Los ayuntamientos pierden casi el 20% de sus trabajadores esta legislatura

 05/01/2015
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Son los empleados públicos que más están sufriendo los recortes de personal por culpa de la crisis

hoy.es 05.01.2015

La Administración local (ayuntamientos sobre todo, pero también mancomunidades y diputaciones) es quien está sufriendo especialmente la crisis dentro del sector público. Es una realidad que se venía percibiendo desde hace tiempo y que confirman los últimos datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Según el último registro de personal, referido al pasado mes de julio aunque fue publicado hace solo unos días, el número de empleados públicos en la administración local ha caído un 18,7% desde julio de 2011. Es decir, en los tres primeros años de la legislatura han perdido 5.716 trabajadores, hasta llegar a los 24.931.

Este descenso es más llamativo sobre todo si se compara con el del resto de administraciones que tienen presencia en Extremadura. Es decir, en el mismo periodo de tiempo el número de funcionarios que dependen del Estado (como policías, militares o demarcación de carreteras, por ejemplo) ha descendido un 6,9%. Y la plantilla dependiente de la Universidad de Extremadura lo ha hecho en un 3,8%.

Finalmente, el personal que trabaja para la Junta ha bajado en este periodo en apenas un 4%, a pesar de las declaraciones públicas que han realizado sus responsables políticos. Sin ir más lejos, el entonces consejero de Administraciones Públicas Pedro Tomás Nevado-Batalla aseguraba en una entrevista publicada en HOY en septiembre de 2011 que “la administración debe adelgazar porque económicamente es insostenible”.

Sumando todas las administraciones, en julio pasado había 86.004 empleados públicos, que son 8.631 menos (9,2%) de los que había tres años antes.

Analizando los datos se llega a la conclusión además de que el mayor esfuerzo en cuanto a la reducción de las plantillas se produjo en los primeros años de la legislatura. De hecho, en relación a los últimos doce meses, el total de los empleados públicos en la región ha crecido, aunque en apenas 500 personas.

Empleos estratégicos

En cuanto a colectivos concretos, los números desprenden que en algunos casos los recortes no han sido tan elevados como se podría pensar tras las declaraciones públicas de los últimos años. Es decir, la región tiene 165 policías y guardias civiles menos que hace tres años, un descenso del 4,2%. Más considerable ha sido la bajada en el número de militares, de 355 (8,5%). Mientras la plantilla del Ministerio de Justicia en la región cayó un 1,4%.

En cuanto al personal dependiente de la Junta de Extremadura, el número que desempeña su labor en la consejerías y sus organismos autónomos (lo que se viene llamando administración general) ha bajado en un 3,6%, mientras que el de educación (fundamentalmente docentes), lo ha hecho en un 5,4%. Finalmente, la plantilla dedicada a sanidad (se entiende que la del SES y otros organismos como el Sepad) ha adelgazado un 2,8% en estos tres años.

Benito Román, presidente autonómico del sindicato CSI-F en Extremadura, mayoritario en la función pública, explica que la reducción del número de funcionarios responde a una intención del Gobierno de adelgazar las plantillas y se articula con la medida de limitar al 10% la tasa de reposición. Es decir, que el Estado solo permite que en servicios esenciales como educación se cubra una plaza por cada diez trabajadores que se jubilan o fallecen.

También argumenta Román que la administración local está sufriendo más la situación porque en su caso de nutre mayoritariamente de empleo eventual, trabajadores que entre otros proceden de los planes públicos de empleo o de las bolsas creadas a tal fin. Por eso, ante las dificultades económicas, sus contratos no son renovados.

Para el responsable de CSI-F, todas estas medidas “hacen tambalear el estado del bienestar”, ya que afectan a pilares básicos como la seguridad, la sanidad, la educación o los servicios sociales. Asimismo, considera insuficiente la suavización de esta tasa de reposición, que este año crece del 10% al 50%, porque considera que sigue ofreciendo una cobertura insuficiente. “de cada diez plazas que quedan libres, solo se podrán recuperar cinco”, remacha.

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