La Administración no habla claro: su lenguaje denso y enrevesado vulnera un derecho del ciudadano

 08/06/2022
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Un estudio revela que el 78% de los textos administrativos no son claros y, por tanto, no se entienden bien. Entre las iniciativas por el cambio, un manifiesto y una reciente colaboración entre la RAE y el Defensor del pueblo.

Rtve.es – Jessica Martín – 08.06.22

Una única frase de cinco líneas compuesta por más de cien palabras, diez comas, un paréntesis y once incisos para avisar de algo que se podría resumir en tres oraciones mucho más breves y claras. Con eso se topó Jaime al entrar hace unas semanas en el nuevo buzón de notificaciones electrónicas de la Administración pública, el conjunto de órganos que tiene encomendada la misión de conectar al poder político con el pueblo y que, sin embargo, se dirige a los ciudadanos en un lenguaje que no comprenden.

"El texto de ese aviso está escrito en una lengua alienígena para casi todos nosotros. Peor aún, refleja fielmente lo que muchos ciudadanos percibimos de la Administración: innecesariamente compleja, burocráticamente ineficiente, artificialmente distante", escribió en un hilo de Twitter en el que incluía una nueva versión del mismo texto pero "más natural, más humana y más eficaz".

Aquella publicación no solo se hizo viral sino que llegó a "ojos" del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Hace unos días, cuando Jaime volvió a entrar en la misma plataforma, vio que ese texto farragoso había sido modificado y que la notificación era ahora más comprensible, algo que agradece enormemente.

El 78% de los textos administrativos no son claros

Aunque se trató de una queja expresada como ciudadano y no como profesional, se da la coincidencia de que Jaime Gómez-Obregón es ingeniero y se dedica a promover la transparencia en el sector público mediante datos y tecnología, así que su causa está muy relacionada con esa otra más específica que pide un lenguaje más claro en la Administración.

A ese segundo grupo de "activistas" pertenece Estrella Montolío, catedrática de Lengua Española: "En cuanto nos llegan cartas de la Administración, todos vamos como locos buscando al sobrino, al vecino, a aquel que haya estudiado Derecho para ver si nos ayuda a traducir lo que pone en esa carta. Esto es un coste en términos de tiempo, de energía y de dinero para todos nosotros (...) El ciudadano tiene derecho a entender", recalca.

Hay razones de sobra para sumarse a esa reivindicación y buena parte de ellas aparecen recogidas en un estudio publicado por la consultora Prodigioso Volcán. Tras analizar 760 escritos vinculados a ministerios, gobiernos regionales, ayuntamientos, organismos estatales y universidades, concluyeron que el 78% de los textos administrativos no son claros. De todos, los más comprensibles son los relacionados con la violencia de género, mientras que los más complejos son los que explican cómo solicitar una ayuda, beca o subvención (el 98% de estos no son fáciles de entender).

Para comprobarlo basta con irse al apartado que dedica la web de la Seguridad Social al Ingreso Mínimo Vital. La lectura de toda esa sección se correspondería con unas 22 páginas de tamaño folio en las que se emplea un lenguaje formal y retorcido, como se ve en este párrafo: "Se considerará pareja de hecho, a estos efectos, la constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal con al menos dos años de antelación, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y hayan convivido de forma estable y notoria con carácter inmediato a la solicitud de la prestación y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años".

El estudio mencionado entrevistó, por otra parte, a una veintena de expertos y técnicos que trabajan en la Administración, quienes, en su mayoría, coinciden en señalar que la redacción de los textos no se dirige a los ciudadanos, sino a los propios técnicos. "Es muy frecuente encontrar en los textos administrativos muchos de los principales virus que atacan al lenguaje: uso de la voz pasiva, de palabras poco comunes, mala puntuación, errores de ortografía, demasiadas palabras por frase, ausencia de conectores y exceso de referencias normativas", indica el estudio.

Marc Bayés, doctor en Lengua Española y profesor de la Universidad de Barcelona, también ha investigado la oscuridad que caracteriza al lenguaje administrativo e, incluso, dedicó su tesis a este tema. Desde su punto de vista, la falta de claridad en estas comunicaciones conlleva muchos riesgos; por ejemplo, puede impedir a un ciudadano encontrar una información que necesita o complicar la gestión de un trámite fundamental. A la cola en legibilidad sitúa las notificaciones de Hacienda, que sigue siendo, dice, "un pozo grande de textos oscuros y, a veces, directamente opacos".

"El otro día leía el borrador de la renta con mi mujer y estuvimos un rato confundidos. Cuesta ver si tienes que pagar o si te devuelven porque aparece la cifra en negativo o positivo y no te indica claramente 'tiene usted que pagar'", añade Bayés.

Montolío también pone múltiples ejemplos y afirma que "hay partidas enteras dedicadas a proyectos sociales que no se ejecutan" por esa falta de claridad. "Hay quienes no entienden lo que tienen que hacer. Es tan complicado el procedimiento que abandonan antes de empezar", continúa la lingüista, convencida de que la complejidad de la comunicación también repercute en una pérdida de confianza por parte de los ciudadanos respecto a las instituciones.

