Sueldo con objetivos, nuevos tipos de oposiciones y categorías: Asturias ofertará 20.000 plazas en una década

Ha sido una promesa repetida en los primeros meses del mandato del Gobierno Barbón, y que quedó postergada por la necesidad de afrontar los efectos de la pandemia. Se trata de la reforma de la administración pública, de tratar de dar un giro a la función pública. Juan Cofiño, el vicepresidente, ha apuntado algunas de las claves que quiere aportar el Ejecutivo socialista para dar un vuelco a una estructura «decimonónica y burocratizada».

Lavozdeasturias.es – Juan M. Arribas – 21.05.21

Siete son las claves que maneja el Principado aquí resumidas: establecer objetivos al trabajo para estimular su producción, regular el teletrabajo, aportar por una digitalización ambiciosa (pese a la resistencia de los trabajadores con más edad), ajustar las categorías profesionales, cambiar el proceso selectivo en las oposiciones (más mérito y capacidad), disminuir el número de interinos y crear perfiles más vigentes. Un ejemplo de lo anterior: el perfil de ingeniero de datos no existe en la función pública. Y un dato final: en la próxima década se jubilará la mitad de los 38.000 empleados públicos de la administración autonómica, el gran empleador de la región. Asturias ofertará por tanto cerca de 20.000 plazas, toda una oportunidad de oro para renovar la administración autonómica.

El vicepresidente del Principado Juan Cofiño ha apostado por un cambio en los procesos selectivos de acceso a la administración, con una remodelación <<intensa, de largo recorrido para hacerla ágil y eficaz, y que dé una respuesta en tiempo y forma a las demandas de la sociedad>>. El consejero ha subrayado que hay que regular el teletrabajo, <<que ha venido para quedarse>>, e introducir algún factor que estimule la producción de los cerca de 38.000 empleados públicos del Principado ligado a los objetivos.

Cofiño sostiene que existe <<un desajuste de categorías>> en la administración. Es decir: categorías profesionales que vienen del pasado y que hay que reglar y amortizar. Para ello hay que cambiar los procedimientos del acceso de trabajadores, en base a los principios de mérito y capacidad, para lograr implantar nuevos perfiles más vigentes, que en algunos casos, como el de ingeniero de datos, no existen en la función pública.

Otra de las <<resistencias>> que encuentra la reestructuración de la función pública es la digitalización de la administración, ya que muchos de los empleados públicos, los de mayor edad, <<levantan un muro de resistencia esta cambio sustancial en la forma de trabajar>>, ha resaltado.

Y otro de los problemas acuciantes que se presenta la reforma de la función pública es la reducción de una tasa de interinidad <<insostenible>>, cerca de un tercio de los empleados públicos, <<como demanda la Unión Europea y la razón, ya que esta situación perjudica a la administración, ni le aporta ventajas económicas, ni inestabilidad a los trabajadores>>, ha puntualizado.

En este sentido, Cofiño ha apuntado que para afrontar este complejo proceso hay que tener <<seguridad jurídica>>, sobre todo ante la <<titubeante>> respuesta jurídica que se da en los tribunales a las demandas de los trabajadores.

En este sentido, ha dicho que hay que afrontar la oportunidad que ofrece que el 50 por ciento de los empleados públicos se jubilarán en los próximos diez años, <<elaborando un plan bien diseñado para renovar a estas cerca de 20.000 personas en la próxima década>>.

<<No pretendemos implantar un cambio que traslade miméticamente el modelo privado a la administración pública. Hay una resistencia natural que queremos vencer, explicando con pedagogía, negociando y convenciendo a los funcionarios y a los sindicatos de que este moldeo de futuro no perjudicará a nadie>>, ha recalcado.

El vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, ha resaltado además el <<exceso>> de burocracia existente en el proceso de autorización ambiental para sacar adelante cualquier proyecto, un desarrollo en el que hay que buscar el <<punto de equilibrio entre la participación de la ciudadanía y la carrera de obstáculos que supone esta figura, que hay que limitar sin excluir a nadie>>.

En una charla telemática organizada por Executive Forum España, Cofiño ha realizado un repaso a los diferentes cambios que se han de aborda desde su Consejería, entre los que ve necesario un cambio en la concreción de la autorización ambiental, que es <<cansina>> y que <<hay que reconducir>>, ya que los excesos de normativa existentes <<no son positivos para nadie>> pero <<sin merma>> de la participación de la ciudadanía.

El vicepresidente ha reconocido que los <<episodios de corrupción>> que se han producido en los últimos años han provocado un aumento en la regulación administrativa que <<ahora se debe aligerar, buscando el equilibrio y simplificándolos>>.

Por último, ha asegurado que Asturias cuenta con los dispositivos y el personal adecuado para llevar a buen fin los proyectos que han de ser financiados con los fondos europeos para hacerlos compatibles con las peticiones de Bruselas y Madrid.

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