Los empleados públicos de Castilla-La Mancha piden a Rajoy que no vete la jornada de 35 horas aprobada

La Mesa de Empleados Públicos de Castilla-La Mancha ha acordado por unanimidad una declaración en la que se pide al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que no interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley por la que se recupera la jornada de 35 horas semanales para todos los trabajadores de la Junta de Comunidades

entarancon.es 21.04.016

La Mesa de Empleados Públicos de Castilla-La Mancha ha acordado por unanimidad una declaración en la que se pide al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que no interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley por la que se recupera la jornada de 35 horas semanales para todos los trabajadores de la Junta de Comunidades.

La declaración está firmada por representantes de la Administración regional y de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, FSES (SATSE y ANPE) e Intersindical (STAS y STES).Se acordó este pasado miércoles por unanimidad en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, que presidió el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

La reunión de la Mesa General se produce después de que el último Consejo de Ministros, celebrado el pasado 15 de abril, acordase solicitar al presidente del Gobierno en funciones interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2015, de 2 de diciembre, por la que se recuperaba la jornada de 35 horas semanales para los 68.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha desde el pasado 1 de enero.

La Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos solicita al presidente del Gobierno en funciones que “no interponga el recurso de inconstitucionalidad” contra esta Ley que es “plenamente ajustada a derecho”.

Asimismo, insta a Rajoy a que, en caso de que interponga el recurso de inconstitucionalidad, “no solicite la suspensión de la jornada de 35 horas semanales por los graves e irreparables perjuicios que dicha suspensión provocaría en la organización del trabajo, que significaría importantes desajustes en los calendarios y cuadrantes de trabajo pactados con la parte social y repercutiría negativamente en el servicio público”. La declaración también resalta que la suspensión supondría “irreparables perjuicios en la conciliación de la vida familiar y laboral de las empleadas y empleados públicos y en la creación de empleo público”.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas resaltó al finalizar la reunión el “rechazo unánime” de “todos los representantes de los trabajadores” ante este posible recurso de inconstitucionalidad, al tener todos el “convencimiento” de que “el Gobierno y las Cortes han actuado con sujeción completa a la Ley”.

Este acuerdo unánime ha tenido su reflejo en la declaración conjunta, que también insta a que, en el caso de que se interpusiese el recurso, este “no tuviera efectos suspensivos hasta que se manifieste el Tribunal Constitucional”.

La suspensión de la jornada de 35 horas semanales pondría fin, según el consejero, a los tres objetivos por los que el Gobierno de Emiliano García-Page acordó esta medida: mejorar la calidad de los servicios públicos, crear empleo público y fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores públicos.