Lamoncloa.gob.es 27.02.25
Bolaños ha explicado que la primera modernizará y homologará el proceso penal al existente en nuestro entorno europeo, situando al Ministerio Fiscal al frente de la instrucción, y llegará al Congreso durante el primer cuatrimestre del año. La segunda, cuyo anteproyecto ya se ha aprobado, blindará el sistema de becas para el acceso a los principales cuerpos de la Administración de Justicia, adaptará las pruebas de acceso al trabajo real de jueces y fiscales y mejorará su carrera profesional.
También ha reiterado que su ministerio tiene en marcha la mayor transformación de la Justicia en décadas y ha pedido a los grupos que se sumen a los consensos para culminarla, asegurando además que dicha transformación va acompañada de recursos.
Desde 2018, el Gobierno ha aumentado en un 25% la inversión en la Administración de Justicia y ha convocado 1.440 plazas de jueces y fiscales, casi el doble de las 750 convocadas entre 2012 y 2018. Además, las comunidades autónomas han recibido ya más de 250 millones de euros, muchos de ellos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para adaptarse al nuevo modelo judicial aprobado por las Cortes Generales.
Datos que avalan la digitalización del Servicio Público de Justicia
El ministro ha puesto en valor los datos que avalan el éxito de la digitalización. Entre otras iniciativas, ha destacado la celebración de actos procesales a través de medios telemáticos y la creación de la Carpeta Justicia, un espacio online personal donde el ciudadano puede consultar procesos y hacer trámites.
También ha anunciado que la Carpeta Justicia incluirá una aplicación dirigida a personas con alguna discapacidad que les permitirá traducir cualquier resolución judicial a un formato de lectura fácil y accesible.
Asimismo, ha celebrado la incorporación de la robotización y la Inteligencia Artificial para automatizar procesos y ha asegurado que su aplicación en la concesión de nacionalidades ha conseguido reducir a 5 meses el tiempo medio de una tramitación que podía llegar a alargarse 5 años.
Modernización de la Administración de Justicia
Bolaños también ha destacado que la Ley de Eficiencia modernizará las estructuras judiciales y transformará 3.800 juzgados en 431 Tribunales de Instancia, lo que permitirá repartir de forma adecuada las cargas de trabajo y compartir personal y medios. También ha detallado el resultado de un proyecto piloto de aplicación de la Ley en Badajoz que ha permitido reducir los asuntos pendientes en un 72% en un año.
En materia procesal, ha defendido la apuesta de la Ley por evitar litigios potenciando los MASC (medios adecuados de solución de controversias) en el ámbito civil y mercantil.
Bolaños ha detallado que el ministerio está volcado en la implementación de la nueva norma en los territorios en los que tiene atribuida la competencia. Y ha anunciado que la Conferencia Sectorial de Justicia, que se celebrará el 3 y 4 de abril y en la que están convocadas las comunidades con la competencia transferida, será monográfica y se centrará en la puesta en marcha de la Ley.
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