La Junta de Andalucía aprueba 44 nuevas plazas para el cuerpo de inspectores de Educación

 30/08/2019
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El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado la oferta de empleo público de 2019 para el acceso al cuerpo de inspectores de Educación con 44 plazas. Esta oferta tiene como objetivo dotar de estabilidad a la plantilla y reducir el porcentaje de provisionalidad de este colectivo, ya que desde 2015 no se había realizado una convocatoria de oposiciones. La plantilla de inspectores de Educación está integrada actualmente por 284 funcionarios.

diariosur.es 29.08.2019

Cuatro de las plazas se han reservado para el acceso al cuerpo, mediante concurso de méritos, de aquellos profesores que, reuniendo los requisitos generales de la convocatoria, hayan desempeñado el cargo de director con evaluación positiva al menos tres mandatos (12 cursos).

Para participar en el proceso selectivo es necesario estar en posesión del título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto, grado o título equivalente, pertenecer a alguno de los cuerpos que integran la función pública docente, y acreditar una antigüedad mínima de seis años como funcionario y una experiencia docente de igual duración.

Las plazas se cubrirán mediante concurso-oposición. La fase de oposición constará de una prueba en la que se valorarán los conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa adecuada a la función inspectora, así como los conocimientos y técnicas específicas para el desempeño de la misma. Esta prueba se dividirá en tres partes: un análisis por escrito de un caso práctico, el desarrollo por escrito de un tema referido a la parta A del temario y una exposición oral de un tema de la parte B del temario. Los aspirantes a las plazas previstas para los directores no tendrán que someterse a la fase de oposición.

La Unión Sindical de Inspectores exige abordar el estatuto de la función pública docente

La Unión Sindical de Inspectores de Educación reclama a los partidos políticos y al resto de sindicatos que aborden el estatuto de la función pública docente. Será una de las cuestiones que abordará este colectivo en el XX encuentro nacional de inspectores de Educación que se celebrará en Sevilla entre los días 23 y 25 de octubre.

Tras casi doce años desde la publicación del Estatuto Básico del Empleado Público, “se hace necesario afrontar, de una vez por todas y sin más excusas, una carrera profesional docente que permita la mejora del desempeño, seleccionar de manera rigurosa a los más cualificados para la docencia, la promoción objetiva en el escalafón, la equiparación salarial entre administraciones y la eliminación de los puestos designados de

forma arbitraria por la autoridad política (entre ellos la Alta Inspección)”, señala la Unión Sindical de Inspectores de Educación. Consideran urgente acometer un modelo de evaluación continua, objetiva, vinculada a un plan de formación y con efectos retributivos y profesionales tanto de equipos directivos como de profesores, así como el blindaje de la autonomía e independencia técnica de la inspección, como garante de derechos educativos, reforzando su condición de autoridad pública, en

consonancia con el mandato del artículo 27.8 de la Constitución. “El Estatuto de la Función Pública Docente debe formar parte de ese gran pacto por la educación, sacado de la agenda política por intereses partidistas”, reclama este sindicato.

Por su parte, en la fase de concurso se valorará la trayectoria profesional de los candidatos, sus méritos específicos como docentes, el desempeño de cargos directivos o la pertenencia a alguno de los cuerpos de catedráticos.

Respecto al concurso de méritos, el procedimiento consistirá, además de la valoración de dichos méritos requeridos, en la defensa de una Memoria de actuación para el ejercicio de la función inspectora, que permitirá evaluar los conocimientos de los aspirantes sobre las funciones y las técnicas específicas de la Inspección, de acuerdo con la normativa que regula la función inspectora en Andalucía, y que será presentada junto con los méritos a considerar. Como es habitual en todos los procedimientos selectivos de la Junta de Andalucía, se reservará un 10% de las plazas para personas con discapacidad, cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%.

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