El Gobierno regional y la Fundación CIEES colaboran en la creación de unidades de apoyo para empleados públicos con discapacidad intelectual

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación CIEES, integrada en el grupo de entidades sociales CECAP, han mostrado su compromiso en promover la cooperación y colaboración en el desarrollo de acciones que faciliten la plena incorporación y el desempeño de la actividad profesional de las personas con discapacidad intelectual que accedan al empleo público como personal funcionario o laboral de la Junta, mediante la firma de un convenio de colaboración.

Castillalamancha.es 12.05.25

La firma ha tenido lugar en la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, por parte del titular de este departamento, Juan Alfonso Ruiz Molina, y del presidente de la Fundación CIEES y CECAP, Andrés Martínez; quienes han estado acompañados por el director de Función Pública, José Narváez.

Este convenio que se ha suscrito tiene como objeto la realización de un estudio preliminar a pequeña escala con el personal empleado público con discapacidad intelectual para evaluar la viabilidad, duración y coste de la creación e implantación de unidades de apoyo a su actividad profesional que, en ejecución de las sucesivas ofertas de empleo público, se incorpore progresivamente a la Administración de la Junta , así como de las posibles medidas formativas y de otro tipo que sean necesarias para favorecer y potenciar la integración, autonomía e independencia de estas persona en sus puesto de trabajo.

Las beneficiarias del citado proyecto van a ser 106 personas con discapacidad intelectual, 35 son de Albacete; 34 de Toledo; 26 de Ciudad Real; siete de Cuenca y cuatro de Guadalajara, que con anterioridad a la firma de este convenio han superado un proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal funcionario de carrera y personal laboral fijo en la Administración de la Junta Comunidades de Castilla-La Mancha.

En actualidad, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado las bases de la convocatoria de los procesos selectivos correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 2023-2024 de Administración General, que se van a celebrar en 2025, y que reserva 46 nuevas plazas para personas con discapacidad intelectual. Una OEP de 2.306 plazas en total, que vuelve a contemplar ese cupo de reserva del dos por ciento para personas con discapacidad intelectual, con el objetivo del Ejecutivo de García-Page es favorecer la incorporación de las personas con discapacidad a la función pública.

Principales aspectos del convenio rubricado

A través del presente convenio, la Fundación CIEES se compromete a facilitar los recursos profesionales consistentes en seis educadores sociales (dos para la provincia de Toledo, dos para Albacete, uno para Ciudad Real, y uno para Cuenca y Guadalajara), sin relación laboral con la Junta.

Así como, la prestación de asistencia y colaboración técnica al personal con discapacidad intelectual, en acciones como el análisis y la adaptación del puesto de trabajo; la implementación del plan de acogida dirigido a favorecer su incorporación a su nuevo lugar de trabajo; el seguimiento de la adaptación y del rendimiento del personal, con el objetivo de identificar y resolver posibles incidencias que puedan interferir en el desarrollo de sus funciones; así como, utilizar los recursos cedidos con la debida diligencia.

Por su parte, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha facilitará la colaboración de las personas necesarias para la ejecución de las actuaciones; el acceso a las dependencias de la Administración de la Junta, así como a los datos necesarios para la ejecución de las actuaciones objeto del convenio; los espacios de trabajo para la ubicación de los equipos profesionales del CIEES, siendo estos diferentes a los que ocupa el resto del personal empleado público.

Un convenio que comenzará a producir sus efectos desde la fecha de su firma, que tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2026, y contará con una aportación económica del 100 por ciento de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de 213.875 euros.

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