de la solicitud debe incluir declaraciones responsables sobre los aspectos que detallan estas bases y que la persona solicitante ratifica mediante la firma de la solicitud.

14.8 Si el formulario de solicitud y la documentación requerida en la convocatoria no cumplen los requisitos subsanables, el órgano gestor debe requerir a la persona interesada que, en el plazo de diez días hábiles, subsane el defecto o adjunte los documentos preceptivos, con la indicación de que, si no lo hace, se entiende que desiste de la solicitud, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y se debe dictar la resolución correspondiente.

14.9 El plazo y la forma de presentación de las solicitudes son los que indica la convocatoria de la subvención.

14.10 La persona solicitante, con la firma y la presentación del formulario de solicitud, otorga su consentimiento para que se consulten sus datos, mediante las plataformas de intermediación u otros sistemas electrónicos habilitados de que dispone la Administración de la Generalitat. La presentación del formulario de solicitud faculta al ente competente para comprobar que los datos que contiene y que se declaran son ciertos.

14.11 La inexactitud, la falsedad o la omisión de carácter esencial de cualquier dato en el formulario de solicitud o el documento que lo acompañe dejan sin efectos este trámite, desde el momento en que se conoce y con la audiencia previa a la persona interesada y, en consecuencia, comportan la inadmisión de la solicitud de subvención.

Si se conoce el hecho o la omisión una vez otorgada la subvención, es causa de revocación o de sanción, o ambas cosas.

Hacer una declaración responsable conlleva que la persona interesada disponga de la documentación pertinente acreditativa de los datos que declara. Si la Administración comprueba la inexactitud o la falsedad de los datos, se deja sin efecto el trámite, con la audiencia previa de la persona interesada. Si la legislación tipifica esta conducta como infracción, esto da lugar a la incoación del expediente sancionador correspondiente, de acuerdo con el régimen sancionador al que hace referencia el apartado anterior.

14.12 La documentación que debe acompañar la solicitud se concreta en la convocatoria correspondiente.

Base 15. Comisión de Valoración

15.1 La Comisión de Valoración es el órgano colegiado encargado de aplicar los criterios de valoración. La Comisión de Valoración puede solicitar todos los documentos y los informes que considere necesarios para elaborar el informe de evaluación.

15.2 El régimen de funcionamiento de la Comisión de Valoración, en todo lo que no prevén estas bases reguladoras, se ajusta a las normas aplicables a los órganos colegiados de la Administración de la Generalitat de Catalunya.

A estos efectos, se nombra una Comisión de Valoración, que es la encargada de valorar las solicitudes de ayudas, formada por la persona titular del Área de Servicios, la persona titular del Área de Planificación Forestal y la persona titular del Área de Gestión Forestal.

Base 16. Criterios de valoración

16.1 Los criterios de valoración para estas subvenciones se establecen en la convocatoria correspondiente.

Los criterios que se deben valorar son los siguientes:

a) 35 puntos para las zonas identificadas como ejes de confinamiento en el marco de un IOF agrupado o para las actuaciones de IOF definidas en estas áreas.

b) 20 puntos por continuar o finalizar las actuaciones dentro de los PEG o las AFG con trabajos iniciados desde 2022 que supongan al menos un 20% de la superficie del PEG o la AFG sin haber finalizado toda la ejecución del PEG o la AFG. Ponderada según la superficie total del expediente solicitada (mismo código de AFG o PEG o colindante).

c) Un máximo de 20 puntos para las zonas identificadas como PEG en el marco de un IOF agrupado o para las actuaciones de IOF definidas en los perímetros de protección prioritaria o en los proyectos de infraestructuras estratégicas o en un plan de prevención de incendios municipal (PPI). Ponderada según la superficie solicitada y calculada como puntuación lineal según el cálculo siguiente: porcentaje de superficie*20/100.

