Ejercicio de potestades administrativas y relaciones de puestos de trabajo en el empleo público (RPTs)

En este artículo, publicado en el número 14 de la revista “Documentación Administrativa”, se analiza la manera en que las relaciones de puestos de trabajo (RPTs) deben diferenciar entre las clases de personal según se ejerzan o no potestades administrativas.

Eduardo Gamero-Casado es Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

El artículo se publicó en el número 14 de la revista Documentación Administrativa (INAP, junio 2025)

RESUMEN

Objetivos: analizar la manera en que las relaciones de puestos de trabajo (RPTs) deben diferenciar entre las clases de personal según se ejerzan o no potestades administrativas. Metodología: revisión de la literatura científica y de la profusa jurisprudencia del Tribunal Supremo, intentando encontrar una solución que encaje en la legislación vigente. En particular, se analizan dos recientes sentencias que anulan RPTs: por haber externalizado su elaboración, y por haber atribuido potestades administrativas a personal laboral. Resultados: se evidencia una jurisprudencia vacilante, que maneja diferentes conceptos del término <<potestad administrativa>>. Conclusiones: el concepto de potestad administrativa ha evolucionado a lo largo del siglo xxi. Las normas acogen diferentes conceptos de potestad administrativa conforme a esta evolución. Este trabajo ofrece una solución armónica y ajustada al alcance actual del concepto y a la legislación vigente.

ABSTRACT

EXERCISE OF PUBLIC POWER AND JOB DESCRIPTIONS OF CIVIL SERVANTS

Objectives: Analyze how job descriptions (RPTs) should differentiate between categories of staff depending on whether −or not− they exercise administrative powers. Methodology: Review of scientific literature and copious case law from the Supreme Court, seeking to find a solution that fits within current legislation. In particular, two recent rulings that annul RPTs are analyzed: for outsourcing their preparation and for attributing public powers to labour employees. Results: There is evidence of inconsistent case law, which deals with different concepts of the term <<public power>>. Conclusions: The concept of public power has evolved throughout the 21st century. Regulations reflect different concepts of public power in line with this evolution. This paper offers a harmonious solution that is in line with the current scope of the concept and the legislation in force.