La Junta plantea pagar la extra en 2016 pero niega el disfrute de los días por antigüedad

Los sindicatos del sector público creen que la propuesta es "inaceptable" ya que "crea funcionarios de primera y de segunda categoría"

laopiniondezamora.es 15.10.2015

Los sindicatos de la función pública han rechazado la última propuesta de la Junta con respecto a los derechos que les fueron arrebatados hace unos años. No obstante, ha habido avances. Si hace unas semanas la "guerra" estaba abierta en lo referente al abono de la paga extra suprimida y a la recuperación de moscosos y canosos, ahora el primer frente está, al menos, próximo a la solución.

La primera propuesta de la Junta, ya "sepultada" por la hecha el pasado martes, era abonar lo que queda de la extra de 2012 en tres plazos: uno en 2015, otro el año que viene y un último en primavera de 2017. Ahora los planes son, a juicio de los sindicatos, "aceptables". La Junta ha propuesto pagar el 50% de la extra suprimida antes de final de año y lo que queda hasta el 100% a lo largo del próximo ejercicio, con lo que este episodio quedaría ya zanjado. De esta decisión están pendientes más de 6.500 empleados públicos en Zamora.

Sin embargo, según el sindicato CSI-F, "se niega el disfrute y reconocimiento de la mitad de los días de vacaciones y asuntos propios por antigüedad de 2015, además de otros aspectos complejos de reforma y calado para la función pública". Este planteamiento es "rechazado de pleno por los empleados públicos de la comunidad", indican desde CSI-F.

En similares términos se expresa el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Zamora, Francisco Estravis. "No nos parece que sea una propuesta aceptable, pretenden quitarnos días y comprarnos con un adelanto de la extra", apunta Estravis.

Tampoco acepta las propuestas el sindicato de enfermería Satse, principal impulsor de la concentración llevada a cabo ayer al mediodía a las puertas del Hospital Virgen de la Concha. Satse asegura que "si el gasto que supone la devolución de la extra se puede llevar a cabo, dicho gasto debe traducirse en reponer en 2015 todos los días libres a los que tienen derecho los empleados de la administración autonómica. Devolver estos días a plazos supone dejar a los empleados públicos sin sus derechos", zanja Satse.