d) Un máximo de 15 puntos para las zonas identificadas como AFG en el marco de un IOF agrupado o para las actuaciones de IOF definidas en los perímetros de protección prioritaria o en los proyectos de infraestructuras estratégicas o en un plan de prevención de incendios municipal (PPI). Ponderada según la superficie solicitada y calculada como puntuación lineal según el cálculo siguiente: porcentaje de superficie*15/100.

e) Un máximo de 5 puntos para las líneas de defensa según el porcentaje de superficie en que la propiedad dispone de un instrumento de ordenación forestal según la Orden ARP/122/2017, de 13 de junio , por la que se regulan los instrumentos de ordenación forestal, aprobado y vigente en el momento de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Calculada como puntuación lineal según el cálculo siguiente: porcentaje de superficie*5/100.

f) Un máximo de 3 puntos según el porcentaje de superficie adscrito a algún sistema de certificación forestal aceptado y reconocido internacionalmente. Calculada como puntuación lineal según el cálculo siguiente: porcentaje de superficie*3/100.

g) Hasta 5 puntos según el porcentaje de superficie incluida dentro de la distribución de los incendios tipo, cartografiada por las orientaciones forestales de gestión (ORGEST). 0 puntos para riesgo bajo, 1 punto para riesgo medio, 4 puntos para riesgo alto, y 5 puntos para riesgo muy alto.

h) 1 punto cuando la memoria contenga una descripción detallada de los trabajos que se deben llevar a cabo, el presupuesto contenga los precios unitarios y desglosados necesarios, y la memoria y el presupuesto estén firmados por un técnico facultativo competente.

i) 3 puntos para las fincas sin IOF en el marco de un PTGMFc y que dispongan de la solicitud de adhesión correspondiente en el momento de presentar la solicitud de la ayuda o hayan presentado un IOF individual. Ponderada según la superficie.

Base 17. Reformulación de la solicitud

17.1 La subvención que regula estas bases tiene por objeto la financiación de actividades que debe ejercer la persona solicitante. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional es inferior al que figura en la solicitud presentada, el órgano instructor, si lo indica la convocatoria, puede instar a la persona beneficiaria a reformular su solicitud para ajustar los compromisos y las condiciones a la subvención otorgable.

17.2 En cualquier caso, la reformulación de solicitudes debe respetar el objeto, las condiciones y la finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto a las solicitudes o las peticiones.

17.3 Si el órgano instructor propone a la persona solicitante la reformulación de su solicitud y esta no contesta en el plazo que establece la propuesta de reformulación, se mantiene el contenido de la solicitud inicial a efectos de las actividades y el presupuesto total de la actuación que deben ser objeto de la justificación económica.

Base 18. Inadmisión y desistimiento

18.1 El incumplimiento de los requisitos no subsanables o del plazo de presentación de solicitudes que establecen estas bases reguladoras y la convocatoria de la subvención comporta la inadmisión de la solicitud.

18.2 La persona solicitante puede desistir por escrito de su solicitud de subvención, antes de la concesión.

18.3 Si falta la acreditación de los requisitos que prevén estas bases o la convocatoria de la subvención, el órgano instructor debe requerir a la persona solicitante para que la complemente o la subsane.

Si en el plazo de diez días hábiles no se responde a los requerimientos que efectúe el órgano instructor, se entiende que la persona solicitante desiste de la solicitud de subvención.

18.4 El órgano instructor es el competente para dictar la resolución de inadmisión o la de desistimiento de la solicitud de ayuda o subvención antes de la concesión de las subvenciones, y debe notificar la resolución de inadmisión o desistimiento a las personas interesadas, mediante la publicación en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), sin perjuicio de que pueda utilizar, además, otros medios electrónicos. Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos, de acuerdo con el artículo 45.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Base 19. Resolución y notificación

19.1 De acuerdo con la documentación presentada, las comprobaciones de oficio efectuadas y el informe de la Comisión de Valoración, el órgano instructor debe elevar la propuesta de resolución correspondiente al órgano competente para resolver.

