Elcorreodeburgos.com R.S. / 30.10.15
Aunque los representantes de los sindicatos firmantes CSIF, UGT y CCOO evitaron dar por garantizada la <<paz social>> para los próximos cuatro años, sí admitieron el armisticio abierto gracias a un acuerdo <<bueno>>, que <<protege a todos los empleados públicos>> y <<marca un punto de inflexión sobre lo sucedido en 2010>>, cuando el Gobierno de Zapatero aplicó el primer gran tijeretazo, la rebaja salarial del 5%.
En el punto dedicado a la <<retirada progresiva>> de los recortes, el acuerdo incluye la devolución del 50% de la extra suprimida en 2012 <<antes de finalizar 2015>> y, el resto, hasta completar el 75,9%, <<en la primavera de 2016>>.
Ello obligará al Ejecutivo autonómico a un desembolso de 100 millones, que acometerá con partidas no ejecutadas del presupuesto en vigor y con ahorros en intereses de la deuda generados tras la adhesión al Fondo de Facilidad Financiera. Está descartado recurrir a un crédito, según dijo De Santiago-Juárez, lo que complicaría aún más el ya difícil reto de cumplir el objetivo de déficit del 0,7% el pago de la extra equivale a dos décimas de PIB, una marca alcanzada ya al cierre de agosto, que la Junta trabaja para embridar.
Los empleados públicos de la Administración General, organismos autónomos, personal de las universidades públicas y de la enseñanza concertada recuperarán todos los días adicionales de vacaciones y de asuntos particulares por antigüedad de 2015, si bien su disfrute se dilatará a los dos próximos ejercicios para evitar la congestión de servicios, especialmente en los ámbitos sanitario y de servicios sociales, donde la Junta abre la puerta a las contrataciones para sustituciones.
Pendientes de que el Gobierno central mueva ficha y modifique la normativa de obligado cumplimiento para las autonomías, quedan asuntos como la vuelta a la jornada de 35 horas o al complemento del 100% del salario en casos de incapacidad temporal desde el primer día de baja. El consejero de la Presidencia subrayó su compromiso de dirigirse al Gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre para <<corregir y recuperar esos derechos>>.
El segundo bloque del acuerdo marco contiene medidas de <<mejora>> para <<modernizar>> una Función Pública <<del siglo XXI>>, señaló De Santiago-Juárez. En este capítulo, queda inaugurado un ámbito de negociación para modernizar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) y articularlas en torno a puestos tipo; sentar las bases, en 2016, del concurso abierto y permanente; desarrollar el Estatuto del Empleado Público; reducir la internidad con oferta de empleo hasta agotar tasas de reposición; dar una vuelta de tuerca a la acción social; y habilitar un nuevo régimen de bolsas de empleo.
Mención aparte merece la extensión de la carrera profesional a todos los ámbitos. La Junta se ha comprometido a <<reducir>> los puestos de libre designación y a que cargos de segundo y tercer nivel secretarios y directores generales estén ocupados, con carácter general, por <<empleados públicos>>.
El presidente autonómico de CSIF, Carlos Hernando, destacó cómo el acuerdo <<demuestra que es posible iniciar la recuperación de los derechos perdidos>>. <<La negociación no puede parar aquí>>, dijo.
La secretaria de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Ámez, se felicitó porque <<se acotan los tiempos>> en la reversión de los recortes y los representantes sindicales van a conocer <<el margen económico>> en el que se desenvuelve cada negociación.
<<Paramos los recortes, empezamos a recuperar parte de lo perdido y abrimos expectativas para mejorar>>, indicó el representante de CCOO, Carlos López, quien calificó el pacto de <<punto de inflexión>>.
El acuerdo marco pasará ahora a la Mesa General de Negociación. El consejero invitó a la federación que se ha quedado fuera, FSES (Satse y Anpe), a sumarse a la firma, tras señalar que, si no están, es <<porque no han querido>>. <<Nadie les ha echado>>, agregó.
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