El Tribunal Constitucional tumba el decreto que integra las pensiones de clases pasivas en la Seguridad Social

El Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado el Real Decreto Ley 15/2020 de medidas laborales y fiscales por el que, entre otros aspectos, el Gobierno aprovechó para integrar el régimen de clases pasivas en la Seguridad Social, en las que están incluidos funcionarios de carrera de la Administración, militares o altos cargos políticos. Un régimen que en la actualidad comprende más de 650.000 funcionarios jubilados y también en activo y que supone un gasto superior a los 15.000 millones de euros anuales.

Abc.es – S.E. – 13.05.21

Esto es debido a que el traspaso a la Seguridad Social no reunía los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad, según se desprende del fallo emitido por el TC. El CSIF, sindicato mayoritario en la Administración Pública, aplaude esta decisión, ya que -según asegura- <<el Gobierno hizo un mal uso del real decreto>>.

El Ejecutivo justificó la necesidad de la medida en que el traspaso requería unos <<cambios normativos>> que no podían ser aprobados <<mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria>>, porque el retraso en el tiempo que ello implicaría <<generaría inseguridad jurídica e incertidumbre en una materia, las pensiones, particularmente sensible para el conjunto de la ciudadanía>>.

Sin embargo, el sindicato denuncia que el Gobierno <<aprovechó este real decreto para traspasar la gestión de clases pasivas a la Seguridad Social>> y modificar de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, integrándolas en el régimen general de la Seguridad Social <<sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo>>.

Esta situación había generado cierta crispación entre los trabajadores de sector público. <<De hecho, el temor de los funcionarios a ver recortados sus derechos de pensión había provocado una oleada de jubilaciones anticipadas>>, señalan desde CSIF.

Entre junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años de edad, un 26,2 por ciento más que en el mismo período de 2010, como reconoció el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria al PP.

Recurso del PP

El Partido Popular presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso, que fue admitido a trámite el pasado mes de julio y que estaba pendiente de resolución. El decreto se tramitó finalmente como proyecto de ley, por lo que admitirá enmiendas.

CSIF solicitó entonces al Ministerio de Seguridad Social una aclaración sobre las consecuencias de dicho traspaso de gestión y en su contestación generó más dudas. <<Según nos dijo, si bien se trataba de un cambio en la gestión de las pensiones, las consecuencias de este traslado serían abordadas más adelante>>, asegura la central sindical.