19.2 En la resolución de concesión deben figurar, como mínimo, con indicación del número de ayuda del régimen de Estado que le haya podido asignar la Comisión, el objeto y la finalidad de la ayuda, el importe máximo de la ayuda, las condiciones que debe cumplir la persona beneficiaria, el carácter de ayuda de Estado sometido al Reglamento (UE) 2022/2472 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, la procedencia de los fondos con los que se financia la ayuda, y la vía de recurso que corresponda. Asimismo, se debe hacer constar que la firmeza de la resolución de concesión de la ayuda conlleva que la persona beneficiaria declara tácitamente que se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Administración tributaria y la social, y con la Generalitat de Catalunya.

19.3 El órgano concedente debe dictar la resolución motivada del procedimiento de concesión de la subvención y la debe notificar a las personas interesadas en el plazo que indica la convocatoria.

19.4 La resolución se efectúa mediante publicación en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1).

Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos, e indica los recursos procedentes, el órgano ante el que se deben interponer y el plazo para interponerlos. Antes de la publicación en el Tablón electrónico, las personas interesadas deben recibir un aviso al correo electrónico que hayan hecho constar en el impreso de solicitud. Este aviso no tiene efectos de notificación y sirve al único efecto de informar a la persona beneficiaria potencial de cuándo se efectuará esta notificación, que tendrá lugar con dichos medios.

19.5 Si no se ha dictado y notificado una resolución de concesión expresa una vez finalizado el plazo máximo previsto en la convocatoria, las personas solicitantes pueden entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55.1.a de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

19.6 De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y la Ley 26/2010, de 3 de agosto , de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, contra la resolución de concesión y de denegación de las subvenciones la persona beneficiaria puede interponer un recurso administrativo o, en su caso, un recurso contencioso-administrativo, en los términos que indica la resolución de concesión.

Base 20. Modificación de la resolución de concesión de la subvención

20.1 El órgano concedente tiene la facultad de revisar la subvención concedida y modificar la resolución o el acuerdo de concesión, siempre que los cambios no alteren el objetivo o la naturaleza de la subvención ni supongan cambios sustanciales en el conjunto de las actuaciones subvencionadas, por alguna de las circunstancias siguientes:

- Cuando las condiciones que se han tenido en cuenta para la concesión de la subvención se hayan alterado de manera sobrevenida.

- Cuando se hayan obtenido otras aportaciones dinerarias concurrentes en los supuestos afectados por incompatibilidades.

- Cuando haya penalizaciones por retrasos en el cumplimiento de las obligaciones formales como persona beneficiaria en la medida que afecten a la cuantía total que se debe percibir en los términos que establece la convocatoria.

20.2 La persona beneficiaria de la subvención puede solicitar la modificación de la subvención, cuando concurra alguna de las circunstancias que menciona el apartado anterior, antes de que acabe el plazo establecido de ejecución de la subvención.

20.3 El órgano concedente debe resolver sobre la solicitud y lo debe notificar en el plazo máximo de quince días hábiles. En la resolución se debe indicar si se estima o desestima la petición de forma motivada. Una vez finalizado el plazo indicado sin que se haya dictado resolución expresa, la persona interesada puede entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

20.4 La modificación de las condiciones que establezca la resolución o el acuerdo de concesión se puede autorizar siempre que no dañe derechos de terceros, de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de la Ley general de subvenciones .

20.5 Las personas beneficiarias pueden solicitar la ampliación del plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas, por razones justificadas debidamente, mediante el trámite habilitado que indique la resolución de concesión.

20.6 La modificación del plazo de ejecución solo se puede autorizar por circunstancias imprevisibles, justificadas debidamente, que hagan imposible el cumplimiento del plazo, a pesar de que las personas beneficiarias hayan adoptado las medidas técnicas y de planificación mínimas exigibles. En todo caso, se deben cumplir estos requisitos:

a. Identificación de las causas que justifican la modificación del plazo de ejecución.

b. Elaboración de un plan de acciones correctivas para las causas que pueden originar una prórroga del plazo de ejecución.

