La Defensora del Pueblo pide más medidas a Hacienda para que las administraciones públicas paguen el gasto social

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Gobierno que garantice la viabilidad de los servicios asistenciales básicos que ofrecen ayuntamientos y comunidades autónomas con medidas que faciliten el pago de las deudas que tienen contraídas con los proveedores y prestatarios de estos servicios, y que permita a éstos aplazar sus pagos a la Administración.

Europa Press

Para ello, recomienda al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas actuar a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del Plan de Pago a Proveedores, de la Línea ICO Comunidades Autónomas o de otros instrumentos financieros semejantes.

Además, propone que queden congeladas las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de las empresas y organizaciones que prestan estos servicios y sufren impagos de las administraciones públicas, hasta que no tengan satisfecho su crédito. En especial, las de quienes prestan servicio a los más desfavorecidos, como menores, mayores o personas con discapacidad.

La Defensora hace estas propuestas tras analizar las quejas que ha recibido y la información que ha solicitado a las administraciones públicas. Según ha podido constatar, la morosidad de comunidades y ayuntamientos "está teniendo un fuerte impacto en la atención social, agravado por la especial vulnerabilidad de los beneficiarios de estos servicios".

Por ello, ha advertido al Ministerio de Hacienda que el cierre de este tipo de empresas y organizaciones dejaría desatendidos a los usuarios con el consiguiente "riesgo de una quiebra del sistema social de protección de consecuencias imprevisibles".

Para evitarlo, la Institución propone que los instrumentos financieros puestos en marcha por el Gobierno para favorecer la liquidez y disminuir la morosidad de las administraciones públicas favorezcan el pago de los compromisos adquiridos en el ámbito social.

TIPOS DE INTERÉS PREFERENTES

Además, el Defensor del Pueblo ha sugerido que, cuando las administraciones necesiten pedir un crédito para atender obligaciones vinculadas con servicios sociales básicos puedan beneficiarse de tipos de interés preferentes.

Por último, Soledad Becerril recomienda también que el Gobierno establezca medidas que favorezcan el pago de programas de gasto en servicios sociales básicos. Para ello, ha propuesto que los citados instrumentos financieros obliguen a dedicar a gasto social al menos el mismo porcentaje ya comprometido en los presupuestos de cada administración, salvo que ésta acredite que tales gastos ya han sido atendidos.

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