España se adhiere a la Carta Internacional de Datos Abiertos para impulsar la transparencia y la participación ciudadana

Así lo ha anunciado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en el acto de clausura de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto que ha estado presidido por el rey Felipe VI en Vitoria.

Digital.gob.es 09.10.25

- Esta iniciativa global, firmada por más de 250 gobiernos y organizaciones civiles, impulsa la apertura y reutilización de datos públicos para garantizar la innovación y la rendición de cuentas

- Óscar López también ha subrayado la aprobación de la Declaración de Vitoria-Gasteiz como colofón a este foro internacional, adoptada por gobiernos y organizaciones civiles con el fin de sellar su compromiso con la democracia, el espacio cívico y la gobernanza abierta

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado la adhesión de España a la Carta Internacional de Datos Abiertos, una iniciativa global firmada por más de 250 gobiernos y organizaciones civiles que impulsa la apertura de datos públicos con el fin de mejorar la transparencia, la innovación, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

“Su objetivo es promover el acceso libre a los datos, siempre que sea posible, para favorecer soluciones innovadoras que mejoren los servicios públicos y fomenten el desarrollo económico inclusivo. Para impulsar políticas centradas en el impacto social y que respeten los derechos fundamentales de las personas y comunidades, ofreciendo datos accesibles, comprensibles e interoperables”.

Así lo ha explicado el ministro en el acto de clausura de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, que ha estado presidido este jueves en Vitoria por el rey Felipe VI. “Un espacio en el que hemos reafirmado nuestro compromiso con los principios fundamentales del Gobierno Abierto”, ha asegurado López.

Durante su intervención, el titular ha relatado algunos de los logros alcanzados por el Gobierno de España, coincidiendo con las jornadas de trabajo de este foro internacional que ha reunido en la capital alavesa a más de 2.000 personas entre líderes, expertos, gobiernos y organizaciones civiles de todo el mundo.

“Hemos confirmado nuestro apoyo a la estrategia de Estado Abierto junto a la OCDE. Hemos aprobado el quinto Plan de Gobierno Abierto, el más ambicioso hasta la fecha y que establece una hoja de ruta clara para fortalecer la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en todas las administraciones públicas”, ha subrayado.

Óscar López también ha hecho hincapié en la aprobación de la Declaración de Vitoria-Gasteiz, que ha sido adoptada por 159 gobiernos y organizaciones civiles y que defiende el compromiso con la democracia, el espacio cívico y la gobernanza abierta, transparente e inclusiva. 

“Vitoria exige el cese de los ataques al mayor tesoro de la civilización después de la propia vida: la democracia. Sigamos trabajando juntos para construir gobiernos más abiertos, responsables e inclusivos. Cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en esa gran misión”, ha concluido el ministro.

Carta Internacional de Datos Abiertos

Esta iniciativa, puesta en marcha en 2015, está respaldada por gobiernos, organizaciones y expertos. Su objetivo es guiar a las entidades públicas en la adopción de políticas de datos abiertos responsables, sostenibles y centradas en el impacto social, respetando los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Para lograrlo promueve los datos abiertos por defecto, de tal manera que deben publicarse de forma proactiva, salvo que existan razones legítimas para restringirlos como por privacidad o seguridad. También defiende los datos oportunos y comprensibles, que deben publicarse de forma completa y rápida, y actualizarse con la frecuencia necesaria para ser de utilidad.

Además, impulsa datos accesibles y utilizables, estando disponibles en formatos abiertos que carezcan de barreras técnicas o legales para su uso. Así como datos comparables e interoperables, para lo que las instituciones deberán asegurar que sean precisos, relevantes y confiables, promoviendo estándares comunes que faciliten el uso conjunto de diferentes fuentes.