Base 21. Fiscalidad de la subvención

21.1 Las subvenciones, con carácter general, están sujetas a la normativa tributaria.

21.2 En el caso de que las personas beneficiarias sean personas físicas, la normativa de aplicación es la Ley 35/2006, de 28 de noviembre , del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, y el Real decreto 439/2007, de 30 de marzo , por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas y se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real decreto 304/2004, de 20 de febrero.

21.3 La resolución de concesión de la subvención indica la normativa fiscal que corresponde.

21.4 En caso de que la persona beneficiaria no tenga la residencia fiscal en el territorio español, debe presentar un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residencia.

Base 22. Memoria de ejecución de las actuaciones

Las personas beneficiarias de la subvención deben presentar una memoria de ejecución de las actuaciones subvencionadas en el plazo que indica la convocatoria, en la que se debe especificar el cumplimiento del objeto y la finalidad para cada actuación de la subvención.

Base 23. Justificación económica

23.1 Las personas beneficiarias deben ejecutar como mínimo el 50% del importe total de la ayuda otorgada subvencionable y justificarlo en el plazo que indica la convocatoria para que se pueda hacer la certificación definitiva y la comprobación de la ejecución de las actuaciones previstas.

También se pueden efectuar certificaciones parciales no definitivas en el caso de que se haya ejecutado como mínimo el 25% de la inversión subvencionable o un mínimo de 20.000,00 euros y una certificación final para el resto de actuaciones efectuadas, según los plazos que establece la convocatoria.

Para certificar obras puntuales, estas obras se han tenido que hacer de manera que cumplan íntegramente su función. No se pueden certificar parcialmente obras puntuales no funcionales, independientemente del porcentaje del importe otorgado.

23.2 En caso de que las actividades se hayan financiado, además de la ayuda o la subvención, con fondos propios u otros subsidios o recursos, se debe acreditar el importe, la procedencia y la aplicación de estos fondos a las actividades subvencionadas.

23.3 La modalidad de justificación es una cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto del artículo 4 de la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de justificación de subvenciones.

23.4 La documentación justificativa que se debe presentar es la siguiente:

a) Solicitud de pago de la ayuda, de acuerdo con el impreso normalizado que se puede obtener en la web: seu.gencat.cat y en la web http://www.gencat.cat/cpf.

b) Cuenta justificativa, de acuerdo con el modelo normalizado que se puede descargar de la Sede electrónica seu.gencat.cat y en la web http://www.gencat.cat/cpf. La cuenta justificativa debe contener:

1. Una memoria explicativa del cumplimiento de la finalidad de la acción, la actividad o el proyecto subvencionado, con indicación de las actividades llevadas a cabo y de los resultados obtenidos.

2. Una memoria económica sobre el coste de las actividades llevadas a cabo, donde conste:

- Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor, el número de la factura o el documento de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil, el importe, la fecha de emisión y, en su caso, la fecha de pago.

- Si la subvención se otorga de acuerdo con un presupuesto, se debe presentar una liquidación en la que se indiquen y, en su caso, se motiven las desviaciones respecto del presupuesto inicial.

- Las copias digitalizadas de las facturas o los documentos probatorios equivalentes en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa y la documentación acreditativa del pago consistente en extracto bancario o, en el caso de pagos en efectivo, la documentación acreditativa de la percepción del importe por parte del acreedor.

Estas facturas y justificantes acreditativos del pago deben ser anteriores a la fecha de finalización del plazo de ejecución y justificación que establezca la resolución de concesión.

- Una declaración responsable de la persona beneficiaria con el siguiente contenido mínimo:

Las copias digitalizadas de los justificantes de los gastos presentados reproducen exactamente los documentos originales en poder de la persona beneficiaria.

Los justificantes de gasto se han imputado a las diferentes fuentes de financiación de manera que no se supera el importe unitario de cada justificante.

El total de las fuentes de financiación no supera el coste de la actuación subvencionada.

Dispone de un sistema de contabilidad separada o los justificantes de gasto tienen asignado un código contable común a las transacciones relacionadas con la actuación subvencionada.

