Hacienda logra que los ayuntamientos se fusionen pese al veto de los alcaldes

El Gobierno mantiene en su proyecto de reforma de la Administración local que aprobará este mes la mayor parte de los planes de reorganización, recorte y ahorro que provocaron la rebelión de los alcaldes el pasado verano. Lo único que queda pendiente de cerrar con la Federación Española de Municipios es una posterior modificación de la ley electoral para reducir el número de concejales, y un acuerdo sobre baremos de retribución (a la baja) de los alcaldes, que se establecerán al final en los Presupuestos Generales del Estado.

Elconfidencial.com 10.12.12

En fuentes gubernamentales y de la dirección del PP dan por terminado el pulso entre el equipo económico del Ejecutivo y los ediles propios y socialistas, pero insisten en que los cambios de fondo en la Administración local se aprobarán en el último Consejo de Ministros del año o a primeros de enero. Dependerá de lo que prefiera a última hora Mariano Rajoy: o colocarlas en el balance del primer año en el poder que hará el próximo día 28 como un punto incluido dentro del proyecto general de reformas, o anunciar esos cambios como primer reto para la reorganización de las Administraciones, el gran objetivo del Gobierno para 2013.

En el guión que maneja el Partido Popular sobre el desarrollo de la reforma de las Administraciones públicas, al que ha tenido acceso El Confidencial, se fija el compromiso de que en la nueva ley de Bases del Régimen Local se concretarán las competencias de las entidades locales para evitar duplicidades y se revisará “el entramado institucional” de ayuntamientos, diputaciones y cabildos, “suprimiendo aquellas entidades que no cumplan con sus obligaciones de rendir cuentas o aquellas otras que no tengan asegurada su sostenibilidad financiera”.

La reforma del Gobierno recogerá, además, las principales exigencias planteadas desde el principio por el Ministerio de Hacienda para ahorrar fondos públicos: reforzar las funciones de las Diputaciones provinciales, fomentar “la agrupación de servicios” y “la fusión voluntaria de pequeños municipios”. El Gobierno insiste en que las Diputaciones presten los servicios de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes o con menos recursos para optimizar el gasto y las inversiones, en acabar con las mancomunidades organizadas como puro aparato burocrático y en empezar a reducir el actual número de municipios (8.116), al menos en el orden práctico.

Queda pendiente de cerrar la negociación con la FEMP en los aspectos de la reforma municipal que el Gobierno considera secundarios porque no suponen un ahorro importante ni se pueda acometer inmediatamente: la reducción en número de los 68.462 concejales que hay en España y los sueldos de alcaldes y ediles. El Ejecutivo ha querido ‘dar juego’ a los alcaldes en conversaciones que culminaron hace diez días con una entrevista entre Rajoy y el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, el popular Íñigo de la Serna.

Cambios en la ley electoral de acuerdo con el PSOE

El problema del exagerado número de concejales se abordará en otra reforma, la de la ley orgánica del Régimen Electoral General y se buscará el respaldo de los demás partidos, en especial el del PSOE. El Partido Popular y los socialistas suman el 70% de los ediles. Para culminar ese recorte de representantes municipales, que el Gobierno quiere que sea de un 30%, habrá que esperar a mayo de 2015, cuando se celebren los próximos comicios y terminen mandato los actuales consistorios. La mayoría de los concejales no cobra sueldo, pero, como en el caso de los diputados autonómicos, en el PP consideran de sentido común, ejemplarizante y urgente que se concrete ya un recorte de cargos públicos en todos las Administraciones del Estado, como ya se ha hecho en la central y en algunos ejecutivos regionales.

El caso de los sueldos de los alcaldes también está sobre la mesa. Al final, Hacienda renuncia a imponer los recortes por su cuenta (pero no a que se hagan) y la FEMP ha sido escuchada. El Gobierno presentará como fruto del acuerdo y de las propuestas de los alcaldes los criterios con que se fijarán las remuneraciones en cada Ayuntamiento, según su peso de población y situación económica. De cualquier forma, se impondrá el principio de que no lo podrá decidir cada Consistorio por su cuenta, ni tampoco habrá alcaldes que ganen, por ejemplo, un 50% más que un ministro y superen los 100.000 euros anuales, como ocurre ahora. Se aplicarán topes salariales y no podrán superar los ingresos de los miembros del Gobierno.

“Los Presupuestos Generales del Estado (Ejecutivo) establecerán unos baremos de la retribución de alcaldes y concejales en función de las características de los municipios”, según puntualizan fuentes del PP. Hacienda podrá así controlar esos gastos directamente, aunque los tramos de esos salarios sean los que indique la FEMP.

Tarea para más de una legislatura

En los mismos medios reconocen que el gran reto de reforma general de la Administración es sumamente complejo, requiere el concurso del PSOE y, aunque no quieran meterse en cambios en la Constitución, afecta a los estatutos de autonomía y a un entramado de aparato político y de intervención en la economía en continua expansión desde hace tres décadas. Es una tarea que no se podrá culminar en una sola legislatura y que requerirá entrar en muchos ámbitos sobre los que el Gobierno carece de competencias, insisten en el PP.

No obstante, el Ejecutivo de Rajoy presume de haber acometido ya severas reformas y cambios en la Administración central que se deben aplicar ahora en la municipal y en la autonómica. Bajo la premisa de “una Administración, una competencia”, el Gobierno quiere seguir en cascada su programa de reorganización y ahorros en todo el Estado.

Nada más llegar al poder, el gabinete del PP redujo en un 20% los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado, luego aprobó la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que obliga a toda Administración pública a contener sus gastos y también aplicó un plan de racionalización del sector empresarial con liquidación y agrupación de sociedades y reducción de cargos y salarios.

El Gobierno también se apunta en ese capítulo de reformas de la Administración la ley de transparencia en trámite parlamentario, los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local, que aprobaron planes de reordenación de los respectivos sectores públicos, y la puesta en marcha de la comisión para la reforma de las Administraciones públicas creada el pasado mes de octubre para “auditar” todo el Estado con el fin de proponer a partir del próximo verano medidas de simplificación y gestión en el funcionamiento de toda la Administración.

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