La simplificación administrativa ha supuesto un ahorro de más de 1.500 millones de euros en 120 medidas

El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha inaugurado el Seminario sobre la Reforma Administrativa. Balance y Nuevos Retos: Diversidad, Responsabilidad Social y Discapacidad en la Función Pública. Beteta ha señalado la enorme trascendencia de este curso, en el que se va a debatir sobre la reforma efectuada en las Administraciones Públicas y en el que uno de los núcleos fundamentales lo constituye la discapacidad en la Función Pública, algo en lo que la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda lleva trabajando mucho tiempo con éxito.

- El porcentaje de tramitación electrónica se sitúa en más de un 75% en la Administración General del Estado. En el caso de las empresas se eleva al 93,9%

- La Ley de Procedimiento Administrativo prevé que la digitalización de los trámites administrativos lleguen al 100%

20 de julio de 2015.- Antonio Beteta ha recalcado que una Administración fuerte es garantía de estabilidad y prosperidad para cualquier país y, por eso, desde 2012, el Gobierno se ha planteado grandes retos para convertirla en lo que es ahora, un instrumento de apoyo, progreso y vanguardia, que está muy cerca de convertirse en 100% electrónica.

El Secretario de Estado ha recordado lo difícil que ha resultado esta transformación, debido en parte a dinámicas fuertemente asentadas y una estructura, en ocasiones, rígida y poco flexible y al contexto general de crisis. Por eso, se han perseguido objetivos concretos: saneamiento financiero, racionalización de estructuras, simplificación de procesos y reducción de cargas y el impulso de la Administración Electrónica.

Saneamiento Financiero

Para paliar la fuerte caída de ingresos y la dificultad de reducir gastos se puso en marcha un plan de liquidez que dotase de fondos para garantizar la sostenibilidad del Estado del Bienestar a la vez que aseguraba el saneamiento financiero. Así surgieron el Mecanismo de Financiación para el pago a Proveedores y el fondo de Liquidez Autonómico. El Plan de Pago a proveedores ha supuesto una inyección de más de 41.800 millones de euros y con él se han pagado 8 millones de facturas a casi 200.000 proveedores, en su mayoría de servicios sociales. Con él se ha evitado la destrucción de más de 100.000 empleos en decenas de miles de pequeñas y medianas empresas.

El Fondo de Liquidez Autonómico cumple en 2015 su cuarta edición con un éxito consolidado. Ha recibido entre 2012 y 2014, 62.000 millones de euros, lo que ha permitido la prestación de los servicios públicos, la reducción del déficit y la modernización de las Comunidades Autónomas.

Racionalización de estructuras

El Secretario de Estado se ha referido al incremento desmedido de la administración entre 2004 y 2011, de más de 330.000 efectivos en apenas 7 años, lo que supuso más de 47.000 personas más cada año, un 14,04%. Antonio Beteta ha explicado que la racionalización se consiguió con el compromiso de los empleados públicos, que incrementaron su productividad y eficacia a niveles nunca conocidos y siempre con la línea roja de los servicios púbicos prioritarios. Así se ha conseguido reducir el personal en 141.000 personas, un 5,25% en los últimos tres años, hasta situarse en algo más de dos millones y medio de personas. La reducción, se ha hecho vía jubilaciones de funcionarios y de personal laboral, siendo la extinción de contratos menor en número y porcentaje. Hoy, el 62% de los empleados públicos es funcionario y sólo el 24% es laboral. Además, sólo el 25% están en estructuras puramente administrativas, estando el resto dedicados a servicios de sanidad, educación, seguridad, defensa o justicia.

En cuanto al sector público autonómico, se ha reducido en un 23% y llega al 31% si consideramos los procesos en fases muy próximas a la extinción. El sector público local, se ha reducido en casi un 18% y en la AGE, entre 2012 y 2014, casi un 8%.

Simplificación y reducción de cargas administrativas

El Secretario de Estado ha explicado que con esta reducción han disminuido los costes de las empresas, que pueden dedicar esos recursos a actividades productivas, mejorándose así la productividad y competitividad de la economía.

Estas cargas se reducen con la eliminación de obligaciones innecesarias; reduciendo la frecuencia de petición de datos y los plazos de tramitación de los procedimientos y, sobre todo, con la presentación electrónica de solicitudes, comunicaciones y demás documentos, entre otras.

Desde 2012 se han aprobado 3 Acuerdos de Consejo de Ministros en 2013, 2014 y 2015 con 102 medidas para reducir las cargas en procedimientos. Todo para hacer la vida más fácil a los ciudadanos y las empresas y redundando en una doble eficacia: la de la Administración y la de la sociedad en su vida cotidiana.

Administración electrónica

Antonio Beteta se ha referido, por último, a la Administración Electrónica, la del futuro, la que reclama la sociedad de las tablets y los smartphones. El porcentaje de tramitación electrónica en la AGE se sitúa en más de un 75%. En el caso de las empresas se eleva al 93,9%. Los ciudadanos acuden en un 64,9%. Para llegar al 100% se está tramitando una nueva Ley del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

El Secretario de Estado ha hecho referencia a la discapacidad y las personas que la sufren y al compromiso del Gobierno a través del Plan de Igualdad de la Administración General del Estado y cuyo objetivo es fomentar la inclusión social y la dignificación de las personas con discapacidad. La integración, ha dicho Antonio Beteta, es objetivo de toda sociedad comprometida y no desde la condescendencia, sino desde la dignidad.