- Relación detallada de los otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe y la procedencia. Si los justificantes de gasto se imputan parcialmente a otras subvenciones, se debe indicar la cuantía exacta o el porcentaje imputado a cada una, con identificación de los órganos concedentes.

23.5 El Centro de la Propiedad Forestal debe comprobar de oficio el cumplimiento de los requisitos para acceder a las ayudas, de acuerdo con la documentación aportada con la solicitud, y la información disponible en las bases de datos y los registros. A tal efecto, las personas beneficiarias deben facilitar toda la información complementaria que se les requiera.

Base 24. Pago

24.1 Para recibir el importe de las subvenciones, las personas beneficiarias deben estar al corriente de las obligaciones con la Administración tributaria y la Seguridad Social en el momento en que el CPF haga las comprobaciones correspondientes con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, y no tener deudas de ningún tipo con la Generalitat de Catalunya. No es necesario aportar los certificados acreditativos en el caso de la autorización al CPF a que se refiere el apartado 5.4.

24.2 Las personas beneficiarias están obligadas a facilitar toda la información que les requieran la Intervención General de la Generalitat, la Sindicatura de Cuentas u otros órganos competentes, de acuerdo con el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

24.3 La regulación de los pagos en efectivo es la que contiene el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, por lo que las operaciones en las que una de las partes contratantes sea empresario o profesional con un importe igual o superior a 1.000 euros o su equivalente en moneda extranjera no se pueden abonar en efectivo.

24.4 El IVA de los justificantes queda excluido de la subvención si la persona beneficiaria no es consumidora final y se le puede deducir.

24.5 La propuesta de pago de la subvención se lleva a cabo con una certificación previa de los servicios competentes del CPF, según la cual la actividad y el gasto efectuados están justificados debidamente, y se efectúa dentro del ejercicio presupuestario, sin perjuicio de las excepcionalidades que se puedan producir.

El pago puede ser:

a) Pago a cuenta con certificación parcial y pago del resto con certificación final.

b) Pago de toda la subvención con la certificación final.

En ambos casos, el pago se hace efectivo con la certificación previa, sea parcial no definitiva o final, por parte del CPF que indique que la actividad y el gasto se han llevado a cabo de acuerdo con las condiciones de la resolución de otorgamiento y están justificadas debidamente.

No obstante, la convocatoria puede prever la concesión de un anticipo, que se debe hacer efectivo en los términos, las condiciones y los plazos que, a tal efecto, determine la convocatoria. Se entiende por anticipo cualquier entrega de fondos que se haga antes de la justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención. Para la concesión de anticipos no se exige la prestación de ninguna garantía.

Base 25. Procedimiento de reintegro

25.1 La entidad o la persona beneficiaria de la subvención debe reintegrar las cantidades percibidas en los supuestos siguientes:

a. Por renuncia a la subvención a través del trámite habilitado por el órgano concedente.

b. Por revocación de la subvención.

c. Por nulidad de la concesión de la subvención.

d. Como consecuencia del resultado de un control financiero, de la imposición de una sanción o de lo que se dictamine por resolución administrativa o judicial firme.

25.2 También se consideran causas de reintegro las que establece el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

25.3 De acuerdo con el artículo 100 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre , el procedimiento de reintegro se debe concluir en el plazo de doce meses a contar desde la fecha de la resolución de inicio del expediente que debe dictar el órgano que firmó la resolución de concesión o el órgano en el que delegue.

Este plazo se puede prorrogar de manera motivada por un período no superior a seis meses, de acuerdo con lo que determinan las normas que regulan el procedimiento administrativo común.

Una vez finalizado el plazo del procedimiento de reintegro sin que se haya notificado la resolución expresa, se produce la caducidad del procedimiento sin que se considere interrumpida la prescripción.

Base 26. Renuncia

26.1 Las personas beneficiarias pueden renunciar de manera expresa a la subvención otorgada, de acuerdo con lo que establece el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. La renuncia se puede efectuar siempre antes del inicio del plazo previsto para presentar la justificación económica de la subvención. Sin embargo, la persona beneficiaria debe reintegrar la cuantía correspondiente a las cantidades percibidas en concepto de subvención, así como los intereses de demora calculados a partir de la fecha de pago de la subvención o de los anticipos efectuados hasta la fecha en que se dicte la resolución de renuncia o hasta el momento en que la persona beneficiaria haya hecho el ingreso efectivo.

