Saavedra ve inconstitucional el recorte del 20 % que Canarias carga a sus funcionarios

El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, afirma que los recortes de salario y de jornada, del 20% en ambos casos, que el Gobierno de Canarias ha impuesto a los funcionarios interinos y a parte del personal laboral de la Administración autonómica son inconstitucionales. Tan es así, que ya ha solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, la interposición de un recurso, de acuerdo con la información que el propio órgano dependiente del Parlamento regional publicó este lunes en su sitio web.

ABC

La breve nota de la institución que dirige el exministro y ex alcalde de Las Palmas de Gran Canaria expone que son una treintena las quejas recibidas respecto de estos recortes en apenas los poco más de tres meses transcurridos de este año. Tras su análisis, el Diputado del Común ha llegado a la conclusión de que la Ley 10/2012, de 29 de diciembre y de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2013, es decir, la que ampara las reducciones de salario y jornada a esos empleados públicos, <<vulnera preceptos constitucionales>>. De modo que ello ha motivado la solicitud a la Defensora del Pueblo, para que esta interponga el consecuente recurso contra la decisión del ejecutivo de Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), habida cuenta de que Saavedra, su cargo, no tiene competencia para hacerlo.

En el Gobierno del Archipiélago, en concreto en la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, cuyo titular es Francisco Hernández Spínola (PSC-PSOE), admitieron, una vez más, que esta disposición bordea el límite de lo posible (<<parte de una interpretación jurídica que apura la normativa en vigor>>), si bien creen que <<respeta el orden constitucional>>. Asimismo pusieron énfasis en que el Gabinete que lidera Paulino Rivero trata de esta forma de evitar <<despidos masivos>>. <<La prioridad es defender el empleo público, para lo que se adoptan medidas coyunturales solo de aplicación para el año 2013>>, insistieron desde la susodicha consejería. Cabe recordar, no obstante, que los sindicatos vienen criticando con dureza, manifestaciones incluidas, que el Ejecutivo canario no haya encontrado otra manera de reducir el gasto.

Transparencia

Precisamente uno de estos sindicatos, el de los Empleados Públicos de Canarias (Sepca), ha enviado al presidente de la Cámara de las Islas, Antonio Castro, una solicitud que entronca con esta polémica. No en vano pide, en esencia, que en lo tocante a las retribuciones de los diputados, se sea tan <<transparente>> como en lo relativo al <<resto de servidores públicos>>, esto es, los funcionarios.

En este escrito, al que ha tenido acceso ABC, el Sepca explica que la ley de presupuestos para el actual ejercicio establece que el personal laboral que quiera seguir compatibilizando la actividad pública con la privada <<deberá solicitar la adecuación de sus retribuciones conforme a la equiparación con el personal funcionario>>. A renglón seguido, reclama que se regule, <<de forma tan transparente y clara>> como se ha hecho en lo que atañe al <<resto de servidores públicos>>, la adaptación de las remuneraciones de los parlamentarios, <<para poder así, en el caso de optar por la compatibilidad, mantener el derecho>> a percibir ingresos de los sectores público y privado. Exige además la organización que los sueldos de los diputados en régimen de dedicación exclusiva se sometan a esa misma transparencia y claridad.

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