El TSJPV tumba las 35 horas en la función pública vasca por saltarse la norma estatal

El Gobierno Vasco ha recibido el peor regalo navideño posible. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha fallado en contra de la jornada laboral de 35 horas que el gabinete de Iñigo Urkullu decidió recuperar para este 2016, en contra del criterio del Estado. Un sonoro revés judicial que amenaza con tener consecuencias directas en los 70.000 empleados públicos que conforman la Administración vasca.

Diariovasco.com – A.C. – 27.12.16

Un doloroso mazazo político en un momento en que los gobiernos vasco y central intentan reconducir su relación bilateral y reducir la litigiosidad que les enfrenta en los tribunales. Y un zarpazo a las reivindicaciones laborales que tendrá respuesta garantizada por parte de los sindicatos.

La sentencia a la que ha tenido acceso este periódico es rotunda. El TSJPV estima el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado contra el decreto 12/2016 del 2 de febrero, en el que el departamento vasco que encabeza Josu Erkoreka estipuló una jornada de trabajo de 1.592 horas para 2016, es decir, las 35 horas semanales. La decisión de los jeltzales recuperaba el acuerdo laboral alcanzado en 2000 por los trabajadores de la Administración de la CAV, pero se saltaba la normativa básica aprobada por el Gobierno central en los Presupuestos Generales de 2012, donde con la excusa de la crisis y por razones de <<planificación económica y estabilidad presupuestaria>>, estableció de forma <<permanente>> una jornada de trabajo <<anual máxima>> de 37,5 horas, de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas.

Pese a todo, el Ejecutivo vasco siguió adelante con sus planes y el pasado febrero aprobó el decreto que recuperaba las 35 horas pactadas, y que suponía un coste adicional de 7,8 millones de euros. Días más tarde, el Gobierno central, entonces en funciones, impugnó la decisión pese al enfado monumental de los responsables vascos. Y ahora, la Justicia le da la razón en una sentencia fechada el pasado 22 de diciembre, en la que el TSJPV defiende la constitucionalidad y <<vigencia>> de la norma estatal aprobada en 2012, y que por ser de carácter básico tiene más rango que cualquier ley o decreto autonómico.

El consejo de Gobierno que preside el lehendakari Urkullu analizará hoy el fallo y decidirá si recurre en casación ante el Tribunal Supremo. Un paso previsible, pero que no supone que el Ejecutivo vasco pueda sortear el cumplimiento de la sentencia, como de momento y de forma cautelar, ha conseguido hacer con la OPE de la Ertzaintza de 2015, también con sentencia del TSJPV en contra y recurrida ante el alto tribunal.

El Gobierno Vasco no esperaba terminar el año con uno de los varapalos más dolorosos que podía recibir la función pública vasca. Y aunque en su seno son conscientes de que legislar en contra de normativa básica del Estado es una batalla perdida en los tribunales ordinarios, donde se lidia este conflicto, en éste y en otra quincena de asuntos lo han intentado apelando a las competencias que el autogobierno vasco concede a Euskadi. Ese argumento, el competencial, es uno de los que esgrimió el equipo jurídico vasco en los tribunales, pero la sala lo desestima sin contemplaciones y establece que <<el objeto procesal es genuinamente contencioso administrativo>>, es decir, de <<legalidad ordinaria>>.

Efecto práctico

La consecuencia práctica de esta sentencia se conocerá en próximas semanas, cuando la Mesa General del sector público se reúna para establecer el decreto marco que cada año pauta la jornada anual para el personal funcionario, estatutario y laboral de Euskadi. Las fuentes del Ejecutivo vasco consultadas desconocían aún cómo se va a aplicar esta sentencia, que obliga a aumentar de nuevo a 37,5 horas semanales la jornada laboral. Será el consejero Erkoreka el que hoy pueda arrojar algo de luz sobre si el gabinete vasco intentará que el fallo no tenga carácter retroactivo sobre el año que termina, o si pedirá, como en la OPE de la Ertzaintza, una suspensión cautelar de la ejecución de sentencia hasta que el Supremo diga la última palabra.

La previsión en Lakua, no obstante, no es optimista. Y ya barruntan la contestación social que acarreará una sentencia que echa por tierra uno de los frutos más importantes de la negociación colectiva en la Administración pública vasca, y que afecta a cerca de 70.000 personas de Osakidetza, Educación, Ertzaintza, Justicia y Administración Pública.

El fallo llega además en medio de la interlocución bilateral que el gabinete de PNV-PSE y el del PP han recuperado para intentar salvar las discrepancias sobre cuatro leyes vascas, antes de llegar al Tribunal Constitucional. En ese caso, sí se trata de conflictos competenciales, pero en Lakua, vayan por la vía del TC o por la del contencioso-administrativo, defienden que lo <<importante>> y lo que políticamente pretenden cambiar es <<la negociación previa>> sobre cualquier asunto en discusión. El objetivo es claro: evitar que los casos acaben en los tribunales, donde, como en las 35 horas, Euskadi tiene muchas veces las de perder

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