26.2 El reintegro de las cantidades percibidas, así como de la cuantía correspondiente a los intereses de demora, se puede hacer efectivo mediante el procedimiento que indica la convocatoria.

Base 27. Revocación

27.1 Son causas de revocación las que establece el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, conjuntamente con las que establecen el artículo 92 bis y el artículo 99 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre , que son las siguientes:

a) El incumplimiento de la obligación de justificación.

b) La obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas.

c) El incumplimiento de la finalidad para la que la subvención se concedió, totalmente o parcialmente, al haber destinado las cantidades percibidas a finalidades diferentes.

d) El incumplimiento de las condiciones impuestas a las personas beneficiarias con motivo de la concesión de la subvención, incluyendo la obstrucción de las actuaciones de control o la resistencia a permitirlas de manera que se impida comprobar la acreditación de haber efectuado el objeto de la subvención.

e) En el supuesto que indica el artículo 94.1, regla cuarta, por el exceso obtenido sobre el coste de la actividad llevada a cabo.

f) La no inclusión o la utilización indebida de los medios que indica el artículo 92.7 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

27.2 El órgano concedente, con la tramitación previa del procedimiento establecido legalmente, debe revocar total o parcialmente las subvenciones concedidas con la obligación por parte de la persona beneficiaria de devolver el importe recibido y de pagar el interés de demora correspondiente, en los supuestos previstos en el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre , y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , general de subvenciones.

27.3 Es igualmente causa de revocación el incumplimiento de los requisitos que establecen estas bases reguladoras y la normativa sectorial que se especifica.

Asimismo, en el caso de las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea, también es causa de revocación el incumplimiento de los requisitos previstos en la normativa europea aplicable para percibir la subvención.

27.4 Sin embargo, dado que la subvención está sometida al régimen de ayudas de Estado, también son causas de revocación las siguientes:

a. Cuando la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad o gastos subvencionables, procedentes de cualquier administración o ente público nacional, autonómico o local, dé lugar a un exceso de financiación pública del proyecto, y se sobrepasen los porcentajes o los umbrales que establecen los reglamentos o las decisiones de la Comisión Europea que le son aplicables.

b. La adopción de una decisión de la Comisión Europea que declare la incompatibilidad del régimen de ayudas con la normativa europea.

Base 28. Nulidad y anulabilidad

De acuerdo con lo que prevé el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el acto de concesión incurra en algún supuesto de nulidad o anulabilidad, el órgano concedente debe hacer la revisión de oficio o, en su caso, la declaración de lesividad y la impugnación ulterior, de conformidad con lo establecen los artículos 106 y 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y los artículos 71 y siguientes de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

Base 29. Publicidad de las subvenciones otorgadas

29.1 El Registro de subvenciones y ayudas de Cataluña debe suministrar a la Base de datos nacional de subvenciones la información sobre las convocatorias de ayudas y subvenciones y las concesiones correspondientes, en los términos que prevén los artículos 18 y 20.8 de la Ley general de subvenciones.

29.2 De acuerdo con el artículo 15.1.c de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la información relativa a las subvenciones y las ayudas públicas concedidas, con indicación del importe, el objeto y las personas beneficiarias, se debe publicar en la Sede electrónica y en el sitio web del órgano convocante, sin perjuicio de lo que establece el artículo 45.2 del Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, según el cual se debe publicar la información relativa a subvenciones y ayudas otorgadas mediante el envío de esta información al Registro de subvenciones y ayudas de Cataluña, al que se debe poder acceder desde el Portal de la transparencia de Cataluña.

29.3 Las subvenciones también están sometidas al régimen de publicidad y transparencia de acuerdo con la normativa específica aplicable que les corresponda.

