El Gobierno y los sindicatos negociarán un nuevo catálogo para enfermedades graves

 14/01/2013
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Cuando un empleado público de las consejerías del Principado no puede acudir al trabajo por motivos de salud debe avisar a la secretaría general técnica correspondiente. Es el primer paso de un protocolo que la Dirección General de Función Pública y los sindicatos de los funcionarios tendrán que acabar de perfilar en las próximas semanas para consensuar el catálogo de enfermedades graves y, sobre todo, unificar criterios, ante los cambios legales que derivan del decreto del Gobierno de Mariano Rajoy.

La Nueva España

<<Con las nuevas normas, los secretarios generales técnicos de las consejerías se han convertido en médicos improvisados, que deciden sobre los permisos relacionados con enfermedades>>, asegura el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, José Antonio Fernández Morán. <<Los secretarios generales técnicos deciden si dan permiso o no a la vista de los certificados que llevan los trabajadores. En las últimas semanas ya se han dado casos de trabajadores que con el mismo motivo de ausencia recibían respuestas diferentes. Por eso hace falta aunar criterios para que todos los empleados públicos reciban idéntico trato>>, planteó Fernández Morán, quien admitió la disponibilidad del director general de Función Pública, José María Gancedo, para dar respuesta a esta nueva realidad en las relaciones laborales de la Administración.

Otra de las situaciones a corregir, según los sindicatos, es la definición de las enfermedades graves. Ahora en los primeros días de baja recibe el mismo tratamiento salarial un empleado que sufra una simple gripe o un tumor. <<El cáncer está considerado como una enfermedad común y el trabajador que lo sufre bastante desgracia tiene como para que encima se le practique el mismo descuento salarial en los primeros días de baja que a quien tiene una dolencia mucho más leve>>, cuestionó el coordinador de Usipa, José Luis González.

El Principado llegó a poner en marcha en 2005 un plus de productividad para reducir el absentismo, que tres años después fue retirado porque, según los sindicatos, se demostró que era innecesario.

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