Aragón activa un plan para inspeccionar cómo funciona su propia Administración

El Gobierno de Aragón aprobó en el último Consejo de Gobierno el nuevo plan de inspección de la Administración autonómica para 2026 y 2027, una hoja de ruta con la que quiere revisar cómo funcionan los servicios públicos, detectar fallos y mejorar la atención que reciben los ciudadanos.

Aragonhoy.es 24.05.26

El objetivo es sencillo: mirar hacia dentro para que la Administración funcione mejor por fuera. Para ello, la Inspección General de Servicios llevará a cabo actuaciones sobre trámites, tiempos de respuesta o procesos administrativos, con el foco puesto en eliminar ineficiencias y simplificar la relación de los ciudadanos con la Administración.

Estas actuaciones se basarán en la revisión de expedientes, el análisis de datos y entrevistas con los responsables de los servicios, lo que permitirá detectar fallos concretos en el funcionamiento diario de la Administración y contrastar qué está ocurriendo realmente en cada área.

A diferencia de etapas anteriores, el nuevo modelo no se queda en el diagnóstico: cada actuación contará con indicadores y, sobre todo, con un seguimiento posterior para comprobar si las mejoras se aplican y exigir su implantación cuando se detecten fallos.

Además, en algunos casos se observará directamente cómo se prestan los servicios para identificar problemas en la práctica, definiendo en cada caso qué se revisa, con qué criterios se analiza, qué resultados se obtienen y qué mejoras deben impulsarse a partir de ellos.

Una mejora real de los servicios públicos

El plan se sostiene sobre dos ejes de trabajo: por un lado, mejorar el funcionamiento real de los servicios públicos y la experiencia de los ciudadanos, con especial atención a los tiempos de respuesta, la calidad del servicio o la simplificación de trámites, con un enfoque de mejora continua; por otro, reforzar el control interno y el cumplimiento de las normas, con especial foco en la prevención del fraude, a través de la revisión de expedientes, el refuerzo de los controles internos y el análisis de datos para detectar riesgos o irregularidades antes de que se produzcan, así como en el refuerzo de la integridad de la Administración.

Entre las actuaciones previstas figuran la evaluación de los sistemas de cita previa, el análisis de las quejas y sugerencias de los ciudadanos y la detección de ‘cuellos de botella’ en trámites de alta demanda, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta y la experiencia de la ciudadanía.

Además, el plan incorpora la posibilidad de que los propios departamentos propongan actuaciones de mejora, con el objetivo de detectar problemas desde dentro y dar respuesta a necesidades reales de los servicios.

El plan tendrá una vigencia de dos años y permitirá planificar las actuaciones con criterios de riesgo e impacto, priorizando aquellos ámbitos que más afectan al día a día de los ciudadanos. La intención es clara: contar con una Administración más ágil, más transparente y más centrada en dar respuesta a los ciudadanos.