Aprobada oferta empleo público de 7.215 plazas para reducir la temporalidad

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto con la Oferta de Empleo Público extraordinaria para reducir la tasa de temporalidad en la Administración autonómica, que contempla 7.215 plazas para este ejercicio, de las que 2.715 pertenecen a la Administración General y las restantes, 4.500, al sector docente.

Lavanguardia.com 05.03.19

El pacto alcanzado entre la Consejería de la Presidencia y los sindicatos se encuadra dentro del acuerdo marco que se fijó en el seno de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta en julio de 2018, para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público autonómico, ratificado en Consejo de Gobierno.

La Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior garantiza, en línea con lo marcado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que en los correspondientes procesos selectivos de estabilización que se articulen se cumplirán los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

La convocatoria, que incluirá la correspondiente reserva de plazas para las personas con discapacidad, permitirá que cualquier aspirante pueda participar en los procesos selectivos con independencia de que se encuentre o no prestando servicios como personal interino en ese momento y sin necesidad de que el puesto que ocupe haya sido insertado o no en los procesos de estabilización.

En dichos procesos selectivos, que se aprobarán siempre previa negociación con las organizaciones sindicales, se tendrá en cuenta la valoración como mérito de la experiencia acumulada a lo largo de los años de servicio.

La Comisión Europea, en uno de sus múltiples informes de recomendaciones, efectuó una llamada de atención al Gobierno de la Nación para que acelerara el proceso de conversión de plazas de interinos y temporales en fijos dentro del sector público, a fin de reducir la tasa de temporalidad en la Administración al 8% antes de que finalice el año en curso.