Montero destaca que la Inspección controlará el cumplimiento de la Ley de Transparencia

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha valorado en comisión parlamentaria el Plan General de Inspección de Servicios para 2016 que recoge las actuaciones de control sobre la actividad de las consejerías y entidades instrumentales y ha resaltado como novedad la incorporación de un apartado específico sobre transparencia destinado a comprobar que todos los entes de la Administración cumplen con las obligaciones fijadas en la Ley de transparencia Pública de Andalucía tanto en la publicidad activa como de acceso a la información pública.

Lavanguardia.com 15.09.16

Montero ha recordado que ha sido elaborado por su departamento y que se configura como "un instrumento para velar por el cumplimiento de la normativa y garantizar los principios de legalidad, eficacia y eficiencia en el funcionamiento de la Administración autonómica".

Ha explicado que se estructura en cinco áreas, esto es, de atención a la ciudadanía, personal, procedimiento y organización administrativa, e informática y telemática, a las que se suma este año la de Transparencia. La previsión para 2016 es la realización de actuaciones de control en un total de 119 centros (71 de la Administración general y 48 de entes instrumentales).

Asimismo, la consejera ha afirmado que el mayor número de actuaciones previstas para 2016 se realizarán en el ámbito de organización administrativa, con el objetivo de "avanzar en el adecuado y eficaz funcionamiento de los servicios públicos". Para ello, se analizará la estructura organizativa de los servicios centrales de las consejerías poniendo en relación las competencias que tienen asignadas y la dotación de recursos humanos.

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL

Según ha señalado, en el ámbito de personal, la principal novedad para 2016 es la realización de un estudio sobre la repercusión en el entorno laboral de factores de riesgo psicosocial que generan ambientes de conflicto "pero que en sí mismos no supongan motivos de infracciones administrativas que justifiquen expedientes disciplinarios a las personas implicadas".

En cuanto al área de procedimiento administrativo, se analizará la distribución de competencias entre órganos con el fin de evitar duplicidades y merma en la eficiencia de la gestión pública. Del mismo modo, se arbitrarán nuevos mecanismos para que, de forma preventiva, "se impidan comportamientos impropios e inadecuados de los servidores públicos que puedan derivar en abusos de su posición en beneficio privado".

La consejera ha informado también del ámbito de la atención a la ciudadanía, en especial a la que se presta a colectivos considerados especialmente vulnerables, como personas dependientes, demandantes de empleo, y víctimas de delitos y de violencia. También se evaluará, según dijo, la prestación de los servicios públicos, en materia no sanitaria, a partir de la información registrada a lo largo de 2015 en el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta.

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