Gencat.cat 13.07.26
Calendario previsto
13 de julio: Inicio del trámite formal de información pública y participación ciudadana, que se prolongará hasta septiembre para seguir enriqueciendo el texto.
Finales de año: Aprobación por el Consejo Ejecutivo e inicio de la tramitación parlamentaria.
Agilizar los trámites más lentos
La reforma actúa sobre tres de los procedimientos tradicionalmente más lentos y complejos: las licencias de obras, el planeamiento urbanístico y las licencias y autorizaciones ambientales.
En los tres casos, los procedimientos se acortan de forma significativa y se incrementa la responsabilidad de los promotores en su tramitación.
Licencias de obras en un mes
Las licencias de obras incluyen la construcción de edificios de nueva planta, rehabilitaciones, cambios de uso, etc.
- Introducción de un procedimiento simplificado exprés de licencia de obras que pretende reducir la tramitación de entre nueve y doce meses a un mes.
- El promotor podrá aportar certificados emitidos por Entidades Colaboradoras de Certificación en el Ámbito Urbanístico (ECAU).
- Nuevo procedimiento simplificado de obtención de licencias para proyectos incluidos en la estrategia para la construcción de 50.000 nuevas viviendas protegidas.
- Creación de un Observatorio de Licencias.
Planeamientos urbanísticos más ágiles
El planeamiento urbanístico ordena el suelo y define los usos de un territorio determinado.
- Refuerzo del silencio administrativo positivo en la emisión de informes sectoriales.
- Simplificación de la tramitación de los instrumentos de planeamiento para otorgar mayor capacidad de decisión a las administraciones locales.
Autorizaciones y licencias ambientales más sencillas
Otro de los ejes de la nueva normativa es la simplificación del procedimiento de autorización ambiental y de licencia ambiental. Estos trámites son necesarios para habilitar cualquier tipo de actividad con incidencia ambiental.
Actuaciones declaradas de interés general
El Anteproyecto facilita la implantación de los Proyectos Empresariales Estratégicos (PEE) y de las actuaciones de interés general.
Se trata de iniciativas e inversiones que, por su impacto económico, social o territorial, el Gobierno considera prioritarias. Estos proyectos, tanto de iniciativa pública como privada, se benefician de una tramitación urbanística más ágil y de una mayor coordinación administrativa.