Hacienda lidera el ranking de transparencia de las cuentas públicas de la UE

El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha inaugurado el Curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre “Reforma Administrativa y Transparencia en las Administraciones Públicas”. El Secretario de Estado ha explicado que el departamento que dirige Cristóbal Montoro publica periódicamente el déficit en términos de contabilidad nacional de la Administración General del Estado, la regla de gasto de las CCAA, la ejecución presupuestaria, el déficit de las CCAA en contabilidad nacional y presupuestaria, el endeudamiento y el periodo medio de pago de las CCAA y las Entidades Locales.

18 de julio de 2016.- De esta forma, ha dicho Beteta, España se ha convertido en el país de la UE que ofrece más información sobre sus cuentas públicas.

El impulso de la transparencia, el acceso a la información y el buen gobierno se han convertido en uno de los mayores agentes transformadores de la profunda reforma administrativa que ha impulsado el Gobierno desde 2012. Una reforma, ha dicho Beteta, que ha generado unos ahorros estimados en más de 35.000 millones de euros para el conjunto de las Administraciones Públicas, los ciudadanos y las empresas.

Beteta se ha referido a la capacidad de la transparencia para transformar la acción política y hacerla más cercana al ciudadano, que desde su ordenador o Smartphone, puede tener acceso ágil y sencillo a informaciones de primer nivel y relevancia que, hasta hace poco, resultaban prácticamente inaccesibles.

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno ha supuesto un cambio trascendental para las Administraciones Públicas y para la propia sociedad y está siendo un instrumento activo de mejora de la calidad de la democracia. Impulsada por el Gobierno y los agentes sociales, obliga a todos los poderes del Estado y al conjunto de las AAPP a contestar cualquier petición de información de cualquier ciudadano, siempre que no entre en conflicto con otro interés protegido.

La Ley se aplica a todas las Administraciones y poderes públicos, como la Casa Real, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, incluidas las Universidades Públicas. La Administración está obligada a difundir información de interés para el ciudadano, introduciéndose así una nueva cultura administrativa, que se abre al ciudadano y a la sociedad.

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Para garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, en su Título III establece la creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, encargado de promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las normas de buen Gobierno. Un organismo que actúa con absoluta independencia y autonomía, razón por la cual su titular permanece en el cargo durante 5 años.

PORTAL DE TRANSPARENCIA

El Portal de Transparencia nació como instrumento de esta Ley, para aglutinar toda la información y ser centro receptor de todas las consultas que formulen los ciudadanos. Pone a disposición de los ciudadanos una gran cantidad de información, de tipo institucional, normativa y económica, que antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia era de carácter reservado o poco conocido y está logrando que los ciudadanos se acerquen a la Administración para conocer su funcionamiento.

Prueba de su éxito es el hecho de que el Portal de Transparencia haya recibido más de 5 millones de visitas y casi 5.000 solicitudes de acceso a la información desde el 10 de diciembre de 2014, cuando entraron en vigor las obligaciones de transparencia y acceso a la información para todos los organismos del Estado.