El TSJCV permite que dos educadoras interinas puedan permutar sus puestos de trabajo

Ambas cuentan con situaciones personales muy complejas y la distancia de sus puestos de trabajo con respecto a sus domicilios complica mucho la conciliación familiar.

Levante-emv.com – Marina Falcó – 24.04.23

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que "abre una puerta a futuro" para los educadores de Educación Especial en situación de interinidad. Así califican desde Intersindical Valenciana-STAS la resolución que este tribunal ha dado ante la demanda de unas educadoras que solicitaron permutar sus puestos de trabajo.

Y es que, la respuesta del TSJCV al recurso presentado por la Generalitat Valenciana ante la sentencia favorable que dio el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo a dos funcionarias interinas valencianas que pedían poder intercambiarse en sus lugares de trabajo, viene a equiparar precisamente parte de los derechos de trabajadores públicos interinos y los de carrera.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, resuelve que estas dos educadoras que desempeñan las mismas funciones pero cada una en centros diferentes de distintas localidades, pueden cambiarse. De hecho, el tribunal llega a señalar en la sentencia que "el recurso de apelación de la Generalitat Valenciana carece de base atendible y debe ser desestimado".

De hecho, el Juzgado que dirimió en primera instancia sobre la negativa de la conselleria a la petición de estas dos trabajadoras, descartó que la Generalitat Valenciana "pudiera denegarse basándose en que la normativa sólo la contempla para funcionarios de carrera" y añadió en su sentencia que por parte de la Administración Pública "no se ha acreditado ninguna razón de interés público que desaconseje la permuta". Sumado a esto, el TSJCV insiste en que "en el caso enjuiciado no concurría óbice alguno que impidiese la permuta solicitada". Argumentos demoledores teniendo en cuenta que, según han explicado desde el Intersindical Valenciana, este tipo de peticiones se han estado denegando de forma sistemática desde conselleria.

Una vez desestimado el recurso de apelación de la Generalitat, el Magistrado dio 30 días a la Conselleria de Administración Pública para presentar recurso de casación. No lo hizo. Ahora el plazo para que se ejecute la permuta entre estas trabajadoras termina el 6 de junio, si no se llevase a cabo, "habría que exigir la aplicación forzosa".

Ellas no están dispuestas a esperar más y van a presentar ante las dos consellerias de las que dependen sus puestos: la de Educación y la de Administración Pública. Porque el caso de los educadores de Educación Especial es, valga la redundancia, nada ordinaria ya que aunque desempeñan su trabajo en centros educativos, la gestión de sus puestos es responsabilidad de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. Esto ocurre también con otros empleados como es el caso de los bedeles o personal de limpieza.

Unas situaciones personales muy complejas

La necesidad de que el intercambio de puestos se lleve a cabo lo antes posible tiene una razón contundente.

Estas dos mujeres -que han expresado su deseo de mantenerse en el anonimato- llevan casi tres años de pelea contra la gigante maquinaria de lo público pero arrastran un enorme peso mental y físico desde muchísimo antes.

Una de ellas vive en València pero trabaja en un municipio de la comarca de La Costera, y la otra justo al contrario. O sea, que cada una tiene cerca de una hora de desplazamiento cada día para ir y otra hora para volver si van en coche particular. Si optan por otra combinación de transporte público, el tiempo invertido puede llegar a incrementarse notablemente.

Nada que no afecte a cientos de valencianos cada día que deben moverse para acudir a su puesto de trabajo pero es que además, ambas tienen unas situaciones personales complejas. En el caso de una de ellas tiene a su cargo a una madre octogenaria con un grado de discapacidad del 66 % y a un hermano enfermo de cáncer que desde hace un tiempo también se encuentra discapacitado. La otra mujer necesita ayudar a su hermana, víctima de violencia de género, y a su sobrina de corta edad.

Ante estas situaciones la conciliación familiar se torna prácticamente imposible porque si surge una urgencia, el traslado hasta el domicilio es demasiado lento.

"Física y mentalmente es agotador", cuenta una de ellas a Levante-EMV, "y es que llevo así 17 años porque como no se han convocado oposiciones durante tanto tiempo, no ha habido posibilidad de poder optar a un cambio de centro. Hemos tenido la movilidad totalmente bloqueada", se lamenta.

Lo cierto es que ahora, con la ordenanza europea que obliga a convocar oposiciones para acabar con la galopante temporalidad e interinidad de los trabajadores públicos españoles, sí se está promoviendo la consolidación de plazas, sin embargo estas valencianas ya no pueden más y necesitan que la permuta se ejecute cuanto antes.

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