Beteta participa en el Segundo Encuentro ministerial sobre “La Modernización de la acción pública europea mediante la innovación territorial”

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha participado en París en el Segundo Encuentro ministerial sobre “La Modernización de la acción pública europea mediante la innovación territorial”. En el encuentro se han abordado los objetivos hoy de las Administraciones Públicas, su ámbito de intervención, su capacidad para cumplir sus cometidos y los medios de que disponen.

- El secretario de Estado de Administraciones Públicas ha aportado la experiencia española en Administración Electrónica, reforma de las Administraciones Públicas, reforma local y el impulso por la innovación y la transparencia

14 de noviembre de 2014.- En la reunión, han participado también la ministra de Descentralización y Función Pública de Francia, Marylise Lebranchu; el ministro de Administración y Digitalización de Polonia, Andrzej Halicki; el secretario de Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia, Graziano Del Río; el secretario de Estado y secretario del Consejo de Ministros del Reino Unido, Francis Maude; el secretario de Estado en el Ministerio del Interior de Alemania Ole Schroder; y el comisario de la UE de Investigación e Innovación, Carlos Moedas.

Aportaciones de España a la reunión

Entre las experiencias que España aporta a este encuentro destacan la decidida apuesta por la Administración electrónica, la reforma de las Administraciones Públicas, impulsada por CORA, y la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, para reformar y acercar la Administración más próxima al ciudadano.

1.- Administración electrónica. Es el sistema que permite la integración de las tres Administraciones: Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, porque impulsa la interconexión de la información, prestando un mejor servicio a los ciudadanos y respetando siempre el marco competencial diseñado en la Constitución.

Los resultados están siendo ya positivos, por ejemplo, en 2013, los ciudadanos realizaron más de 370 millones de trámites electrónicos, frente a 117 millones de trámites no electrónicos, es decir, tres de cada cuatro trámites son ya electrónicos. El ahorro, sólo en ese año, superó los 16.600 millones de euros, porque un trámite electrónico tiene un coste medio de sólo 5 euros, frente a 80 euros de un trámite presencial.

2.- Reforma de las Administraciones Públicas. Las medidas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) han supuesto la mayor auditoría realizada nunca en el sector público. Aunque, especialmente se ha centrado en la Administración del Estado, ha tenido una especial incidencia en las Administraciones territoriales, ya que ha permitido detectar las grandes deficiencias de las AAPP en los Estados descentralizados: las duplicidades en la prestación de los servicios públicos.

Transcurrido un año de la puesta en marcha de CORA, el 45,5% de las medidas propuestas, que superaban las 200, se encuentran ya ejecutadas, y el 54,5% en vías de ejecución. Un proceso que concluirá a finales de 2015 y, cuyo balance, permitirá abrir el camino a nuevas reformas.

3.- Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local. Una ley centrada en la Administración local, la más cercana al ciudadano y la que garantiza el éxito del gobierno de proximidad. El marco jurídico local, hasta la aprobación de esta Ley, se encontraba anclado en un modelo local de los años 80, que no había tomado conciencia de la realidad del siglo XXI.

Gracias a esta ley, se resuelve uno de los grandes problemas: las duplicidades y solapamientos entre la Administración Local y la Autonómica, al reforzar las competencias municipales tras delimitarlas con claridad de las regionales y las estatales. Por otro lado, se refuerza también la estabilidad presupuestaria de los municipios y se introducen mejoras de transparencia.

Innovación y mejora de los recursos

Un ejemplo han sido las medidas de reducción de cargas administrativas para ciudadanos y empresas y cuyo impacto y dinamización son ya reconocidos con amplios resultados.

La innovación es imprescindible para construir una Administración inteligente. La actual fase, de la Administración electrónica, pronto se verá superada por la siguiente, la Administración inteligente. Una Administración que se anticipa a las necesidades de la sociedad y los ciudadanos. Ése es el futuro de la Administración en la que trabajarán los empleados públicos de la próxima generación, pero que ya se diseña hoy. Y, desde la perspectiva de la ganancia de competitividad, contar con una Administración que se sitúa a la vanguardia de la modernidad y la innovación, nos permite competir económicamente de forma mucho más ventajosa.

Nuevas prácticas democráticas

La Gobernanza, concepto que surgió a finales del pasado siglo, tiene una correlación con la innovación, ya que la profundización en nuevas formas de gobierno, a través de la transparencia y la rendición de cuentas, conducen a la mejora de la calidad democrática.

El Gobierno ha aprobado una ambiciosa Ley de Transparencia a la Información Pública y Buen Gobierno que persigue una nueva democracia social. Para la Administración, la Ley supone un importante esfuerzo, ya que todas las personas que presten servicios públicos estarán obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley. Los poderes del Estado y las Administraciones Públicas habrán de poner a disposición de la ciudadanía, información cuyo conocimiento se considera de interés y, en particular, información institucional, de organización, de planificación, de relevancia jurídica y de relevancia económica, presupuestaria y estadística.

Los ciudadanos podrán solicitar la información que deseen a las Administraciones Públicas, con el único límite de que la petición no en conflicto con otros intereses protegidos. Hace dos semanas, además, se aprobó el estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que garantizará los objetivos de la Ley.

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