Fuentes del Ministerio de Hacienda señalan a RTVE.es que las Administraciones Públicas "trabajan para garantizar la accesibilidad, el lenguaje claro y la lectura fácil". Indican que en los últimos años se han convocado cinco acciones formativas sobre lenguaje administrativo claro y que, concretamente, una de ellas se está desarrollando en estos momentos y otra comenzará el próximo 6 de junio. "Para las cinco acciones se han recibido un total de 3.608 solicitudes (siendo 204 las plazas ofertadas). Se ha detectado un incremento de las solicitudes en el último año, lo que demuestra un interés creciente por la materia", detallan las mismas fuentes, que informan también de que está pendiente actualizar el manual de lenguaje administrativo, que fue publicado en 1997.

El "derecho a entender" se vulnera

Lo que le piden los expertos consultados a las Administraciones no responde, simplemente, a una mejora; la claridad, recalcan, es un derecho que tienen los ciudadanos y que queda recogido en diferentes normas vigentes en el país, como la Ley General de Sanidad, o la de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Además, España constituyó en 2009 una Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico que emitió un informe donde se habla de la necesidad de girar hacia un lenguaje más sencillo y donde se sostiene que mejorar la claridad "fortalece el Estado de Derecho".

Montolío considera que ese derecho no se cumple y lamenta las consecuencias. "La falta de claridad nos convierte en vulnerables", afirma la catedrática, también coautora de un libro titulado, precisamente, El derecho a entender.

Bayés añade otro argumento: "Un texto claro reduce la desigualdad porque hay mucha gente que no tiene una habilidad muy grande en el lenguaje (...) Estos textos les cuesta comprenderlos mucho más y, si al menos son claros, reduces también esa desigualdad. Estás democratizando la posibilidad de acceder a esa información", dice el profesor. Además, en relación con esto, tanto él como Gómez-Obregón apuntan que las aplicaciones que utilizan las personas invidentes para convertir el texto en audio cumplirían mejor con su función si los escritos fueran menos angulosos.

También coinciden en que un momento como el actual, en el que han confluido una crisis sanitaria y una económica, ha evidenciado aún más la necesidad de que la Administración se comunique de forma más humana, algo que no solo pasa por clarificar los textos. También habría que pensar en recursos gráficos como iconos o infografías que ayudan a la comprensión de esa información compleja y la hacen "más amigable".

En solicitudes o procedimientos que conllevan varios pasos, los recursos gráficos son especialmente útiles, indican los expertos. Del mismo modo, habría que mejorar la "jerarquía" de los contenidos para permitir al usuario que localice lo que busca fácilmente.

Un manifiesto y una colaboración entre el Defensor del Pueblo y la RAE

En los últimos meses algunas de estas reivindicaciones han ido cobrando mayor forma. Más allá del estudio mencionado, hay una recogida de firmas abierta en Change.org y se ha entregado un manifiesto por el lenguaje claro en la Administración a responsables de distintas instituciones y entidades, incluyendo a la ministra de Educación, a la presidenta del Congreso o al presidente del CGPJ.

Este manifiesto, impulsado por la revista de lengua y literatura Archiletras, ha sido redactado por Montolío. "Reclamamos una comunicación administrativa más fácil de entender (más clara), más cercana (menos impersonal y menos pomposa) y más amable (menos jerárquica y amenazante)", señala el cuarto punto de ese escrito que también ha llegado a manos del Defensor del Pueblo.

A comienzos de este año, el Defensor ya reclamó a las administraciones (abriendo una actuación de oficio) que procuren "mayor accesibilidad en las gestiones de la ciudadanía, atención presencial cuando sea necesaria y un lenguaje de fácil comprensión en el proceso actual de digitalización". Este mismo órgano anunció, además, una colaboración con la Real Academia Española para contribuir al cambio.

Primeras iniciativas a la espera de una "estrategia estatal"

Hay, dicen los expertos, otra "arista" importante de este mismo asunto y tiene que ver con el hecho de que ese lenguaje críptico esté envuelto por un proceso de digitalización que, lejos de facilitar las cosas, está "ahondando en la barrera burocrática". "Si tenemos que digitalizar la Administración, que hay que hacerlo, tiene que ser con un trabajo previo de simplificación de procedimientos y de clarificación de toda la comunicación que se dirige a la ciudadanía", sostiene la catedrática.

A priori puede parecer fácil hacer más simple lo que ahora es muy complejo, pero esta experta admite que ese cambio supone todo un reto para organismos, instituciones y entidades que están habituados a hacer las cosas a la manera clásica. Y en ese reto hay que implicar a funcionarios, lingüistas y diseñadores gráficos, entre otros especialistas, que han de ser conscientes de por qué es necesaria esa transformación.

De momento, lo que hay en marcha en España son iniciativas "puntuales" vinculadas a algunos ayuntamientos o gobiernos autonómicos. Un caso paradigmático se vio en el Ayuntamiento de Madrid, que apostó por dar un giro al documento administrativo más extendido —la notificación por multa de tráfico— y el que, además, tocaba el bolsillo del usuario y generaba numerosas alegaciones. El resultado derivó en un documento más "amable", en el que se emplea un lenguaje más ligero y en el que se introducen imágenes y listas. La información sobre el descuento del 50% en la cuantía del periodo voluntario de pago, por ejemplo, ganaba protagonismo.

Iniciativas como estas resultan "loables" a ojos de los defensores del lenguaje claro, pero lamentan que se trate de excepciones y no de reglas. "Es necesario un movimiento mucho más profundo y sistemático, una auténtica estrategia estatal", resume Montolío.

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