Pacto para que el valenciano tenga más peso en oposiciones sin ser un requisito

El primer acuerdo alcanzado entre el Gobierno bipartito (PSPV-Compromís) y los sindicatos de la Función Pública para lanzar una oferta pública de empleo público de 262 plazas en la Administración incluye el baremo por el que se regirán las oposiciones. Y dos de las grandes novedades son el peso del examen -que pasará del habitual 75% a un 65%- y el valor que se dará al conocimiento del valenciano y del resto de idiomas comunitarios, que pasa en ambos casos de 4 a 6 puntos en caso de que se acredite la máxima competencia.

Elmundo.es 03.12.15

En ambos casos se ha optado por una solución de equilibrio. En el caso del valor del examen, se ha rebajado un 5% para dar alguna oportunidad más a quienes se presentan desde fuera de la Administración, porque hay que tener en cuenta que el 35% restante -que corresponde a la fase de concurso de méritos si se ha superado el examen inicial- tiene en cuenta la experiencia en puestos del mismo grupo o subgrupo, tanto en la Administración como en empresas públicas o en el sector privado (20% máximos en este apartado).

El otro gran paquete de puntos de la parte de concurso de méritos es la formación, en la que el opositor que haya superado el examen podrá acreditar méritos hasta un 15% de máximo. En lo que respecta a la valoración de los idiomas, el acuerdo alcanzado supone que quien acredite un conocimiento máximo de valenciano (nivel superior de la Junta Qualificadora y homologable) o de otros idiomas comunitarios.

El acuerdo fue suscrito ayer por UGT, CCOO y CSIF. Finalmente se acabó descolgando Intersindical Valenciana en parte, fundamentalmente, por el peso que el conocimiento del valenciano debe tener en unas oposiciones. Precisamente anteayer, Intersindical y Escola Valenciana firmaron un acuerdo de <<bases>> para la defensa de la <<igualdad de derechos lingüísticos>> en la que ambas organizaciones se muestran partidarias de implantar el requisito lingüístico en toda la Administración Pública, al margen de la Educación donde el requisito lingüístico ya fue impuesto siendo Manuel Tarancón conseller de Educación con el Partido Popular.

Finalmente se ha optado por una solución <<equilibrada>> en la que <<se le da mayor dignidad a la lengua propia, se valoran más los idiomas extranjeros>>, según explicó Gonzalo Fernández, representante de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT.

El pacto alcanzado en esta Oferta de Empleo Público aparca por el momento el gran debate sobre el llamado <<requisito lingüístico>>, es decir, la obligatoriedad de que todo aquel que aspire u ocupe una plaza de funcionario acredite un determinado nivel de conocimiento del valenciano. La revisión de la Ley de Función Pública, un compromiso adquirido por la actual consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, será la que provoque definitivamente esa discusión, en la que el PSPV y Compromís mantienen posiciones divergentes, igual que los sindicatos.

UGT, CCOO y CSIF nunca han defendido que se exija el valenciano a todos los empleados públicos. Tampoco el PSPV. Por contra, Compromís e Instersindical sí que lo incorporaron a sus respectivos programas. En la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo fue nombrada a propuesta de los socialistas y su segundo, el secretario autonómico Ferran Puchades, proviene del Bloc Nacionalista Valencià. Tanto Bravo como Puchades estamparon su firma en el acuerdo.

OPE 'especial'

La OPE acordada ayer también tiene como novedad las características de las plazas que se van a ofertar. Serán 262 plazas en total, de las que 130 son abiertas y las 132 restantes son para promoción interna. Pero la gran mayoría son de puestos altamente específicios (interventores, auditores, gestión de tributos, informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, agentes ambientales, investigadores del cuerpo superior técnico, etc). Se trata de puestos, en su mayoría, de Administración Especial, cuyas oposiciones han estado prácticamente congeladas durante 20 años. Esas 262 plazas son el máximo que se ha podido convocar teniendo en cuenta que existe una limitación en la tasa de reposición impuesta por la Administración General del Estado. La convocatoria incluye medidas para promover la igualdad de género. En caso de empate en la fase de examen y de concurso de méritos, se optará en favor del sector que esté infrarrepresentado en el cuerpo o escala de la convocatoria.

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