El Gobierno de Cantabria acuerda con los sindicatos los criterios en la convocatoria de las 775 plazas de empleo público

El Gobierno de Cantabria y los sindicatos han alcanzado sendos acuerdos que fijan los criterios de valoración que regirán, por un lado, la fase de concurso de los procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Público y de Estabilización de los años 2020, 2021 y 2022 de personal funcionario y laboral, que se convocarán por el sistema de concurso-oposición, y, por otro, los que se establecerán en aquellos procedimientos excepcionales mediante concurso de méritos previstos por la normativa nacional.

Cadenaser.com – Marta Bustamante - 16.06.22

Estas ofertas, que serán convocadas conjuntamente a finales de año, están formadas por 1.019 plazas de las 775 plazas servirán para consolidar personal funcionario y laboral en la Administración General y otras 244 serán de promoción interna e impulsar, en este caso, la carrera profesional de los empleados públicos.

Los acuerdos, aprobados este jueves en la reunión del Consejo de Gobierno, han sido firmados esta semana por la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, y los representantes sindicales de CCOO, SIEP y UGT, en el ámbito de la Mesa Sectorial de Función Pública del personal funcionario, y por CCOO, SIEP, y CSIF, en el Comité de Empresa del personal laboral de la Administración General en el ámbito de los procesos selectivos ordinarios, y al que se ha sumado UGT, respecto a los procedimientos extraordinarios de personal laboral.

Fernández Viaña ha mostrado en un comunicado su satisfacción por alcanzar estos nuevos acuerdos con las centrales sindicales, dado que supone "dar un paso más" en la convocatoria de las 775 plazas de turno libre que conforman una "nueva" oferta de empleo "histórica" en la Administración General y que supondrá reducir la temporalidad al 2 por ciento, "muy por encima del objetivo marcado por el Gobierno de España y Europa para asegurar la llegada de los fondos europeos.

Según ha informado la consejera de Presidencia, para los procesos que se convocarán por el sistema de concurso-oposición se aplicarán los mismos criterios que en las ofertas de empleo público ejecutadas en el último año y donde se superaron también las 1.000 plazas, entre promoción interna y turno libre.

En este caso, el acuerdo recoge que el 60 por ciento de la puntuación total del proceso selectivo corresponderá a la fase de oposición y el 40 por ciento a la fase de concurso, que realizarán únicamente aquellos aspirantes que hayan superado los ejercicios eliminatorios de la fase de oposición.

Respecto a los procesos extraordinarios de consolidación que se convocarán por el sistema de concurso de méritos, el segundo de los acuerdos establece que se valorará un 60 por ciento los servicios prestados en el cuerpo y, en su caso, escala, especialidad o categoría profesional a la que concurra el solicitante y, en un 40 por ciento, la aprobación de ejercicios de oposición de los procesos selectivos de las tres últimas convocatorias para el acceso a estos mismos cuerpos o categorías profesionales.

Con los criterios adoptados, se prima la prestación de servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como en el mismo cuerpo o categoría profesional, al tratarse de procesos que tienden a la estabilización de empleo temporal de larga duración, si bien se posibilita el acceso de cualquier aspirante que cumpla los requisitos para el acceso, con independencia de que se encuentre o no en situación de servicio activo.

A partir de este momento, según ha explicado la consejera de Presidencia, se iniciarán nuevas negociaciones para cerrar la configuración de las convocatorias, específicamente en lo que se refiere al desarrollo de la fase de oposición.

En este punto, el objetivo del Gobierno de Cantabria es "plantear propuestas que impliquen la simplificación y agilización de los procedimientos selectivos", ha apuntado Fernández Viaña.

Por último, la consejera ha reconocido el esfuerzo realizado por los representantes de los trabajadores para unificar posturas y consensuar un nuevo acuerdo en beneficio de los empleados públicos y de la mejora de los servicios prestados a la ciudadanía.