El Parlament aprueba la primera ley de simplificación y racionalización administrativas de las Illes Balears

El Parlament de las Illes Balears ha aprobado este martes la primera ley de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de las Illes Balears. El proyecto de ley, que nace de la voluntad de ganar eficiencia en la Administración, modifica una cincuentena de leyes, contiene más de 170 modificaciones en los articulados, elimina trámites que creaban duplicidades, e introduce medidas que afectan en todas las Consellerias y administraciones –consells insulares y ayuntamientos.

Caib.es 26.11.24

"Siempre, desde la triple vertiente de la simplificación normativa, la simplificación de trámites y la digitalización de la administración", ha expresado el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

"El modelo de este Govern no es una Administración con más de 6.000 trámites en ejecución. Tampoco es el de tener 13.000 expedientes de subvenciones en Energía, 4.000 expedientes de Recursos Hídricos y 2.000 expedientes de Costas sin tramitar. Y tampoco es el de tener expedientes pendientes de recibir una respuesta desde hace 4 años. La ciudadanía y las empresas merecen recibir una respuesta en el menor tiempo posible. Porque ganar eficiencia y eliminar burocracia es una de las herramientas más potentes para atraer las inversiones en las Illes Balears, y al mismo tiempo conseguir la transformación económica que necesitamos", ha afirmado Costa.

Principales medidas

Se ha actuado en los dos principales cuellos de botella de la Administración, con la supresión de la Comisión de Medio ambiente de las Illes Balears "para priorizar el carácter técnico y garantista de la evaluación ambiental", y la agilización de los expedientes a la Dirección general de Recursos Hídricos.

En transición energética, se agilizan los procesos administrativos de los proyectos energéticos prioritarios, y se aumenta el umbral de las instalaciones de autoconsumo que quedan exentas de la autorización administrativa previa.

En términos educativos se incluyen las exenciones en el pago de la matrícula universitaria vinculadas a los buenos resultados académicos o a la situación económica del estudiante, se reconoce el derecho al transporte público gratuito en el bachillerato y pone en marcha los complementos de difícil y muy difícil cobertura para los docentes y maestros en Menorca, Eivissa y Formentera, además de estos complementos para la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal en el caso de Eivissa.

Se crea la Historia Social Única, que integra la información de la persona usuaria de Servicios Sociales y del Servicio de Salud, facilitando el cruce de datos y la agilización de trámites. También se permite que las personas diagnosticadas con una enfermedad de salud mental grave no tengan que acreditar el certificado de discapacidad para acceder a determinadas ayudas y servicios.

En el caso del ámbito de movilidad, destacan la posibilidad de los consells insulares de externalizar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para aligerar las listas de espera, y la posibilidad de instalar aparcamientos disuasorios en suelo rústico o en cualquier tipo de suelo –por un máximo de 8 meses por año natural-, para reducir la congestión de vehículos.

Medidas introducidas en la tramitación

A lo largo de la tramitación como proyecto de ley, se han introducido algunas medidas nuevas, especialmente fiscales. Por un lado, se crea una deducción por gastos derivados de la Esclerosis Lateral Amiotròfica (ELA), con un límite de 3.500€, que se suma a la ayuda económica que ha impulsado este Govern de forma pionera. Además, se pone en marcha la deducción para ocupar puestos de trabajo de difícil y muy difícil cobertura en las Illes Balears, del 40% de los gastos en concepto de adquisición, construcción o alquiler de vivienda, o del transporte aéreo y marítimo interinsular. La deducción se amplía a los integrantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con destino efectivo en las Illes Balears.

El Govern aprobará un decreto ley para garantizar la seguridad de los ciudadanos

El vicepresidente Costa ha anunciado que, ante la falta de acuerdo con la oposición para introducir modificaciones en el texto aprobado para garantizar la prevención y seguridad de los ciudadanos en caso de riesgo, el Govern aprobará "tan pronto como se publique el texto en el BOIB", un decreto ley para prohibir la construcción de nuevas viviendas y equipamientos públicos sensibles en zonas de riesgo, la prohibición de permitir nuevos suelos urbanizables en estas zonas, y la posibilidad que las familias que viven en viviendas fuera de ordenación situadas en zonas inundables y donde ya no se puede restablecer la legalidad urbanística, puedan ejecutar obras y actuaciones para la protección y seguridad en caso de fenómenos adversos.

Además, después de concluir el debate, el vicepresidente ha anunciado que se aprobará otro decreto ley para hacer marcha atrás en una serie de modificaciones que se han aprobado por error vía enmienda durante la votación.

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