Una nueva ordenanza permitirá ceder o quitar locales municipales en Cádiz “de forma arbitraria” al Gobierno local de turno

Facua Cádiz denuncia que la ordenanza reguladora de la cesión de locales municipales, aprobada en el pleno municipal ordinario de septiembre, este mismo lunes, “sólo tiene como finalidad proporcionar respaldo legal al Ayuntamiento para poder desalojar a esta organización del local que actualmente le tiene cedido”.

Diariobahiadecadiz.com 25.09.12

Esta asociación de consumidores, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, recuerda que, como respuesta a las críticas vertidas contra el Gobierno local del PP, éste intentó desalojarla de su sede, ubicada en un local de la Avenida de propiedad municipal desde hace más de 17 años, “lo que, finalmente, no consiguió, dado que, judicialmente, la asociación consiguió la anulación del procedimiento iniciado a tal fin”.

Facua fundamenta su acusación en que el contenido de la nueva norma “legitima la arbitrariedad del Ayuntamiento a la hora de decidir qué colectivos son merecedores o no de la cesión de locales, o a quienes se le retira los ya cedidos”. También señala que el Consistorio “se ha negado a publicar un listado de los inmuebles que actualmente se encuentran cedidos y quiénes los disfrutan, tal y como se reclama desde esta organización”.

Por todo ello, el colectivo, que en reiteradas ocasiones había solicitado la aprobación de esta norma, anuncia que va a estudiar la posibilidad de recurrirla judicialmente, al considerar que parte de su contenido “puede vulnerar la normativa vigente”.

“ARBITRARIEDAD Y FALTA DE TRANSPARENCIA”

A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza, la petición de cesión de locales municipales por parte de las asociaciones será decidida por el equipo de Gobierno de turno (no por el pleno) “atendiendo a que éste, de forma subjetiva o de acuerdo a su ideología, determine que los fines de la asociación que solicita el local son o no prioritarios ante los de otros peticionarios”.

De esta manera, a modo de ejemplo, Facua señala que el Gobierno local “puede hacer prevalecer unos determinados fines en detrimento de otros consagrados por nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico”. De esta forma, “puede considerar más importante los fines de una secta religiosa que los de un sindicato, un colectivo ecologista o una organización de consumidores”.

En las alegaciones a la ordenanza presentadas por Facua Cádiz también se solicitaba la elaboración de un catálogo de dichos locales, “lo que ha sido rechazado por el Ayuntamiento alegando la imposibilidad de hacerlo debido a la ‘gran cantidad de cambios que se producen en lo relativo a los inmuebles de pertenencia municipal’, afirmación que, de ser cierta, supondría que el Ayuntamiento reconoce su incapacidad de controlar su propio patrimonio”. Para este colectivo, es “especialmente preocupante y significativa” tanto la negativa municipal a aceptar esta propuesta (que figura en las ordenanzas que regulan este asunto en Jerez y Sevilla), como el argumento que se utiliza para justificar su postura.

La nueva ordenanza también permite que, “también de forma totalmente arbitraria”, el Consistorio decida “qué asociaciones deben o no ser supervisadas, en orden a comprobar el cumplimiento de las normas de uso de estos locales”. Facua había solicitado que la misma recogiera la obligatoriedad de elaborar un plan anual de supervisión, lo que también ha sido rechazado.

FALTA DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO

Por otro lado, se vuelve a denunciar la falta de participación durante todo el proceso de elaboración de la cuestionada ordenanza. A juicio de esta organización, el Ayuntamiento “debiera haber dado la suficiente publicidad a la iniciativa y haber solicitado la opinión de las organizaciones sociales de la ciudad”.

Por el contrario, el Gobierno municipal del PP “ha vuelto a limitarse a cumplir con la publicación oficial de la propuesta inicial, requisito ineludible para su tramitación legal”. Ello ha originado, según señala Facua Cádiz, que la aprobación de la norma “haya pasado desapercibida para las organizaciones sociales”, lo que ha quedado patente en el hecho de que las únicas alegaciones presentadas hayan sido las de esta organización (además de las de los grupos políticos de la oposición municipal).

Finalmente, se lamenta que el Ejecutivo de Teófila Martínez haya vuelto a impedir la intervención del presidente de Facua Cádiz en el debate sobre este asunto en el pleno municipal, antes de la exposición de los concejales -sí se permitió al final del mismo-, tal y como había solicitado esta organización, “con el objetivo de poder defender sus planteamientos, acogiéndose a la posibilidad que, a este respecto, recoge la normativa vigente”.

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