Base 30. Protección de datos y tratamiento de los datos

30.1 De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, y con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre , de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, los datos de carácter personal se deben tratar con la finalidad de gestionar y tramitar las convocatorias que regulan estas bases, de acuerdo con los principios de seguridad y confidencialidad que establece la normativa sobre protección de datos.

30.2 De conformidad con el Reglamento general de protección de datos , los datos de carácter personal proporcionados los trata el órgano gestor para tramitar la solicitud al amparo de la Ley general de subvenciones . La persona solicitante o beneficiaria puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante el órgano gestor, así como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos.

30.3 Se prevé la comunicación o la cesión de los datos referentes a la subvención entre departamentos y entidades autónomas y otras entidades adscritas al Departamento, en virtud del ejercicio y el control de la función subvencional de la Administración, siempre que la finalidad del tratamiento de los datos sea compatible con la finalidad para la que se recogieron los datos inicialmente, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016.

El órgano gestor debe informar a las personas interesadas del tratamiento de datos de conformidad con lo que establecen los artículos 13 y 14 del Reglamento general de protección de datos (RGPD).

30.4 El tratamiento de datos de las personas en situación de vulnerabilidad especial es objeto de una protección especial, de acuerdo con lo que establece el artículo 28.2.e de la Ley orgánica de protección de datos. Así, el tratamiento de estos datos por parte de personas o unidades diferentes del órgano gestor debe contar con el consentimiento explícito de las personas afectadas o debe estar amparado en una norma con rango legal.

Base 31. Principios éticos y reglas de conducta a los que las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas deben adecuar su actividad, y efectos de un eventual incumplimiento de estos principios

De acuerdo con el artículo 55.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se hacen públicos los principios éticos y las reglas de conducta a los que las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas deben adecuar su actividad, así como los efectos de un eventual incumplimiento de estos, sin perjuicio de que la convocatoria incorpore, en su caso, códigos deontológicos por razón de la especificidad de la materia o el cumplimiento de determinados principios éticos o reglas de conducta que se consideren adecuados para garantizar el interés público o social de la actividad subvencionada y para cumplir el objeto y la finalidad de las subvenciones convocadas.

Principios éticos y reglas de conducta

1. Las personas beneficiarias deben adoptar una conducta éticamente ejemplar, abstenerse de hacer, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta y poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier manifestación de estas prácticas que, a su juicio, esté presente o pueda afectar al procedimiento.

Particularmente, se deben abstener de hacer cualquier acción que pueda vulnerar los principios de igualdad de oportunidades y de libre concurrencia.

2. Con carácter general, las personas beneficiarias de ayudas públicas, en el ejercicio de su actividad, asumen las siguientes obligaciones:

a. Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios o las profesiones correspondientes a la actividad objeto de subvención o ayuda pública.

b. No hacer acciones que pongan en riesgo el interés público.

c. Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en las convocatorias de subvenciones o ayudas, o en los procesos derivados de estas convocatorias.

3. En particular, las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas asumen las siguientes obligaciones:

a. Comunicar inmediatamente al órgano competente las posibles situaciones de conflicto de intereses.

b. No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la adjudicación de la subvención o la ayuda.

c. No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o materiales, ni para ellos mismos ni para terceras personas, con la voluntad de incidir en un procedimiento de adjudicación de una subvención o una ayuda.

d. Colaborar con el órgano competente en las actuaciones que este lleve a cabo para el seguimiento o la evaluación del cumplimiento de las obligaciones que establecen las bases de la convocatoria, particularmente, facilitando la información que se les solicite para estas finalidades relacionadas con la percepción de fondos públicos.

e. Cumplir las obligaciones de facilitar información que la legislación de transparencia impone a las personas adjudicatarias en relación con la Administración o administraciones de referencia, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por previsión legal, en los supuestos que establece el apartado cuarto del artículo 3 de la Ley de transparencia.

f. Incorporar la perspectiva de género e interseccional en la programación de actividades, proyectos y servicios. Se deben especificar, en los anexos de la solicitud según proceda, las metodologías y los indicadores de género utilizados en el proyecto, se debe hacer una descripción de los desequilibrios y las desigualdades concretos detectados entre mujeres y hombres en el ámbito de actuación y que el proyecto pretende abordar, se deben formular iniciativas (la adopción de acciones positivas para corregir las desigualdades detectadas) y se deben incluir indicadores de género (para hacer un seguimiento in itinere y ex post del impacto del proyecto).

