Las y los funcionarios que pertenecen a la Abogacía del Estado desempeñan dos tipos de funciones; la función contenciosa, consistente en la representación y defensa de la Administración General del Estado y autoridades y funcionarias y funcionarios en el ejercicio de sus funciones y la función consultiva que consiste en el más alto asesoramiento de la Administración General del Estado. Así mismo, representan y defienden al Reino de España ante las jurisdicciones internacionales y europeas como el Tribunal de Justicia de la UE o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional. La Abogacía del Estado está presente en todas las Comunidades Autónomas, con sede en las principales capitales de provincia. Las personas que forman parte de la Abogacía del Estado, a la vanguardia del Derecho en todas las áreas de la práctica jurídica, tienen además la oportunidad de desarrollar una gran carrera profesional con proyección internacional.
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