Beteta: “Las políticas de inclusión de las personas con discapacidad mejora la calidad del empleo público”

El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha señalado que el Gobierno está llevando a cabo un gran número de políticas de igualdad, consciente de que la mejor garantía de integración es el empleo, y que esta integración aporta un valor añadido al servicio público y mejora su calidad.

- El colectivo de personas con discapacidad supone el 16,7% de la población total, casi 4 millones de personas

- La Oferta de Empleo Público supera los cupos mínimos que estipula la Ley

7 de octubre de 2015.- Durante el discurso de clausura del acto de presentación del Libro Blanco sobre la inclusión en el empleo público de las personas con discapacidad, Antonio Beteta ha explicado que esta trascendencia se materializa en un colectivo de casi 4 millones de personas, lo que supone un 16,7% de la población total que presenta, además, niveles formativos superiores a la media, con un 77,3% con estudios secundarios, frente al 49,1% de media del total, lo que desmonta antiguos mitos en cuanto a la cualificación y preparación de las personas con discapacidad.

Beteta ha recordado que el Gobierno ha apostado por la inclusión de las personas con discapacidad, colaborando con CERMI, e impidiendo que se pusieran en riesgo las políticas de integración social de las personas con discapacidad desde la óptica de la igualdad de oportunidades y de la garantía de derechos y el respeto a la diversidad.

El Secretario de Estado de Administraciones Públicas ha señalado que el Estatuto Básico del Empleado Público determina en su artículo 59 que el cupo de reserva de plazas que deben ser cubiertas por personas con discapacidad no debe ser inferior al 7% y con un 2%, al menos, para personas con discapacidad intelectual. Paralelamente, la Ley Orgánica del Poder Judicial determina lo mismo para el personal de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. En concreto, un cupo no inferior al 5% para personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%.

Beteta ha indicado, además, que no es necesario modificar la ley para incluir ofertas anuales en porcentaje superior al cupo establecido, por lo que la Oferta de Empleo Público es, de hecho, un agente de inclusión social que favorece la igualdad de las personas con discapacidad. Algo que también se percibe en la obligación de que las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual, en ingreso libre, se hagan en convocatoria independiente, lo que supone fomentar la práctica de acciones positivas para las personas con discapacidad que favorecen la igualdad de oportunidades.