La aportación de documentos por parte de ciudadanos y empresas, aunque no es una de las cargas administrativas más costosas por unidad -se imputa un coste de 5 €/documento-, si lo es por la cantidad de documentos que representan en el conjunto de las tramitaciones administrativas.
La solución para evitarlo fue la creación a partir de 2007 de la Plataforma de intermediación de Datos, que permite verificar o consultar los datos de un ciudadano que ha iniciado un trámite con la entidad. En este estudio analizamos la utilización de esta plataforma en las distintas administraciones españolas: ministerios, CCAA y municipios; y la del Consorci Administració Oberta de Catalunya en 2020, así como los datos de registros de entrada en las mismas entidades y en ese año 2020 conseguidos mediante solicitudes a los portales de transparencia. El estudio se presenta muy detallado precisamente para que cada administración pueda ver reflejada de manera muy sencilla su realidad y a la vez compararse con el resto de entidades similares a ella.
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