elcomercio.es - 19/04/2012
La ordenanza de limpieza y recogida de residuos, de momento, se queda en suspenso tras la polémica causada por la implantación del sistema de cubos y la obligación que se imponía a las comunidades de vecinos de gestionar ellas mismas la colocación y retirada de los contenedores.
El alcalde de Siero, Eduardo Martínez Llosa, ha decidido paralizar su aplicación después de recibir las alegaciones presentadas tanto por asociaciones de vecinos como por grupos políticos. El Ayuntamiento se había comprometido a atender a las sugerencias y reclamaciones presentadas, y así lo ha hecho. Las cosas se quedan como estaban y, el año que viene, cuando se cierre el nuevo contrato de recogida de residuos, se negociará con la empresa adjudicataria para que sea ella misma la que dé el servicio de los cubos.
De este modo, se evitará que las comunidades tengan que organizarse para colocar y retirar los cubos, limpiarlos y responsabilizarse de los mismos, o que tengan que contratar a una empresa para que les preste este servicio. Si finalmente se incluye en el contrato de recogida, habrá una sola empresa encargada de todo lo relacionado con la basura en el municipio, simplificando notablemente la logística.
Alegaciones
Entendemos que no es el momento de aplicar esta ordenanza, asegura Llosa, que satisface de esta manera una de las principales quejas vecinales sobre esta nueva normativa. El texto fue redactado por el anterior equipo de gobierno socialista, y aprobado posteriormente por unanimidad en Pleno pero, cuando su contenido se hizo público, comenzó a despertar los recelos de los sierenses, que no sólo estaban en contra del sistema de gestión de los cubos, sino que argumentaban otras cuestiones como la necesidad de realizar un estudio económico o de regular más claramente la responsabilidad de la vigilancia y la aplicación del sistema de sanciones.
Aún quedan pendientes de resolver todas estas otras cuestiones, como también si se modificará la cuantía de las multas por incumplir la normativa, un punto solicitado tanto por Izquierda Unida como por el PINSI, que pedía una rebaja del 50%, o diversos artículos relacionados con la tenencia de animales o el fomento del reciclaje.
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