El Gobierno canario inicia la consulta pública de la Ley de Empleo Público

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha iniciado este la fase de consulta pública previa a la aprobación del proyecto de ley de Empleo Público de Canarias con el fin de recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones interesadas.

Lavanguardia.com 15.10.20

Las aportaciones podrán realizarse durante los próximos 29 días naturales a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa, ha informado la Consejería en un comunicado.

La nueva Ley de Empleo Público de Canarias, que se espera que entre en el Parlamento de Canarias en 2021, es una de las cuatro leyes con las que el Ejecutivo autonómico quiere establecer un cambio en la estructura organizativa y en la gestión de las administraciones públicas, para que sean den un servicio más transparente y eficiente.

Las otras tres leyes son la de Gobierno y Administración Pública, la de Régimen Jurídico del Sector Público y la de Gobierno Abierto.

La nueva ley de Empleo Público sustituirá a la Ley de la Función Pública Canaria, que data de 1987, aunque ha tenido modificaciones puntuales desde entonces.

En estos más de treinta años, la estructura organizativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la gestión y tratamiento del empleo público han crecido y evolucionado, así que, por seguridad jurídica, es obligado "asentar los principios sobre los que articularlo", ha manifestado la directora general de Función Pública, Laura Martín.

Además, más de una treintena de los artículos y siete de las disposiciones de la actual Ley de Función Pública de Canarias se han visto afectadas por leyes estatales posteriores.

Entre los objetivos de la futura Ley de Empleo Público de Canarias está actualizar el ordenamiento jurídico autonómico en materia de empleo público asentando jurídicamente las bases, los principios y procedimientos sobre el que estructurar una administración pública moderna y tecnológicamente adaptada.

También se busca conseguir una evolución del modelo organizativo y de gestión del empleo público que permita disponer de una estructura del empleo público flexible y adecuada, tanto en número de recursos como en su capacitación, y ajustar su organización a situaciones de necesidad.

"En el actual contexto de crisis económica y sanitaria constituye una necesidad de primer orden el disponer de una administración pública moderna, flexible y capacitada que permita, con los recursos de los que dispone, responder en tiempo a las necesidades de la sociedad", indica Martín.

Un tercer objetivo es fomentar la disposición de un empleo público motivado, formado y capacitado, tanto desde su selección como en el desarrollo de su carrera profesional.

Otra novedad será la inclusión de un apartado específico relativo a la incorporación de la perspectiva de género, con mecanismos de protección a las empleadas públicas que padezcan una situación de acoso laboral o de violencia de género familiar.

También se incorporan medidas de equilibrio desde la perspectiva de género para la asunción de cargas familiares, como el acceso en condiciones de igualdad a los puestos directivos de responsabilidad dentro del empleo público, entre otros aspectos.

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