Digital.gob.es 06.06.25
Mañana entran en vigor dos nuevas medidas incluidas en la orden ministerial dirigida a reforzar la seguridad de los usuarios frente a fraudes por suplantación de identidad a través de llamadas telefónicas y SMS.
Desde el pasado 7 de marzo, cuando entró en vigor el Plan del Gobierno contra este tipo de estafas telefónicas, los operadores tienen la obligación de bloquear numeraciones que no corresponden a ningún usuario ni servicio. En los dos primeros meses de su puesta en marcha, están bloqueando una media de 235.600 llamadas y 10.000 SMS al día, lo que supone más de 14 millones de llamadas y más de 800.000 SMS bloqueados en ese periodo.
A partir de mañana, también tendrán la obligación de bloquear las llamadas y SMS que son de origen internacional, pero que simulan haber sido originadas en un número español para engañar al receptor, una de las prácticas más comunes en los intentos de fraude telefónico.
Asimismo, en muchas ocasiones las estafas se producen cuando el usuario recibe una llamada desde un móvil que no conoce. Por este motivo la orden ministerial incluye una medida para que el usuario pueda identificar de manera más clara las llamadas comerciales.
Desde mañana, las llamadas comerciales no se podrán realizar desde un número móvil. Solamente podrán efectuarse con numeración geográfica, numeración atribuida específicamente para comunicaciones comerciales o desde números 800 y 900. Estas numeraciones ya no estarán restringidas exclusivamente a la recepción de llamadas, permitiendo también que puedan emitirlas.
Base de Datos con códigos alfanuméricos
La última medida que entrará en vigor es la creación de una base de datos oficial con los códigos alfanuméricos que utilizan las empresas y las administraciones públicas como identificadores en los SMS. Esta medida, por su complejidad técnica, entrará en vigor pasados 15 meses desde la publicación de la orden ministerial.
Esta base de datos, que será gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), permitirá registrar y verificar dichos identificadores. Así se garantizará la autenticidad de las comunicaciones, se protegerá la identidad de las entidades legítimas, y se facilitará la detección y bloqueo de intentos de suplantación.
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