Fernández Currás afirma que mejorar la gestión pública reforzará la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático

Transparencia y responsabilidad son las dos claves fundamentales para entender la nueva cultura de gestión pública que el Gobierno ha implantado en toda la Administración. Así lo resaltó ayer la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, durante la clausura de las “XVIII Jornadas sobre Presupuestación, contabilidad y control público”, en las que se ha destacado la exigencia de que sea el ciudadano el verdadero centro receptor de toda la información necesaria para que pueda así ejercer sus derechos, juzgar la actuación del poder ejecutivo e influir en las decisiones que adopta el sector público.

- Los debates y conferencias han puesto de relieve la obligación de las Administraciones públicas de ejercer su papel con absoluta transparencia y de hacer más comprensible el acceso a la información pública

18 de febrero 2014- La secretaria de Estado consideró a la IGAE uno de los pilares fundamentales sobre los que se asientan los valores y principios de entender la gestión pública y destacó su relevante papel de control de las cuentas públicas a lo largo de sus 140 años de historia.

Las Jornadas sobre Presupuestación, contabilidad y control público organizadas por la Intervención General de las Administración del Estado (IGAE) en el marco de la conmemoración de los 140 años transcurridos desde su creación en 1874, han servido para poner de relieve la obligación de las Administraciones públicas de ejercer su papel con absoluta transparencia y de hacer más comprensible el acceso a la información pública; una información que debe reunir requisitos de calidad, por cuanto los datos que se ofrecen al ciudadano han de ir acompañados de las oportunas indicaciones que permitan cumplir su misión de hacerlos comprensibles.

Fernández Currás aprovechó la ocasión para poner en valor la importante función que cumple la Intervención General, cuyos fines constitucionales no sólo no han perdido vigencia, sino que constituyen en la actualidad uno de los pilares fundamentales sobre los que se asientan los valores y principios de entender la gestión pública, de forma más eficiente, más transparente y más cercana a los ciudadanos.

Precisamente, estas premisas han sido el eje de las Jornadas, en las que se han planteado diferentes puntos de vista y propuestas dirigidas a la mejora de la gestión pública. “El Gobierno ha ido adoptando y fomentando un nuevo modelo de relación con los ciudadanos en la que a través de la transparencia se incidirá asimismo en la responsabilidad; se trata de un nuevo estilo de administrar que reforzará la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático, permitiendo que dispongan de la información necesaria para ejercer su derechos “, explicó Currás.

Durante el desarrollo de las Jornadas, la subsecretaria del Ministerio, Pilar Platero, acompañada del subsecretario de la Presidencia y Presidente de la Comisión para la Reforma de las AA.PP (CORA) Jaime Pérez Renovales, hizo un repaso de las actuaciones que se están llevando a cabo para la reforma de las Administración en el marco de la Ley de Transparencia y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La racionalización de estructuras, el problema de las duplicidades tanto entre distintas Administraciones como dentro de la propia Administración del Estado, las competencias impropias en las entidades locales, la reforma local, fueron algunos de los temas abordados durante el debate.

Platero recordó que acometer importantes reformas en la Administración ha sido una demanda de la propia sociedad, que ha pedido orden y mesura en la gestión del dinero público. Asimismo, explicó el buen entendimiento con las Comunidades Autónomas y su nivel de implicación en busca de una mayor y mejor eficacia y eficiencia.

La subsecretaria se mostró satisfecha del ahorro que se está consiguiendo con los planes de gestión y en contratos, entre los que destacó, entre otros significativos, los referidos al combustible de los coches del parque móvil, el ahorro de cerca de 45 millones en los contratos de arrendamientos o el plan de venta de los edificios en propiedad del Estado, un total de 15.300, de los cuales 1.600 ya se han adjudicado.