El Gobierno aprueba el incremento del 0,5% en las retribuciones de empleadas y empleados públicos para compensar los efectos de la inflación y avanzar en la recuperación de sus derechos

Aprobado por el Gobierno el incremento retributivo del 0,5% para el conjunto de empleadas y empleados de las Administraciones Públicas recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023 como fórmula para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.

Hacienda.gob.es 03.10.23

Esta alza salarial se produce por la situación del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPC), según los datos comunicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La misma tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023 y se empezará a percibir en la nómina del mes de octubre, cumpliendo así con lo pactado entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las organizaciones sindicales en el ‘Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI”.

Este incremento retributivo se ejecuta por cumplirse lo establecido en la ley de PGE correspondiente a 2023, que recoge dicha posibilidad cuando la suma del IPC Armonizado (IPCA) de 2022 y del dato de IPC adelantado por el INE del mes de septiembre de 2023 fuera superior al 6%. En el primer caso, el IPCA de 2022 fue del 5,5%, mientras que el segundo ha alcanzado el 3,2%. Esto da como resultado un porcentaje del 8,7%, lo que mandata a llevar a cabo esa subida de medio punto.

Con este Acuerdo del Consejo de Ministros, el Gobierno persevera en dar una respuesta social a la crisis económica provocada por la espiral inflacionista mundial. Así, no se deja atrás a los empleados y empleadas públicas, que pasan de perder poder adquisitivo en crisis anteriores a contar con una actualización de sus remuneraciones. Un reconocimiento que se produce en un periodo como el actual, marcado por las consecuencias de la pandemia de coronavirus y el alza de la energía y las materias primas provocado por la guerra en Ucrania.

La subida beneficiará a cerca de 3,5 millones de personas que desempeñan su labor para las Administraciones Públicas. La mayoría de ellas trabajan para las Comunidades Autónomas, que ocupa a casi el 60% de todo el personal que trabaja para el Estado. A estas le siguen por número de personal las Entidades Locales y la Administración Central. La inversión para aplicar la medida será de 791 millones de euros, con una media de incremento de 180 euros en la nómina anual.

Este Acuerdo evidencia la predisposición del Ejecutivo a garantizar el poder adquisitivo del personal dedicado al servicio público. Esto se ha traducido en que en los últimos cinco años se han producido subidas de las retribuciones para empleadas y empleados públicos, incluso en un contexto de crisis y de inflación extremadamente elevada. En 2020, año del coronavirus, el alza fue del 2%, mientras que en 2022 se alcanzó una subida del 3,5%, tras el acuerdo firmado por Gobierno y sindicatos.

Que se lleve a cabo esta medida muestra también la apuesta por el diálogo social del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, que ha llegado a numerosos acuerdos con las centrales sindicales para dar el mayor reconocimiento posible a funcionarios, personal laboral y demás personas que trabajan a nivel estatal, autonómico o local. Algo que culminó con ese Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que además de cuestiones retributivas recoge medidas para modernizar el servicio público.

En este 2023 ya se han abordado otras reformas relacionadas con la mejora de las condiciones del personal al servicio de las Administraciones.

Entre ellas está la actualización de la compensación por gastos de kilometraje para quienes trabajen con vehículo propio, que pasó de 0,19 euros a 0,26 euros por kilómetro recorrido. Además, se actualizó a esa misma cifra la cuantía exceptuada de los gastos de locomoción y de las dietas en el IRPF.

La senda de mejoras retributivas culminará en el año 2024, donde el Gobierno cumplirá con lo recogido en ese acuerdo en el ámbito salarial.

Entonces, se producirá una actualización de retribuciones del 2% de manera fija y se fijará un 0,5% opcional que estará vinculado al IPCA, tal y como ha sucedido ahora.

Para entonces, el alza total en el periodo 2022-2024 habrá superado el 8%, pudiendo alcanzar el 9,5% en esos años, en función de las variables contempladas en las cláusulas de revisión. En términos reales, la revalorización puede alcanzar un 9,8%, ya que el incremento salarial de cada ejercicio se consolida.

Actualización del régimen retributivo en la Justicia

El Consejo de Ministros también ha abordado hoy la actualización del régimen retributivo en la Administración de Justicia. Jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia verán incrementadas sus retribuciones con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023 tras los acuerdos alcanzados con las asociaciones judiciales y los sindicatos durante este año. Una circunstancia con la que se reconoce la importancia de quienes trabajan en el ámbito judicial y se avanza en las reformas organizativas y en la modernización del sistema recogido en las leyes de eficiencia judicial.

En lo referido a jueces y fiscales, se aprueba la actualización del complemento de destino por representación, que será de entre 440 y 450 euros mensuales en función del órgano y el destino de los profesionales.

Esto se ejecutará de forma gradual entre 2023 y 2024, abonando un 40% con efectos a 1 de enero de 2023, otro 40% a partir del 1 de enero de 2024, y el restante 20% tendrá efecto desde el 1 de julio de 2024. Un incremento salarial realizado en base a lo recogido en la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.

En cuanto a las retribuciones de letradas y letrados de la Administración de Justicia, el Gobierno reconocerá su labor con un complemento específico transitorio de 430 euros mensuales en el año 2023. Este se devengará de manera progresiva con efectos a 1 de enero de 2023, a partir del 1 de enero de 2024 y, por último, desde el 1 de julio de 2024. Para llevar a cabo el alza salarial, se modifican tanto el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, y el Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se determinan los puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales.

Todas estas actualizaciones tienen carácter no absorbible por otros conceptos retributivos, y serán compatibles con otros incrementos que puedan recogerse en futuras leyes de Presupuestos Generales.