Cantabria.es 30.04.25
La convocatoria recoge que estos premios tendrán dos modalidades. Por un lado, la modalidad A reconocerá los estudios e investigaciones que tengan por objeto la mejora de su organización política, administrativa, régimen competencial y servicios públicos, y estará destinado a todas las personas o equipos de trabajo, con independencia de que pertenezcan o no a alguna de las administraciones públicas.
Por su parte, a la modalidad B se podrán presentar empleados públicos de cualquier administración pública y estarán encaminados a la implantación de técnicas organizativas, técnicas de gestión o aplicación de nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, cuyo objetivo sea modernizar o innovar la realización de las funciones de carácter administrativo y los propios servicios prestados a la ciudadanía.
Los trabajos presentados a este certamen tendrán que ser originales, inéditos y no premiados con anterioridad. Los premios contarán con una dotación máxima de 12.000 euros.
En el proceso de evaluación de las obras presentadas, el jurado tendrá en cuenta el interés y el carácter innovador del contenido y su coincidencia con los temas prioritarios indicados en la convocatoria.
Igualmente, se tendrá en cuenta la calidad científico-técnica, coherencia y rigor en el análisis y en la formulación de las conclusiones, así como la utilidad, repercusión e incidencia de los resultados obtenidos en la teoría y /o en la práctica administrativa. Por último, el jurado valorará la corrección y claridad de la expresión escrita, de la exposición y la presentación del trabajo.
El plazo para la presentación de los trabajos se mantendrá abierto hasta el 1 de octubre de este año.
La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha valorado la importancia de este certamen de premios para impulsar prácticas innovadoras en los servicios públicos, así como iniciativas que generen una mejora organizativa o de los procesos de gestión pública. Igualmente, ha destacado la importancia de que personas o equipos de trabajo externos a la Administración pública autonómica impulsen iniciativas de mejora en los sistemas de relación con los ciudadanos o que reviertan en una mayor transparencia, participación y mejora de los servicios públicos.
En este objetivo, ha apuntado las próximas reformas y mejoras en el ámbito de la simplificación administrativa, la función pública y la formación que está acometiendo su departamento y que propician la implantación de "profundos cambios organizativos" y "la obligación de revisar y actualizar constantemente" la normativa autonómica, como medida para "mantener un marco regulatorio ágil y adaptado a las necesidades cambiantes de la sociedad y de la economía".
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