La Abogado General de la UE considera que el Plan de Pago a Proveedores es compatible con las Directivas europeas

 13/05/2016
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La Abogado General de la Unión Europea ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sus conclusiones ante una cuestión prejudicial planteada por un juzgado de Murcia, que tenía dudas sobre si la renuncia a los intereses de demora que establece el mecanismo de Pago a Proveedores era compatible con las directivas comunitarias que incluyen medidas contra la morosidad en operaciones comerciales.

- En línea con lo defendido por el Reino de España, considera que la norma estatal por la que los proveedores pudieron cobrar sus deudas con las Administraciones Territoriales no contradice las directivas comunitarias contra la morosidad en operaciones comerciales

- La Abogado General señala ante el Tribunal de Justicia de la UE que adherirse al plan era voluntario y que los acreedores podían optar por no hacerlo y conservar su derecho al pago de intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro a cambio de esperar más para cobrar

- Responde a una cuestión prejudicial de un juzgado de Murcia al que recurrió una sociedad financiera que había adquirido a empresas proveedoras del Servicio Murciano de Salud derechos de cobro sobre facturas impagadas

12 de mayo de 2016.- En estas conclusiones, la Abogado General, en línea con lo defendido en el procedimiento por el Reino de España, propone al Tribunal de Justicia de la UE que responda al Juzgado de Murcia que lo que establece por el Plan de Pago a Proveedores del Gobierno de España no se opone a la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en particular, su artículo 3, apartado 3, así como la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en particular su artículo 7, apartados 2 y 3.

La Abogada General recuerda que el mecanismo de financiación preveía el pago “acelerado” del principal adeudado por una Administración Pública siempre que el acreedor renunciara a su derecho al pago de los intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro. Dado que la adhesión al citado mecanismo era voluntaria por parte del acreedor, éste podría optar por no sumarse al mismo y conservar así su derecho a recibir intereses de demora y una compensación por los costes de cobro.

En el escrito de conclusiones presentado hoy ante el Tribunal de Justicia de la UE, la Abogado General señala que, aunque el representante de la Comisión Europea argumentó que, en cierto modo, el mecanismo no era voluntario y que, de hecho, los acreedores no tenían elección, tal alegación resulta “infundada” teniendo en cuenta que el Gobierno español ha aclarado que “todos los acreedores que optaron por no adherirse al mecanismo ya han recibido efectivamente el pago íntegro”.

Asimismo, la Abogada General señala que los acreedores que se sumaban al Plan de Pago a Proveedores se acogían a un nuevo derecho, “el derecho al pago inmediato”, a cambio de renunciar a los derechos al pago de intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro. En su opinión, nada en la Directiva 2011/7 se opone a que un acreedor celebre legalmente un acuerdo voluntario con el deudor “por el cual ha de recibir el pago inmediato del principal adeudado con arreglo al contrato a cambio de renunciar a los derechos a los que podría de otro modo tener en relación con los intereses de demora y con la compensación de los costes de cobro”. A su juicio las disposiciones de tal acuerdo no constituyen <<una cláusula contractual o una práctica abusiva>>, a los efectos del artículo 7, apartados 1 a 3, de la Directiva, ni, por extensión, son <<manifiestamente abusivas>>, siempre que el derecho a esperar el pago total “fuera real y no ilusorio”. Se trata simplemente de una práctica comercial habitual, como es acordar descuentos por pronto pago.

Las conclusiones presentadas por la Abogado General están alineadas con la posición defendida por el Reino de España ya que, aunque las mismas no son vinculantes para el Tribunal de Justicia de la UE y habrá que esperar a la sentencia, sí que son seguidas en la mayoría de las ocasiones.

Hay que recordar que el Gobierno de España puso en marcha el Plan de Pago a Proveedores en 2012 para beneficiar a las empresas proveedoras de servicios y suministros de ayuntamientos y comunidades autónomas que tenían miles de facturas pendientes de cobro, y dio solución a un problema de morosidad que no se había atajado, ni a nivel nacional, ni tampoco en el ámbito de la Unión Europea. En aquel año, la mayoría de las entidades territoriales no tenían acceso al mercado para financiarse, por lo que existía una situación crítica no sólo para las finanzas públicas de comunidades y ayuntamientos, sino para la supervivencia de miles de pequeñas y medianas empresas y autónomos, víctimas de la morosidad.

Según un informe del Banco de España, gracias al mecanismo de financiación, se desbloquearon los pagos y se canalizaron fondos al sector privado que pudieron salvar alrededor de 400.000 empleos de las empresas afectadas. Según las cifras disponibles de 2016, a través del Plan de Pago a Proveedores, del Fondo de Liquidez Autonómico, y del resto de los mecanismos adicionales de financiación, se ha movilizado liquidez para satisfacer los vencimientos, las facturas de proveedores y las deudas en general con las Administraciones públicas por un importe total de 201.559 millones de euros.

Igualmente, los proveedores se han mostrado satisfechos con las medidas adoptadas y, de hecho, las principales asociaciones empresariales afectadas han remitido cartas a la Comisión expresando su plena satisfacción con los resultados del Plan de Pago a Proveedores.

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