Lavanguardia.com 15.03.18
Así lo ha puesto de manifiesto el director del Consejo, Manuel Medina, quien ha comparecido en el Parlamento de Andalucía para presentar el informe de actuación 2017, año que ha supuesto la consolidación del Consejo con una "importante evolución en su actividad", según ha informado en un comunicado.
Las resoluciones dictadas por el órgano de control, tanto de reclamaciones de derecho de acceso a información como de denuncias de publicidad activa, alcanzaron un total de 198, frente a las 154 de 2016, experimentando un incremento cercano al 30 %.
Las reclamaciones de derecho de acceso a información pública, que sumaron un total de 495, duplican los números de 2016.
El órgano reclamado mayoritariamente fue las entidades locales (74,1 %), frente a la Junta de Andalucía (21,6 %), produciéndose un cambio significativo con respecto al año anterior, cuando las entidades locales aglutinaban el 42 % y la Junta, el 51%.
En relación a las consejerías reclamadas, la de Educación concentra el 24 %, seguida de Empleo, Empresa y Comercio, con un 16 %, y de Hacienda y Administración Pública, con un 13 %.
Las reclamaciones fueron presentadas principalmente por personas físicas (80 %) frente al 20 % de personas jurídicas.
El Consejo dictó 152 resoluciones en 2017, lo que supone un incremento del 6 %.
En las denuncias de publicidad activa, se registraron un total de 272, cifra que multiplica por cuatro las de 2016.
El organismo denunciado mayoritariamente fueron las entidades locales, con el 92%, frente al 45% de 2016, mientras que la Junta recibió sólo el 7% de denuncias frente al 52 % de 2016.
Por consejerías, la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio acaparó el 65%.
En 2017 las denuncias fueron presentadas fundamentalmente por personas jurídicas (93%) frente al 7% de personas físicas.
Por otro lado, el director del Consejo ha aprovechado su intervención para subrayar algunos hechos destacados de 2017 como la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que cuenta con 27 personas de alto perfil profesional.
También esbozó algunas de las líneas trazadas para este 2018, entre las que destacó la reciente puesta en marcha del Plan de Control e Inspección, que prevé unas 250 actuaciones y se marca como objetivo examinar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa del sector público y establecer recomendaciones y mejoras para los sujetos obligados.
Su actuación se centrará en las entidades locales, la Junta, las universidades, los entes beneficiarios de subvenciones superiores a 100.000 euros y las federaciones deportivas.
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