Elpais.com 18.11.13
El PSC impugnó el decreto ley de función pública, y en su conclusión el Consejo considera que no hay urgencia para reducir las empresas públicas porque la situación financiera de la Generalitat no es sobrevenida, sino que tienen origen en la anterior legislatura y ya había sido apreciada y manifestada en anteriores leyes con la misma finalidad. La conclusión es que la urgencia del decreto no está ni explicitada ni razonada, porque no existe necesidad extraordinaria y urgente para tirarla adelante, como pide el Estatut para los decretos leyes.
Similares motivos argumenta el Consejo de Garantías para cuestionar la urgencia del decreto ley que convierte el ICF en un banco público, una norma impugnada por el PP. Las justificaciones son excesivamente vagas como para precisar las razones que apoyan la necesidad extraordinaria urgente, reza el dictamen. El Consejo, sin embargo, solo entra en la forma de ambas leyes, y no cuestiona el fondo.
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