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Mantiene la Sala la jurisprudencia relativa a los aspirantes de buena fe que obtuvieron plaza en procesos selectivos en los que, por sentencia firme, se dispone la retroacción de las actuaciones a fin de que se sigan, respecto de aquellos en cuyo favor se falla, las fases del proceso selectivo afectadas por los vicios que determinaron la estimación de las demandas.

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Se plantea ante la Sala si el derecho al reconocimiento del grado personal con base en el art. 70.2 del Reglamento aprobado por el RD 364/1995, es extensible o no a los funcionarios interinos que no han adquirido la condición de funcionarios de carrera; por otro lado, si la vigencia de la acción para solicitar el reconocimiento del grado personal consolidado, ejercida por quienes fueron funcionarios interinos de un determinado cuerpo, está condicionada al mantenimiento de la relación profesional en el mismo cuerpo, o a la adquisición de un nuevo nombramiento interino en dicho cuerpo, o si es posible solicitarlo en el caso de ser funcionario interino en un diferente Cuerpo.

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Se anula el RD 366/2024, de ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el RD 2808/1980, en materia de enseñanza -homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros-.

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Revoca la Sala la sentencia recurrida y declara que los recurrentes han de ser indemnizados por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, por los perjuicios sufridos al haber sido sometidos a prisión preventiva no seguida de condena.

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No ha lugar al recurso interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia que absolvió a la acusada del delito contra la Hacienda Pública del art. 305 del CP. Analiza la Sala los límites de la capacidad de investigación de la Administración tributaria y los efectos del plazo de prescripción de la deuda fiscal.

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Se plantea en el presente caso si el otorgamiento de concesión de aguas subterráneas con destino a riego, sustentada en proyectos de extracción y transformación en regadío de terrenos, que hayan de someterse a evaluación de impacto ambiental, precisa de la justificación de la previa evaluación ambiental de los referidos proyectos, con independencia del órgano a quién corresponda efectuar aquella.

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Con estimación del recurso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se accede a la reclamación dirigida a ADESLAS por la asistencia prestada a un funcionario y mutualista de MUFACE que fue derivado de un centro privado a uno público, tras ser diagnosticado por infección por Covid-19.

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Se confirma la sentencia que reconoció el derecho de la mercantil actora a percibir intereses de demora sobre la cantidad reconocida como crédito frente a la Hacienda pública de activos por impuesto diferido susceptibles de monetización -DTAs-.

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El objeto de este recurso de casación consiste en determinar si el principio de íntegra regularización resulta aplicable a los supuestos en los que se comprueban por la Administración tributaria las cuotas de IVA a compensar procedentes de periodos anteriores, cuando se pretende incrementar el saldo resultante mediante la inclusión de unas cuotas soportadas y que fueron regularizadas por la inspección tributaria en un acta de conformidad, dando lugar a una liquidación firme, sin que fuera impugnada por el contribuyente.