Efectos de un eventual incumplimiento de los principios éticos y reglas de conducta

En caso de incumplimiento de los principios éticos y las reglas de conducta, son aplicables el régimen sancionador previsto en la Ley 19/2014, de 29 de diciembre , y las sanciones que establece el artículo 84 en cuanto a las personas beneficiarias de ayudas públicas, sin perjuicio de otras consecuencias posibles que prevea la legislación vigente en materia de subvenciones.

Base 32. Infracciones y sanciones

32.1 Se consideran infracciones y sanciones las previstas en el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre , y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , sin perjuicio de las especialidades que se puedan derivar de la normativa sectorial aplicable.

32.2 Son responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los entes sin personalidad, que por acción u omisión incurran en los casos que estas bases reguladoras tipifican como infracciones.

32.3 En el caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en estas bases reguladoras, es aplicable el régimen sancionador previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , general de subvenciones, y el artículo 101 y siguientes del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre , si este incumplimiento es constitutivo de infracción de acuerdo con dicha legislación, con independencia del reintegro total o parcial de la subvención.

32.4 Asimismo, si durante los controles que lleve a cabo la Intervención General se encuentra con una conducta del sujeto controlado que tiende a entorpecer, dilatar o impedir su actuación, debe proponer al órgano competente que inicie el procedimiento sancionador de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

32.5 Las declaraciones responsables comportan que la persona interesada dispone de la documentación pertinente acreditativa de los datos declarados. Si la Administración comprueba la inexactitud o falsedad de los datos declarados, este hecho conlleva, con la audiencia previa a la persona interesada, dejar sin efecto el trámite correspondiente.

Si la legislación aplicable tipifica esta conducta como infracción, da lugar a la incoación del expediente sancionador oportuno, de acuerdo con el régimen sancionador al que hace referencia el apartado anterior.

Base 33. Funciones de verificación y de control de las actuaciones subvencionables

33.1 Los órganos competentes de la entidad subvencionadora tienen la facultad de hacer las verificaciones que sean necesarias para comprobar las actuaciones y los datos que justifican otorgar la subvención y que las cuantías abonadas han sido destinadas a sufragar los gastos que conlleva la ejecución del objeto de la subvención.

33.2 El órgano concedente debe hacer actuaciones específicas de verificación a raíz de denuncias o de la existencia de indicios de fraude o irregularidad en la ejecución de la actividad financiada por estas subvenciones.

33.3 Las personas beneficiarias de las subvenciones se deben someter a las actuaciones de verificación que el órgano concedente considere necesarias y a las que efectúen los organismos competentes de la Administración autonómica, estatal y comunitaria. Asimismo, el Departamento puede inspeccionar el desarrollo de los proyectos y las acciones subvencionadas para comprobar el cumplimiento del objeto de la subvención de acuerdo con la normativa vigente.

33.4 Las actuaciones de verificación y de inspección pueden afectar también a la comprobación de la veracidad de la información que indique la persona beneficiaria sobre la base de datos o documentación comercial en posesión de terceros.

33.5 De acuerdo con el artículo 46.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la negativa al cumplimiento de la obligación de las personas beneficiarias o de terceros de prestar colaboración y facilitar la documentación que se les requiera, en ejercicio de estas funciones de verificación y de inspección, se considera resistencia, excusa, obstrucción o negativa y, por tanto, causa de revocación -y de reintegro, si procede- de la ayuda, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder.

33.6 Las personas beneficiarias están obligadas a facilitar toda la información que les requieran la Intervención General de la Generalitat, la Sindicatura de Cuentas u otros órganos competentes, de acuerdo con el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.