La digitalización y la calidad llegan a la nueva contratación pública

La nueva Ley de Contratos Públicos tiene como principales novedades la obligatoriedad de seguir procesos digitales, mejores medidas de transparencia y una mayor atención a la calidad de los proyectos, ha explicado el subsecretario de Estado de Hacienda y Función Pública, Felipe Martínez.

Lavanguardia.com 13.04.18

La normativa fomenta, además, la división de los contratos en lotes para aumentar el número de concurrentes a los procesos públicos y favorecer así la participación de las PYMES que, por otra parte, deberán adoptar obligatoriamente procesos de digitalización, ya que la nueva Ley establece modelos online y digitales.

"Se trata de un cambio que genera incertidumbre no sólo a microempresas, que deberán adaptarse a un modelo digital, sino también a pequeños ayuntamientos que no cuentan con una infraestructura y administración modernas", ha señalado la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), Ángela de Miguel, quien considera que se trata de un cambio "necesario" para "seguir siendo competitivos globalmente".

Durante un desayuno informativo, organizado por la CVE para explicar a los empresarios los cambios que aporta la nueva Ley, se ha incidido en que la calidad estará por encima del precio a la hora de adjudicar contratos, ya que no sólo predominará el precio más bajo como criterio.

"Se ha suprimido el criterio de adjudicación según el precio por el de la mejor relación calidad-precio", ha declarado el subsecretario de Estado de Hacienda y Función Pública, Felipe Martínez, quien ha detallado que entre los parámetros para medir la calidad del proyecto también se han incorporado criterios para controlar la solvencia de la empresa.

Que la entidad cumpla con las cuotas de igualdad de género entre los empleados y con el porcentaje mínimo de contratación de personas discapacitadas, además de cuestiones como la sostenibilidad del proyecto, serán también factores que se tendrán en cuenta con la nueva Ley de Contratos.

Otro objetivo que se persigue es favorecer el acceso de las Pymes a más procesos de contratación pública mediante diversas medidas que pretenden "mejorar la competitividad empresarial".

"Se han ampliado los procesos simplificados para contratos menores y se establece como regla general la división en lotes, ya que en el caso de que esto no suceda, el órgano de contratación deberá justificarlo en el expediente", ha justificado Martínez.

El reto que se debe controlar a partir de la nueva división en lotes será, han apuntado conjuntamente Felipe Martínez y Ángela de Miguel, "vigilar que no se creen empresas ad-hoc para determinados contratos públicos".

La transparencia es otro de los apartados en los que se ha centrado la presentación, ya que se ha ampliado el referido a la información a completar en el perfil del contratante y, también se ha incluido en esta normativa a partidos políticos, sindicatos y fundaciones cuya financiación sea "mayoritariamente pública".

La nueva Ley supondrá un "punto de inflexión" para la contratación pública, que corresponde al 18 por ciento del PIB en España, según ha explicado Martínez, quien considera que llega en un contexto económico "muy positivo" y de crecimiento.